La representante a la cámara por la curul de paz del departamento de Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte, ha sido acusada esta semana de ser parte de un enorme escándalo de corrupción. De acuerdo con declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Manrique se reunió varias veces con él en 2023, y con funcionarios de su entidad, para revisar los avances de tres contratos que sumaban en total 92.000 millones de pesos. Estos contratos debían ser entregados a dedo para asegurar, al tiempo, dos cosas: la estabilidad del proceso de paz con la guerrilla del ELN y los votos positivos de seis congresistas en proyectos de ley claves para el Gobierno. La representante de 35 años no respondió ninguna de las preguntas de este diario sobre el caso, pero sí hizo un pronunciamiento en sus redes sociales en el que niega los señalamientos. “Olmedo López miente, su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, estoy segura de que la justicia actuará en favor de la verdad”, escribió en X.

El testimonio de Olmedo López, revelado esta semana por la unidad investigativa de Noticias Caracol, asegura que la representante a la cámara le escribió en su libreta personal qué contratos se necesitaban para garantizar los votos en la comisión de Crédito —encargada de aprobar los préstamos internacionales para el Gobierno—, a qué municipios debían ir dirigidos y cuáles congresistas serían los beneficiados. Todo esto después de llegar a un supuesto acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. “La congresista llega a mi oficina a impulsar los contratos (...) yo le entrego mi libreta y ella escribe”, dijo López ante la Corte. Noticias Caracol, al revisar los ingresos a la UNGRD en diciembre del 2023, y principios de 2024, confirmó que Manrique entró allí varias veces para reunirse con Pinilla y López.

Según las declaraciones, los congresistas implicados son: Wadith Manzur (del Partido Conservador), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz (Alianza Verde, y quien renunció en febrero a la curul por problemas de salud), y la misma Manrique. Los contratos multimillonarios serían destinados al municipio de Cotorra (Córdoba), al corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar) y a Saravena (Arauca).

Este último contrato, de más de 32 mil millones, tenía oficialmente como objetivo construir obras de protección de riesgo y prevención de inundaciones en el río Bojaba. Pero, según Olmedo, en realidad serviría para financiar a la guerrilla del ELN, que tiene desde hace décadas una fuerte presencia en Saravena, y el resto del departamento de Arauca. Al final ninguno de los tres contratos se firmó ni se ejecutó, porque los medios de comunicación denunciaron otro escándalo de corrupción en la entidad, y el presidente Petro le pidió la renuncia a Olmedo López. Sin embargo, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia ya investigan a todos los implicados para determinar en qué delitos incurrieron.

López insistió ante la Corte en que desde el Gobierno le ordenaron direccionar contratos de la UNGRD para financiar a ELN, presuntamente para que este grupo no se levantara de la mesa de negociación porque esa guerrilla necesitaría el dinero público para frenar su práctica de secuestro extorsivo. El Gobierno en pleno, la mesa de diálogos y el presidente han negado esas acusaciones. En un mensaje de este miércoles, Petro desestimó las denuncias. “El Gobierno solicitó que el ELN no regresara al secuestro y como es de público conocimiento, el ELN ha reafirmado su regreso a esta práctica terrible. El ELN lleva más de 65 años en la lucha armada, no se vende. Ojalá fuera así de fácil hacer la paz, pero cualquiera que sepa la historia de Colombia sabe que terminar la guerra o algunas de sus prácticas no se hace con dinero”, escribió Petro. Y añadió: “Las organizaciones ilegales de Colombia tienen fuentes de financiación ilícita mucho más poderosas que las contrataciones que les gusta a algunos políticos y que sé, practican desde hace décadas”.

¿Quién es Karen Manrique y cómo llegó al Congreso?

La representante Karen Manrique, una política desconocida hasta esta semana para la mayoría de los colombianos, llegó al Congreso en 2022 a ocupar una de las 16 curules de paz para las víctimas de la violencia—curules nuevas que se acordaron en el proceso con las Farc en La Habana del 2016. Manrique ha dicho que su familia tuvo que desplazarse de Tame por la presencia allí, hace años, de varios grupos armados. Sin embargo, desde el momento de su nombramiento, varias voces de su departamento cuestionaron la elección por su cercanía con el Partido Liberal. Manrique trabajó durante varios años en la oficina del excongresista Nevardo Eneiro Rincón Vergara, un poderoso político Liberal de Arauca, que perdió su curul en la Cámara de Representantes en 2021 por celebración indebida de contratos.

“Manrique es la cuota de Rincón en el Congreso”, le dijo a EL PAÍS un político de Arauca que la conoce bien y prefirió no dar su nombre por seguridad. Otros sectores de políticos de la región aseguran que la cercanía del esposo de Manrique, —el ganadero y empresario Gustavo González— con Enerio Rincón fue clave para que ella quedara elegida. Otra persona de Arauca que conoce el trabajo de Manrique le aseguró a este diario que la política tenía varias inhabilidades para posicionarse como representante de paz: “Era una desconocida para las víctimas, nunca había participado en ningún espacio ni proceso con las comunidades. Llegó siendo parte del partido liberal”.

Según su hoja de vida, la representante “ha desempeñado importantes cargos en instituciones de orden nacional y territorial; fue asesora del Congreso de la República, secretaria de bienestar social en la alcaldía de Tame, asesora de la ESAP para los Planes de Acción para la Transformación Rural de los Municipios PDET y Coordinadora de empalme del gobierno municipal de Tame”.

Según las fuentes, Manrique no cumplía los lineamientos de las curules de paz que establecen explícitamente que ningún candidato podía recibir apoyo de partidos políticos y debía ser víctima del conflicto armado. “Hubo varias demandas contra su elección que no han avanzado”, dice una persona. “Se supo que ganó con votos de la ciudad y no de los campesinos y víctimas, como decía la ley”, dijo otra persona de la región, que afirma que no puede dar su nombre porque “hay mucha plata de por medio y es muy peligroso”.

El poder del ELN en Arauca: “La guerrilla lleva décadas contratando con el Estado”

Eduardo Cedeño, politólogo y analista de Arauca, explica que en esa región del país el ELN se ha convertido en un “para-Estado”, que muchas veces suple las fallas del Estado. “Acá el Estado es muy débil, lo único permanente es su ausencia”, dice Cedeño. “La guerrilla lleva años cooptando y suplantando al Estado, no solo en el control de las armas, sino resolviendo los problemas de fincas, de linderos, impartiendo justicia entre vecinos, interviniendo en discusiones familiares”, añade. Por eso, insiste, no es raro que la guerrilla esté relacionada e intervenga en todos los ámbitos de la pública del departamento, incluida la contratación estatal: “¿Qué el ELN accede a contratos del estado?, todo el tiempo lo ha hecho. Lo hace con una firma contratista, gana una licitación pública y cobra comisiones”, concluye tajante.

Una investigación de la Misión de Observación Electoral, o MOE, refuerza la idea de Cedeño y explica que desde 1990 la guerrilla del ELN, en concreto el frente Domingo Laín, capturó el Estado. “Se involucró en los procesos electorales para garantizar que sus aliados ocuparan cargos de elección popular y, así, dominar el terreno estatal y capturar los recursos de las regalías del petróleo”, dice un informe de la MOE. De hecho, hoy en día, los dos últimos exgobernadores del Arauca, Ricardo Alvarado y Facundo Castillo Cisneros, están presos por tener presuntos vínculos de contratación con el ELN. Cedeño insiste en que la guerrilla ha tenido relación con los dirigentes políticos de todas las ideologías: “Cohabitan, están en todas las dinámicas de la vida pública, cualquier persona que se dedique a la política o a la economía tiene que lidiar con ellos”.

Que otros lo hayan hecho no es prueba para asegurar que Manrique, la representante de paz, haya dirigido recursos al ELN. Pero sí explica porqué, en la región que ella representa, la guerrilla ha recibido dineros públicos incluso antes de que la representante apareciera en el más grande escándalo de corrupción del gobierno Petro.

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