El asesinato a tiros de un funcionario local profundiza la crisis de violencia en el sur del Valle del Cauca

Mientras el país entero vivía la euforia del triunfo de la Selección Colombia contra Venezuela, Pradera, un pequeño municipio en el sur del Valle del Cauca, experimentaba una noche de terror. El secretario de Gobierno, José Dorién Jiménez, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en el parque principal del pueblo viendo el partido. Los videos de seguridad, compartidos en redes sociales, muestran a un hombre llegar en una moto, dispararle en varios intentos y huir en pocos segundos. Todo en medio de la multitud. Otras dos personas resultaron heridas.

Con el de Jiménez, son 114 asesinatos contra líderes sociales y políticos registrados en el país, según el conteo de la ONG Indepaz. La víctima pertenecía al Partido Conservador y antes había ejercido como concejal del municipio. “Se destacó por su labor en el municipio y por su lucha en favor de las mejoras territoriales de su comunidad”, señala la organización.

Las reacciones de rechazo no tardaron en llegar. La gobernadora del departamento que tiene como capital a la ciudad de Cali, Dilian Francisca Toro, calificó el hecho de “lamentable” y puso a disposición una recompensa de hasta 100 millones de pesos (unos 25.000 dólares) para quien entregue información para dar con la captura del sicario. A su vez, convocó un Consejo de Seguridad junto con la Fuerza Pública para “tomar medidas contundentes”. Por su parte, el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional: “No es aceptable el deterioro generalizado de la seguridad por todo el país que sigue matando colombianos. Recuperarla debe ser la máxima prioridad”.

Las hipótesis del crimen son múltiples. El ataque ocurrió en vísperas de una asamblea organizada por la estatal Unidad de Restitución de Tierras (URT), prevista para este miércoles y jueves en Pradera, con el propósito de avanzar en la tarea de restitución de tierras en la zona, un tema espinoso en el contexto del conflicto armado. El director de la Unidad, Giovani Yule, aseguró que Jiménez fue quien “abrió las puertas” de su municipio para llevar a cabo la reunión.

Por su parte, la gobernadora Toro ha asegurado en La FM que el funcionario estaba expuesto a riesgos por su labor en desmantelar las bandas de microtráfico que operan en la localidad, pues acompañaba los allanamientos de las autoridades de expendios ilegales. “Él andaba en Pradera sin ningún tipo de protección”, ha dicho a la emisora radial.

El sur del Valle es una mecha a punto de estallar, en donde operan distintos grupos armados, incluidos al menos tres frentes de las disidencias de las FARC, y distintas bandas criminales de carácter local. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el ataque. El tiroteo agrava la situación de un departamento sumido en el terror, tras el atentado hace menos de un mes en Cali, contra la base aérea militar de la ciudad. La explosión, uno de los atentados más graves de las últimas décadas, se saldó con siete personas asesinadas, todas civiles, y más de 70 heridos.

La Defensoría del Pueblo emitió en enero una alerta temprana por una posible “agudización de la violencia” en Pradera. De acuerdo con la entidad, “el escenario de riesgo actual está determinado por el accionar de dos grupos armados ilegales que operan en la zona focalizada”. En la zona operan los frentes Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, ambos bajo la sombrilla de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Están en disputa por la localidad contra el Frente 57 Yair Bermúdez, otra estructura de las llamadas disidencias de las extintas FARC, pero que opera de forma independiente. Pradera es un “corredor estratégico para la movilidad de los grupos armados ilegales” que une al Valle con Tolima y Cauca, al otro lado de las montañas, y sirve como “centro de negocios”, alertó la Defensoría.