Petro y la Constituyente: el debate más crítico de 2024 se quedó en nada

Quién iba a imaginar a comienzos del año que recién acaba, cuando el presidente Gustavo Petro le planteó al país la inconveniente propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, que luego de un enorme desgaste la iniciativa se quedaría en el olvido total. En medio del desorden y la falta de claridad, la apuesta política más grande y controvertida del Gobierno en 2024 terminó quedándose en nada.

Después de conocerse el anuncio del presidente, que argumentaba que ante el fracaso de sus reformas en el Congreso tendría que tramitarse una modificación estructural a la Constitución del 91, el Gobierno publicó una lista de temas que buscaría incluir en la discusión de la Constituyente, como la cobertura de la educación, la descentralización administrativa y el acceso al agua potable. Más parecía un conjunto de promesas de campaña que una agenda de cambios a la Constitución, y desconocía algo esencial: que muchas de esas premisas ya hacen parte del robusto texto de nuestra carta política, la misma de la que tantas veces Petro ha reclamado una engañosa autoría. Cada vez quedaba más claro que a la vez que el Gobierno abría un camino tan lleno de riesgos como la modificación de la Constitución, no contaba con ninguna hoja de ruta definida.

Desde el inicio, los riesgos de una Constituyente en un contexto de tanta división quedaron claros, mientras el país se encontraba ante el deseo de un Gobierno de institucionalizar para las décadas futuras sus miradas políticas y sus interpretaciones de la historia y la justicia. La propuesta de la Asamblea Constituyente consiguió muy poco apoyo en el debate público y en las semanas que siguieron fueron realmente escasas las voces de la política nacional que se sumaron a este llamado. La apuesta de la Constituyente tampoco emocionó demasiado a la ciudadanía, lo que se vio plasmado en su baja aceptación en las encuestas y en las cortas manifestaciones de apoyo popular a este proceso, que a pesar de ser convocadas directamente por el Gobierno lograron una asistencia muy distinta a la esperada.

Una ambigüedad llena de riesgos definió su proceder desde el comienzo. El presidente Petro empezó por decir que convocaría a una Asamblea Constituyente ante la falta de progreso de sus reformas en el Congreso, pero, poco a poco, al ver el limitado entusiasmo y la gran controversia que la iniciativa había suscitado, comenzó a usar términos más relativos. Así, el país conoció con el paso de las semanas la confusa divagación sobre un “proceso constituyente” y de cómo la ciudadanía –luego denominada “poder constituyente”– entraría en un permanente “modo constituyente”, capaz de abarcar todo y nada. Nunca se definió una metodología, ni un cronograma, y en medio de tantos juegos de palabras y figuras retóricas, la principal apuesta del ejecutivo para 2024 se desmoronó hasta quedarse en otra promesa incumplida. Más parece que para el Gobierno la Constituyente representaba un camino para presionar a los partidos antes que un objetivo real.

Esta discusión también mostró uno de los lados de mayor terquedad y que más generan dudas sobre la noción de democracia del presidente Petro, al repetir en varios eventos que la Constituyente sería protagonizada por lo que él denomina “el pueblo” (es decir, el pueblo que lo apoya a él), pero a su vez podría saltarse los mecanismos regulares de la ley. En una de las pocas entrevistas que el presidente ofreció a lo largo de todo el año –Petro es uno de los mandatarios que menos tiempo ha dedicado a responder las preguntas de los periodistas–, indicó que lo importante no era la manera de llegar al “proceso constituyente” sino lo que sería abordado ahí. Pero cuando se trata de proteger la Constitución de los afanes de los dirigentes para modificarla, las formas son esenciales, pues revelan el verdadero respeto de un líder por la integridad de una democracia.

La confusa iniciativa de la Asamblea Constituyente que se quedó en nada ilustró con total precisión la manera en que el presidente Petro ha desperdiciado el más valioso activo de cualquier gobierno: su tiempo en el poder. Entre ires y venires, furia y peleas contra todos los sectores, desde la divagación y la permanente falta de claridad, ha transcurrido casi un año desde que inició la discusión sobre la bandera a la que quiso apostar todo y los logros en ese sentido fueron nulos. Fueron tantas las horas perdidas en controversias innecesarias, en medio de la evidente improvisación sobre estos planes, que ya los tiempos no le dan al presidente Petro para modificar la Constitución del 91 desde los caminos establecidos por la ley.

El debate en vano de la Constituyente ilustró a la perfección los rasgos que definen al actual Gobierno: retrató lo poco que le importa en ocasiones el respeto por las reglas de juego, ilustró su falta absoluta de claridad sobre los objetivos de su propia agenda más allá de la retórica y los discursos, y recordó el desorden que caracteriza el cómo-hacer en esta administración. Lo verdaderamente grave del asunto es que, en medio de tanta improvisación e incertidumbre, el Gobierno haya decidido arriesgar el futuro de algo tan sagrado para la democracia como la integridad de la Constitución política. Para fortuna de toda la ciudadanía colombiana, la Constitución del 91 resistió una de las presiones más fuertes ejercidas en su contra y esa ha sido, sin duda, la noticia del año.