Las batallas del aguardiente: el Amarillo de Caldas gana su penúltimo asalto ante el Tribunal de Bogotá

Un nuevo capítulo se ha cerrado esta semana en la batalla comercial por el negocio de los anisados regionales en Colombia. El Tribunal de Bogotá dejó en firme la orden de retirar de inmediato del mercado el Aguardiente Real Amarillo producido por la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Una nueva victoria para la Industria Licorera de Caldas y su cruzada en defensa del Aguardiente Amarillo de Manzanares, un destilado pionero en el país por su color y visto con cierto recelo por otras empresas departamentales opuestas frontalmente a cualquier competencia que suponga una amenaza para sus economías.

De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la autoridad antimonopolio, ya decretó hace seis meses una medida cautelar contra la marca de anisados paisa para proteger los derechos de propiedad del Amarillo de Manzanares manizaleño. A pesar de que el regulador solicitó por entonces la suspensión de las ventas del licor antioqueño, el abogado de la compañía de Caldas, Pablo Felipe Robledo, asegura que la FLA desoyó la orden. Desde entonces, no ha habido tregua en esta historia y el último recurso de la compañía ha sido opalizar el vidrio de sus botellas para ganar algo de tiempo. “Se trata de una edición limitada del ‘Aguardiente Real 24 grados’ que se aleja y dista de la presentación inicial”, se lee en un comunicado de la FLA publicado en la tarde del jueves.

El fallo de ayer, sin embargo, sirve para marcar un punto final a un litigio que arrancó a finales de octubre de 2023. “Uno tiene que esforzarse para que su producto se distinga de los otros en el mercado. En este caso, lo que se ha evidenciado es que ha habido un esfuerzo importante de imitación”, argumenta Robledo. Por eso los contraataques, y otros ejercicios de contorsionismo legal, desplegados por la compañía antioqueña han resultado vanos. La FLA tendrá que sacar de su currículo un producto ideado para ejercer contrapeso a una marca que no hace sino ganar terreno en Colombia. Mauricio Vélez, gerente de la Industria Licorera de Caldas, explicó el pasado diciembre a la cadena Caracol Radio que hace tan solo cinco años se vendían anualmente unas 40 mil botellas del Amarillo de Manzanares.

“Vamos a cerrar 2023 con 7,200,000 botellas”, agregó Vélez. Y este curso el objetivo es llegar a los 10 millones. En la trasescena del lío se halla la arquitectura del mercado de licores en Colombia, que ha funcionado históricamente como un mapa fragmentado y proteccionista donde cada región levanta murallas aduaneras para frenar la incursión de cualquier producto foráneo. Lo anterior ha desembocado en más de un pulso regional para blindar una fuente de ingresos fiscales que, con cierta frecuencia, termina siendo drenada por negocios dudosos, campañas políticas y escándalos de corrupción.

También conviene precisar que en Colombia las Gobernaciones controlan el monopolio rentístico de las licoreras. Por eso, un porcentaje de sus ventas se debe canalizar por ley hacia sectores seminales como la salud o la educación de los departamentos. “Es un rezago del derecho indiano”, asegura el abogado experto en competencia Jorge Enrique Sánchez. “Colombia estuvo incluso en grave riesgo de no entrar a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) porque Estados Unidos y Canadá planteaban que tenía un régimen antiguo y en desuso en esa materia”, añade.

La norma fue actualizada en 2016 para despejar el camino. Pero una pequeña salvaguarda encastrada en el texto dejó una grieta legal aún utilizada por las Gobernaciones para bloquear la libre circulación de los productos. Frente a esto ya hay una demanda ciudadana interpuesta ante la Corte Constitucional y de su decisión depende, de una vez por todas, despejar un escenario tachado por Sánchez de “anacrónico”: “Se acabaría con un convenio de introducción arbitrario que permite a cada Gobernación establecer las condiciones para la entrada de licores en sus territorios departamentales”.

Ya en diciembre de 2023 la FLA se lanzó con un nuevo movimiento para taponar la distribución en su departamento de otro producto bandera de la industria caldense: el Ron Viejo de Caldas. La denuncia ante la SIC señalaba por entonces que, supuestamente, se estaba difundiendo información engañosa a los consumidores sobre la edad de ese licor. “En los rones que ellos tienen”, se quejó el gerente de la FLA durante una entrevista radial, “las etiquetas ponen el número 8,5. La gente piensa que son ocho años [de añejamiento] y si se lee bien dice ‘8 atributos’ o ‘cinco secretos’”. De lo anterior se deriva, en su concepto, una estrategia comercial que induce al error.

Toda esta agitación empresarial, con elementos de rivalidad regional, tiene otro precedente. La Empresa de Licores de Cundinamarca revocó en junio del año pasado el permiso de venta e ingreso, una vez más, del Aguardiente Amarillo de Manzanares. El asunto tiene todas las características de hostilidad que se vive en el sector y aún no se ha dirimido ante los tribunales de arbitramento. La tesis de la licorera cundinamarquesa se apoyaba en el presunto incumplimiento de la contraparte caldense en la reducción de la graduación del aguardiente amarillo, fijada en 24 grados de alcohol por las autoridades, pero, argumentaban, comercializada con un grado de 30.

Hoy la Empresa Licorera de Cundinamarca, al parecer, atraviesa estrecheces financieras. Con todo y que su anisado estrella, el Néctar, es uno de los más apetecidos en el mercado local. Los malos manejos administrativos y el derroche de recursos a lo largo del tiempo han dejado un déficit importante: “La Gobernación de Cundinamarca expidió el año pasado un acto administrativo con todos los vicios del mundo para dejar paralizadas decenas de camiones con aguardiente amarillo que se iban a distribuir en el departamento”, afirma Jorge Enrique Sánchez.

Un asunto delicado que, en palabras de Sánchez, tiene raíz en un sistema de aduanas domésticas y empresas departamentales refractarias desde hace más de un siglo a la competencia: “Esas fronteras departamentales, en realidad, lesionan las finanzas locales porque restringen la entrada de otros oferentes que generarían más rentas, a través de impuestos, y, al mismo tiempo, limitan el derecho de los consumidores a escoger qué aguardiente prefieren tomar”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.