Derroche en la gobernación de Antioquia

En los últimos tres años, es decir, a lo largo del periodo de Aníbal Gaviria como gobernador, el departamento de Antioquia ha venido pagando un sospechoso contrato con una firma de abogados de la ciudad de Medellín para proteger los intereses de la Fábrica de Licores de Antioquia, también conocida como la FLA.

Hasta el momento van cuatro millones de dólares o más de 16 mil millones de pesos pagados a la firma Peláez García Abogados S.A.S., representada por Mateo Peláez García, para que este ejerza la representación legal del departamento de Antioquia y de la FLA ante una serie de litigios comerciales que antiguos socios de la Fábrica de Licores interpusieron contra esta en tribunales en el extranjero por presuntos incumplimientos en unos acuerdos comerciales.

No nos vamos a detener en las minucias de la demanda. Eso no viene al caso, y serán los tribunales quienes definan si es la FLA o su contraparte quien tiene la razón. Lo importante aquí es el monto que se ha pagado al abogado y lo que falta por pagarle, pues el juicio no ha empezado (está previsto que arranque a finales de este año) y los cuatro millones de dólares desembolsados por la Gobernación de Antioquia ya superan el valor que el Estado colombiano ha pagado a bufetes de abogados reconocidos mundialmente para llevar casos de altísimo impacto como el pleito contra Gas Natural por Electricaribe -cinco millones de dólares en pago a los abogados para un pleito de 1.800 millones de dólares- o el litigio contra América Móvil -casi cuatro millones de dólares a los abogados para un pleito de 1.000 millones de dólares-.

En el caso de la FLA la demanda comenzó por cuatro millones de dólares, subió a once millones y, según dijo el gerente de la empresa, Javier Ignacio Hurtado, en el programa Sigue La W, ahora la pretensión asciende a cuarenta millones. Como sea, la proporción entre lo que ha ganado hasta el momento el abogado Peláez y el dinero en juego para la gobernación de Antioquia por las acciones judiciales no tiene comparación con pagos hechos a abogados expertos en los pleitos antes mencionados. Hay sobrecostos, así lo niegue el gerente. Hay derroche de la plata de los antioqueños.

Otro elemento dentro de los llamativos contratos que se vienen firmando con Peláez García Abogados desde el año 2020: el mencionado Mateo Peláez ni siquiera es el jurisconsulto a cargo de los pleitos, sino que es el intermediario para que una poco conocida oficina de abogados de la Florida (EE UU) llamada Bell Rosquete Reyes Esteban se encargue de los litigios. Mejor dicho: los antioqueños han entregado cuatro millones de dólares a un intermediario.

Desde la FLA se defienden aduciendo que a los abogados en los Estados Unidos se les paga por horas y por eso el monto alcanza esa cifra. Sin embargo, algo que parecen desconocer la FLA y la Gobernación de Antioquia es que a las grandes firmas internacionales que llevan este tipo de casos no se les paga de esa forma, sino que ellos cobran desde el comienzo un único monto global que queda definido antes de firmar el contrato. No hay adiciones. No hay contratos extra. No hay sorpresas.

En cambio, si Antioquia sigue como va, vaya sorpresa nos llevaremos cuando llegue el final del proceso de la FLA porque el abogado Peláez cobra con taxímetro y el juicio aún no ha empezado.

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