Colombia suma casi 270 muertos en masacres en 2024, el año con menos víctimas desde la pandemia

El último domingo del año, dos hombres en una moto acribillaron a los cuatro miembros de la familia Lora Rincón en Aguachica, Cesar. La masacre fue inmediatamente noticia en toda Colombia. Pero en decenas de casos más, crímenes iguales pasaron desapercibidos. Los números no muestran la dimensión del dolor. Aunque el Ministerio de Defensa y las organizaciones de sociedad civil han señalado, con cierto alivio, que en 2024 hubo una disminución significativa, el país sudamericano sigue sufriendo de una de las tasas más altas de estos homicidios múltiples en el mundo. En los cálculos del Gobierno, en los 366 días del año ocurrieron 78 masacres, según la oenegé especializada Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron 76. Son cifras significativamente inferiores a los de los años anteriores; las víctimas también caen de 303 a 267 en un año.

Para el Estado colombiano, cualquier hecho criminal con tres o más personas asesinadas es una masacre. La que dejó más víctimas en 2024 ocurrió en septiembre, cuando fueron asesinadas 12 personas en la vereda La Sagrada Familia, en el municipio de López de Micay. Aunque las autoridades señalaron a integrantes de la guerrilla del ELN de ser los responsables, a cuatro meses de los hechos no hay hipótesis claras sobre el crimen que enlutó al Pacífico caucano, una de las zonas con más presencia de economías ilegales, y más conflicto entre grupos que buscan controlarlas, del país que cultiva más coca y produce más cocaína del mundo.

Otra de las masacres más numerosas ocurrió en Rionegro (Antioquia) en junio pasado, cuando siete personas fueron asesinadas en una finca de recreo. Los reportes de la Policía indican que los perpetradores fueron al menos 10 hombres que se movilizaban en motocicletas y dos vehículos de alta gama, y que habrían planeado un operativo complejo para asegurar su huida.

Meses después, en octubre, se registró el fin de semana más violento en Colombia, con siete personas asesinadas en cuatro masacres entre el 4 y el 6 de octubre en la frontera con Venezuela del departamento de Norte de Santander. Wilfredo Cañizares, un reconocido estudioso y líder social de la zona, dijo en su momento que esos hechos violentos podrían responder a las tensiones entre la guerrilla del ELN y el llamado frente 33 de las disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de las rentas ilegales.

Ese tipo de explicaciones, que relacionan las masacres con las luchas territoriales entre facciones o grupos criminales, son con frecuencia las hipótesis con las que comienzan las investigaciones por estos hechos. Para Leonardo González, el director Indepaz, las masacres que ocurren en territorios de conflicto armado se explican como una forma de dominio o control territorial, y su disminución se explica por la política de la Paz Total. “Cuando hay un grupo armado con el cual hay un cese al fuego vigente, o que se está cumpliendo, es lógico que veamos una disminución. Por los diálogos o acercamientos de paz y los acuerdos con el Gobierno se han hecho evidentes estas disminuciones. Cuando hay acuerdos sobre la mesa, al menos piensas dos veces antes de cometer alguna acción armada”.

Sin embargo, el departamento del Cauca, al suroccidente del país, fue el que más cargó muertos por cuenta de los asesinatos múltiples de la guerra. Hubo 13 masacres con 52 víctimas. Los crímenes incrementaron este año, entre otras cosas, porque la mayoría de grupos al margen de la ley que operan en ese territorio se levantaron de las mesas con el Gobierno. “Desde 2023, cuando el Bloque Occidental de las disidencias de las FARC incumplieron el cese al fuego y el Gobierno levanta ese acuerdo, las acciones violentas se multiplicaron, un poco en protesta y a modo de intimidación”. En otras zonas del país, donde hacen presencia otras facciones como el Estado Mayor Central [otra de las disidencias de las FARC con las que se adelantan acercamientos] o los Comuneros del Sur, González es enfático en decir que “ellos tienen claro el costo político de una acción armada en medio de la mesa”.

El mapeo que ha hecho Indepaz muestra que el suroccidente del país es la región donde más se concentran hechos violentos como las masacres. Además del Cauca, el Valle del Cauca registró 10 masacres el año pasado, el mismo número de casos que ocurrieron en Antioquia, otra de las zonas donde se concentra la violencia selectiva. En contraste, en la zona poblada del centro del país y en los departamentos menos poblados del oriente, no hubo masacres. En general, en todos los departamentos se redujo la cantidad de masacres, que solo aumentaron en Cauca, Norte de Santander, Huila, Caquetá, Santander y Bolívar.

El director de Indepaz sostiene que, detrás de las masacres, hay una intención de generar ruido en las comunidades. “A diferencia de una desaparición forzada, que es silenciosa y deja muchas incógnitas, la masacre busca hacer toda la bulla posible para generar zozobra en un territorio y decir ‘aquí estamos’”. Para Gonzalo Sánchez, investigador y académico de la violencia en Colombia, “las masacres en el país son mecanismos de eliminación de obstáculos de diferente naturaleza en un contexto de guerra muy fragmentada, muy territorializada y muy degradada”. Explica, también, que las víctimas de estos hechos violentos suelen ser líderes sociales, a quienes las organizaciones criminales ven como competidores; organizaciones criminales rivales y comunidades locales que resisten a sus presiones y control territorial.

Aunque los analistas consultados coinciden en que no hay una sola razón que explique en su conjunto la disminución en las masacres, el Gobierno lo ha reseñado como un logro, al igual que la reducción en los homicidios intencionales. “Aunque toda masacre lastima el alma nacional, en el 2024 hubo un 13% menos respecto del año anterior”, escribió en X el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social y una ficha del presidente, también se pronunció al respecto. “76 son muchas, diría que demasiadas, pero son 17 menos [que en 2023]. Menos dolor”, señala.

Aunque la Fiscalía no se pronunció sobre el cambio en el final de año, a comienzos de 2024 Luisa Fernanda Obando, la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, afirmó que habían avanzado las investigaciones del 90% de los casos de años anteriores. Sin embargo, no significa que hubiera llegado la justicia: para la entidad se logra el esclarecimiento cuando logra la identificación de alguno de los perpetradores, que no necesariamente resulta condenado y que en muchas ocasiones no es el autor intelectual del crimen.