Una sentencia histórica

¡Buenos días!

‌Esta semana terminó en Colombia una espera que se hizo eterna y que tendrá efectos largos en la historia del país. Tras ocho años de audiencias, encuentros entre victimarios y víctimas e investigación judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC por la “política de secuestros” con la que esa guerrilla asoló al país y que dejó al menos 21.396 hechos. La cifra habla de la magnitud del delito cometido, pero no abarca el daño que sufrieron miles de familias en todo el territorio nacional.

‌Los siete ex altos mandos de esa guerrilla, cuyos nombres se grabaron a fuego en las mentes de los colombianos, fueron condenados a la máxima sanción propia de esta justicia transicional para quienes aceptan su responsabilidad por los delitos cometidos en el conflicto. Se trata de 8 años de acciones reparadoras. Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko; Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, El Médico; Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Julián Gallo Cubillos, Carlos Antonio Lozada, no irán a la cárcel sino que tendrán que trabajar en la búsqueda de desaparecidos, en procesos de desminado humanitario, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica de las víctimas.

La decisión toca la médula de la pregunta sobre la justicia, abarca la palabra reconciliación y es inédita desde todo punto de vista. Es la primera vez en el mundo que la cúpula de un grupo armado es condenado por crímenes de guerra y de lesa humanidad tras admitir su responsabilidad. Aunque miles de víctimas participaron en el proceso y mejoraron o diseñaron los proyectos restaurativos, no todas están conformes. Sigifredo López, que estuvo en cautiverio por siete años y fue el único sobreviviente de los 11 diputados asesinados por la FARC, dijo que la decisión no respetaba su dignidad y la recibe con decepción. “Esperaba que hubiera un mínimo de respeto”. Algo similar dijo la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que sufrió terribles vejámenes durante su largo secuestro.

‌Uno de los puntos polémicos es que la sanción no implicará que los excomandantes pierdan sus derechos políticos. Es decir, podrán presentarse a elecciones, aunque ya no tengan los escaños asegurados que tuvieron en las votaciones de 2018 y 2022, y no hayan logrado sumar apoyos populares. Eso sí, tienen prohibido proferir discursos negacionistas y, según el Tribunal, tendrán restricciones de derechos y libertades, “entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo”. La JEP explicó que mientras no estén realizando un proyecto restaurativo no tendrán que estar en un espacio delimitado, pero sí permanecerán monitoreados por un dispositivo electrónico no invasivo. “Esta herramienta, menos intrusiva que los modelos de la justicia ordinaria, reduce riesgos de estigmatización y permite respuestas ante desviaciones”.

Sin embargo, de acuerdo con la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, falta claridad en este punto. “Según el texto del Acuerdo (de paz) luego de la renegociación la restricción efectiva de la libertad debe ejecutarse en espacios territoriales delimitados, donde deben permanecer y residir los sancionados, y estar sometidos a medios idóneos de monitoreo y supervisión”. Para ella, la JEP debe especificar cómo se delimitará el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad estos excomandantes.

‌También queda pendiente saber cuáles serán los proyectos específicos en los que participarán, cómo funcionará en la práctica el mecanismo de verificación, que estará a cargo de la Misión de la ONU, y cómo se articulará el Gobierno Nacional, que debe proveer los recursos para ejecutar los trabajos restaurativos ordenados por la JEP.

Además de secuestro, homicidio y desapariciones forzadas, el antiguo secretariado de las FARC fue condenado crímenes de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, cometidos por las unidades bajo su mando. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nosotros por muchos años”, dijo este martes Rodrigo Londoño tras escuchar la sentencia que aún no les han notificado oficialmente.

La noticia histórica se conoció en medio de la conmoción por la descertificación de Estados Unidos al Gobierno de Gustavo Petro, así que las preguntas se profundizarán con el paso del tiempo y mucho más, después de este jueves, cuando se conozca la sentencia a los exmilitares que cometieron falsos positivos, el otro macro caso que ha sacudido a los colombianos.

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