El riesgo de apagón en Colombia se debilita

El riesgo inminente de un apagón masivo disminuye en Colombia. La llegada tardía de las lluvias, en el último mes, ha incrementado el nivel de los embalses que son fuente del 66% de la generación de energía en el país. El temido golpe final para dejar a 50 millones de personas a oscuras nunca llegó, al menos por lo pronto. Con todo, la alerta de los expertos tenía sustento. El incremento sostenido en el consumo diario reforzaba los peores augurios mientras el Gobierno se encomendaba a los pronósticos de una temporada de aguaceros a la vuelta de la esquina. Con ello, se abstuvo de impulsar un plan de ahorro energético, pero el sector sigue en estado de alerta.

“Lo que más me preocupa es la salud financiera del sector. Indudablemente, tenemos unas consecuencias de la pandemia. Tenemos unas consecuencias de estas deudas que ya se han presentado. Y para el período que se avecina, tenemos que resolver de manera estructural varios de estos asuntos”. Son palabras del Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, pronunciadas el miércoles durante el congreso de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, el mayor gremio del sector.

El problema, caben pocas dudas, es que el sistema eléctrico colombiano está bajo estrés financiero. El temido corte, se repite en los pasillos del gremio, podría tener una raíz financiera y no climática. Una compleja herencia que encadena una deuda del Estado de 7 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) en subsidios a los hogares de renta más baja para cubrir la tarifa de la energía. Las comercializadoras, y los bancos han debido apersonarse de ese agujero. Durante el congreso del miércoles, más de uno alzó la voz para recordar que la carrera es contra el tiempo y el oxígeno se agota.

“La crisis financiera de los operadores, debido al impago por parte del Gobierno del valor correspondiente a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, es un factor de riesgo sobre el cual ha alertado tanto XM [operador del sistema] como el Contralor general”, advierte el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta. Pero el estado de la cuestión, añade, no solo se debe al atraso en los subsidios: “A ellos se viene a agregar la deuda por concepto de la opción tarifaria, que supera los 4.5 billones de pesos, y que el presidente anunció en mayo que la asumiría la Nación”.

Se refiere a los alivios decretados por la Administración de Iván Duque durante la pandemia para diferir y poner tope al recibo de la luz. El saldo, según el plan original, debía correr por cuenta de los usuarios, con aumentos temporales de sus facturas. Pero el déficit se ha ido apilando en los despachos contables de las energéticas sin solución a la vista, en especial de las distribuidoras públicas. “Son dos años de retraso del Gobierno en el pago de esos recursos”, recuerda el exministro de Minas Tomás González, “¿quién funciona así? Los operadores están hartos de perder plata, sean públicos o privados”.

A la carrera de deudas, e inversiones insuficientes en infraestructura, se suman los fraudes o abusos al sistema en la costa Caribe. Una región donde Air-e, una de las grandes comercializadoras, se halla bajo intervención estatal –su futuro ya debía haberse aclarado en noviembre–.

“El sistema eléctrico hoy está funcionando a total capacidad”, detalla la directora de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Natalia Gutiérrez. Prosigue: “No tenemos margen de holgura para reaccionar a cualquier salida de funcionamiento de una planta, programada o no programada”. Una situación que, en su opinión, era previsible desde hace años. “Es cierto que los embalses se han recuperado, pero no a un nivel histórico, y con el sistema eléctrico estrecho y ausencia de grandes proyectos térmicos e hidráulicos, los siguientes veranos de cada año nos tendrán bajo alerta durante al menos la próxima década”.

La situación tiene correlato en el comportamiento del precio de la factura de la energía y su peso en la inflación (5,41% anual en octubre). El costo de todas las deficiencias e improvistos se ha concentrado en especial en el Caribe, donde las temperaturas sofocantes estrechan el margen de maniobra por la necesidad de utilizar los sistemas de refrigeración, en empresas como en hogares.

Los actores de la red han ido perdiendo la paciencia. Las reticencias del Gobierno hacia un sector con un mercado regulado e importantes actores privados, ha dado paso a las sospechas entre unos y otros. Pero el exministro González subraya que nada de eso es lo realmente importante. Y si la red ha salvado por lo pronto el curso 2024, el verano eléctrico en Colombia ya se asoma a partir de diciembre e irá como es habitual hasta abril. “El problema de fondo es que dependemos de la lluvia. Yo sé que solucionar los líos de infraestructura en el sector se demoran. Pero el Gobierno debe trabajar con el sector privado en busca de salidas”, remata.

La conclusión del director del Centro de Estudios Regionales en Energía es que a los colombianos, más allá de las peleas entre el Gobierno y las energéticas, lo que les importa es contar con un suministro de calidad y a un precio adecuado. Dos premisas que, dice, no se están cumpliendo. Con todo, las fuentes consultadas recuerdan que Colombia ha desarrollado un sistema eléctrico que desde los años 90 apenas ha tenido fisuras y que las tarifas, a pesar del aumento del 24% experimentado ente 2021 y 2024, siguen estando entre el promedio regional. Incentivos suficientes para evitar un colapso energético con consecuencias nefastas sobre la economía colombiana.