Benedetti y Vargas Lleras coinciden en sus ataques a la Corte Constitucional

“El magistrado Ibáñez está acosando a tres millones de viejitos en Colombia”. Con esa acusación a Jorge Enrique Ibáñez, miembro de la Corte Constitucional de Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha marcado este miércoles un nuevo nivel de tensión entre el Gobierno de izquierdas y el más poderoso tribunal del país. Si el encargado de las relaciones políticas del Ejecutivo cargó contra un magistrado, menos de una semana antes algo similar había hecho Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y cabeza del partido de oposición Cambio Radical. En una columna semanal en el diario El Tiempo acusó a una colega de Ibáñez de inmiscuirse en la designación de otro miembro de la Corte, algo que les está prohibido: “¿Qué hacían magistrados de la Corte Constitucional como la doctora Natalia Ángel interviniendo en esta elección?“, se preguntaba respecto de la sonada decisión del Senado de la República de elegir al conservador Carlos Camargo por encima de la juez María Patricia Balanta en la que fue una fuerte derrota para el Gobierno.

Hasta el momento, Ibáñez ha guardado silencio frente al señalamiento de hacer oposición al Gobierno con su postura frente a la reforma pensional, uno de los grandes logros legislativos en los tres años de Administración de Gustavo Petro. “Somos respetuosos de la Corte, pero alzamos la voz con dolor y resentimiento, porque vemos que una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de viejos y viejas en el país, con el único propósito de querer destruir” ha dicho el ministro. En concreto, el encargado de la política ha sindicado al magistrado de manipular el procedimiento de revisión de la constitucionalidad de esa ley, que la sala plena de la Corte decidió suspender para permitir al Legislativo resolver unos problemas en su trámite. “Pidió una subsanación, que nunca había pasado en el país; luego pidió que se votaran las actas; ahora pide como fue la votación. ¿Qué es la pedidera de cuentas? Su labor es controlar que se haya cumplido la Constitución, pero él no la está cumpliendo”.

Se refería a un auto firmado por Ibáñez como encargado del caso, que este martes pedía a la Cámara de Representantes que le enviara una certificación y la copia de dos documentos. Aunque Benedetti da a entender que se trata de una petición adicional, que prolonga el suspenso sobre el futuro de la ley, el documento mismo señala que se trata de una petición que viene desde el pasado 22 de julio. Meses atrás, el mismo magistrado propuso a sus compañeros rechazar definitivamente la reforma por los problemas en su trámite, pero la mayoría encontró que se podían subsanar con una nueva votación en la Cámara. Lo que ahora revisa es si ese arreglo se hizo de forma debida - para Benedetti, con un exceso de formalismo; para Ibáñez, con la recopilación de todas las pruebas necesarias para que los nueve magistrados decidan si se resolvió el problema. Se trata de un choque tal que el propio presidente Gustavo Petro ha criticado que no se aplique aún la mayor de sus reformas. “Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado”, escribió el pasado 24 de julio. “Yo respeto la opinión de todos los ciudadanos que tienen derecho a disentir de una decisión judicial. El presidente Petro está en todo su derecho de presentar su opinión” había dicho antes el magistrado, respecto de las críticas del presidente a la Corte.

Si en ese muy público choque el magistrado ha guardado silencio, Ángel ha optado por otra estrategia. Este martes hizo público un inédito comunicado de prensa firmado solo por ella. En él, la magistrada elegida por el Senado en 2021 de una terna enviada por el Consejo de Estado, señaló a Vargas de mentir contra ella. “La falsedad contenida en la más reciente columna del señor Germán Vargas Lleras, que se suma a un patrón de estigmatización en mi contra, ha alcanzado una gravedad tal que me obliga por primera vez a pronunciarme públicamente. Siempre he creído que los jueces debemos expresarnos principalmente a través de nuestras sentencias y hubiera preferido mantener ese curso de acción” inicia su escrito. La abogada señala columnas anteriores del político en las que la sindica de estar alineada con el Gobierno, y de favorecerlo con varias decisiones, demorando fallos o no hablar ante el incumplimiento de decisiones de la Corte. La respuesta, punto por punto, incluye el hecho de que los fallos que Vargas señala como prueba de su postura progobierno, fueron votaros por mayorías amplias.

Con ella concuerda Alejandro Linares, quien fue magistrado de esa corte hasta hace poco más de un año. “Esos fallos no son exclusivamente de Natalia Ángel, de Cortés ni de Polo [dos magistrados a los que Vargas también señala de ser petristas]. Las decisiones constitucionales son colegiadas; Ángel puede haber sido ponente o votado a favor, pero no decide sola. En la Corte opera también el sistema de mayorías. No he encontrado evidencia pública directa de que haya una “mayoría gobiernista” en la Corte, aunque este es un argumento político habitual en Colombia", señala, antes de explicar el silencio de los otros dos miembros del tribunal. “Yo no hubiera respondido nada a Germán Vargas Lleras, pero todas las mujeres inteligentes con quienes he hablado dicen que él se excedió.Concuerdo con que lo hizo en su última columna, pero no concuerdo en que un magistrado de alta corte le dé relevancia a un político que seguramente anda en campaña”, concluye.

“Hay una deriva hacia ataques ad hominem que debilita el debate constitucional, porque lo esencial es discutir ideas —conservadoras, liberales o progresistas— y cómo cuentan en la deliberación pública. En cambio, asistimos al encasillamiento que actores políticos hacen de las magistradas o magistrados, en reduccionismos que, como advirtió Estanislao Zuleta, son un juicio de pertenencia “al otro”, como sinónimo de enemigo. Lo deseable es tener argumentos sólidos, no reducirlos a falacias o ataques personales. Este empobrecimiento del debate resulta lamentable”, indicó el profesor de derecho constitucional y exmagistrado auxiliar de la Corte, Juan Camilo Herrera. Además, si bien es usual el debate con los Ejecutivos, en un roce propio del funcionamiento del sistema de contrapesos, lo es menos con la oposición. Y, sobre todo, no es normal que se den en simultánea.