La colonia agrícola de Acacías, la excepción en un sistema de cárceles en crisis

Parece estar en libertad. Si no fuera por el uniforme de color naranja y beige que porta, podría pasar desapercibido. Está en medio de un terreno amplio y verde, que huele a pasto recién cortado. Lo rodean vacas, gallinas, cerdos, caballos, cinco pozos con peces y un cultivo de lombrices californianas. Samir Rodríguez Murcia, de 42 años, se ha levantado a las cinco de la mañana, junto a 14 compañeros más, para ordeñar a 32 vacas y obtener unos 160 litros de leche. Es una rutina que repite a diario desde inicios de año, cuando llegó a la colonia agrícola de Acacías, una cárcel rural en el departamento del Meta. Fue trasladado desde la cárcel El Barne, en el departamento de Boyacá, donde pagaba su condena por acceso carnal violento. Rodríguez cuenta que su familia lo abandonó tras su condena. “Una pelada me embaló, era mi amiga”, dice, y niega haberla abusado. Su mirada refleja tristeza y frustración. En la colonia, recibe 117.000 pesos colombianos mensuales (unos 30 dólares) por colaborar en las actividades agropecuarias. Con eso compra pan, gaseosa y útiles en la tienda ubicada dentro de los muros de la que es “la mejor cárcel de Colombia”, según Néstor Osuna, el ministro de Justicia.

Osuna, líder de la cartera encargada del sistema penitenciario y carcelario, observa uno de los cinco grandes pozos de agua de la colonia. En su orilla está Luis Grajales, de 45 años. Condenado a 14 años de prisión por acceso carnal violento, se prepara para alimentar a los peces de la charca, su actividad diaria desde hace un año y medio. “Incluso cuando los guardias no están”, aclara. Parece el patrón de una finca. Como él y como Rodríguez, son 400 personas privadas de la libertad las que salen al aire libre ocho horas al día para participar de proyectos productivos de ganadería, porcicultura (hay 108 cerdos), piscicultura (suman más de 25.000 peces) y avicultura (con más de 100 gallinas). Otros de los 1.098 reclusos trabajan en talleres de panadería, carpintería y confección, donde cosen los uniformes para todos sus compañeros.

Cien años de historia

La colonia de Acacías es una idea centenaria. El 2 de julio de 1924 nació como Colonia Penal y Agrícola de Oriente en Acacías. Tiene un terreno de 4.700 hectáreas, de las que 300 están en uso. En ellas están los diferentes proyectos productivos, agrupados en siete campamentos: Cola de Pato, Alcaraván, Central, Sardinata, Guayuriba, El Trapiche, Comunidad Terapéutica y Centro de Instrucción. La prisión exuda historia. Las celdas en las que duermen los privados de la libertad se cierran con rejas que formaban parte del antiguo Palacio de Justicia en Bogotá, derrumbado tras su toma por la guerrilla del M-19 y la retoma militar, a sangre y fuego, en 1985. “Cuando se hizo la demolición, trajimos las rejas en camiones. Hoy son símbolo de prosperidad en la colonia”, dice a este diario Daniel Candela, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Los reclusos de la colonia son elegidos en función de su deuda con la sociedad. Todos están a menos de 10 años de regresar a la libertad. Fueron condenados a menos de ese plazo de cárcel, o les restan menos de 10 años de una condena mayor. Es una cárcel de mínima seguridad. Los 400 penados que trabajan al aire libre ya han pasado por otras fases de sus penas, incluso por las de alta y media seguridad, y ahora se encuentran en la fase de confianza, la más baja, pensada para prepararlos para regresar a la vida en libertad. No es solo una cuestión de tiempo, también de perfilamiento: el INPEC estudia quiénes pueden llegar a la fase de menos restricciones.

A pesar de que los días para los reclusos de la Colonia Agrícola Acacías pueden ser un poco más llevaderos que en una prisión tradicional, no dejan de ser angustiosos para muchos. En el Campamento Central, uno de los más alejados desde la puerta de ingreso a la colonia, está el taller de carpintería, donde se elaboran camas, escritorios y artesanías. Allí trabaja Bladimir Lozano, tallando un cristo, al cual se aferra, tras haber sido condenado durante la pandemia en 2020 a ocho años de cárcel por el delito de violencia intrafamiliar, el cual le pesa haber cometido tras estar relacionado con lo más valioso de su vida: su familia.

Una larga y ancha carpa ubicada en el campamento Cola de Pato comprende dos compartimientos profundos llenos de tierra, donde se pueden ver lombrices. Un hombre mete su mano y saca cinco de esos animales. Explica que se alimentan de sus propios desechos y así convierten la tierra en fertilizante. En eso consiste la lombricultura, en la que trabaja Raúl Poveda, de 38 años, condenado a 20 años de prisión por tentativa de homicidio. “La vida es así, le tocó a uno estar acá. Por no dejarme molestar, terminé aquí”, dice. Pasó las primeras etapas de su condena en El Barne, Boyacá, y La Modelo, Bogotá. Ya suma un año en la colonia, le quedan cuatro. Por cada un año de trabajo redime 17 meses de su condena y recibe 720.000 pesos (unos 180 dólares). Además, ya puede salir de la cárcel tres días al mes. “Voy a mi casa a ver a mi esposa y a mis dos hijos, que eran unos niños cuando entré a la cárcel”, comenta. Ese es otro paso para una transición entre el encierro y la libertad, entre pagar una pena y ser un ciudadano libre.

Esa meta, que el sistema penitenciario no sea una universidad del delito sino de la vida en sociedad, pasa por lograr que quienes salgan tengan un futuro económico. “Ese enganche entre la cárcel y la resocialización productiva es la fórmula del éxito de un sistema penitenciario para que verdaderamente resocialice. Lo mejor que tenemos para eso es la colonia de Acacías”, afirma el ministro Osuna. Académico de paso por el Ejecutivo, considera que las actividades productivas en las que participan los reclusos no solo deberían servir para reducir su pena, sino que deberían convertirse ya en un primer paso para que se conviertan en trabajadores o emprendedores. Para dar ese primer salto, el Ministerio contactó a La Fazenda, una empresa privada dedicada a producir, procesar y comercializar cerdo. Daniel Beltrán, director de Gestión Social de la compañía, cuenta a EL PAÍS que la empresa busca “fortalecer y escalar los proyectos productivos existentes a través de la transferencia tecnológica” en la colonia. El ministro quiere que los privados de la libertad aporten a las cadenas productivas, para que ganen “un salario con las prestaciones de ley, el cual está dispuesto a pagar La Fazenda”. Así, recuerda, los privados de la libertad pueden tener mejores ingresos, cotizar para una pensión y prepararse para tener un trabajo formal al salir.

Una fuga en el campo

Aunque todo parece estar bien en “la mejor cárcel de Colombia”, como diría el ministro, su amplio terreno es uno de sus talones de Aquiles. El personal del INPEC no alcanza a custodiar las 300 hectáreas utilizadas. Cada guardia, o dragoneante en su escala, tiene a su cargo entre cinco y seis reclusos. No son suficientes. Esto ha causado varias fugas. La más reciente ocurrió el 26 de abril, cuando escapó un hombre condenado por homicidio y concierto para delinquir a quien le faltaban ocho años para quedar en libertad. Ese día se levantó a las cinco de la mañana, como era costumbre. Un guardia del INPEC lo llevó, junto a otros siete compañeros, al potrero en el que ordeñarían las vacas. El dragoneante volvió a las instalaciones a recoger a los demás trabajadores del proyecto ganadero. Al regresar, encontró que se había fugado con mucha facilidad. Estaba a tan solo 50 metros de la antigua vía a Bogotá, donde lo esperaba un vehículo. Desde entonces sigue prófugo.

“Colombia tiene 15.000 guardias del INPEC, pero deberíamos tener alrededor de 30.000, de acuerdo con la cantidad de penados. Este año vamos a contratar 1.000 más”, dice Daniel Gutiérrez, director del INPEC, a EL PAÍS. Recuerda que, además, hay un déficit de 9.800 cupos en las cárceles, lo que hace más difícil el trabajo de los guardias. El ministro recuerda que hay tres grandes cárceles en construcción, que ayudarían a reducir el hacinamiento: en Barrancabermeja, en el departamento de Santander; en Riohacha, en La Guajira; y en Sabanas de San Ángel, en Magdalena. Espera que los constructores entreguen las dos últimas, cada una con capacidad para más de 2.000 privados, en el primer bimestre de 2025. La de Sabanas de San Ángel está pensada como una colonia agrícola, similar a la de Acacías. La de Barrancabermeja apenas está comenzando su construcción, y le faltan dos años más para estar lista.

En cualquier caso, la solución no solo es cuestión de ladrillo, ni de contratar personal. El ministro Osuna asegura que otra dificultad es la corrupción en el INPEC. “Empieza por dejar entrar la colchoneta, la Coca-Cola y termina con el ingreso de armas y cocaína”, dice. Pero, sobre todo, expresa preocupación al hablar de la banda La Inmaculada, la estructura criminal de Tuluá que, comenta, continúa su violencia contra los guardianes. “Cada vez que atrapan a unos cabecillas o a alguien de la estructura, van y matan a un guardián del INPEC. Esto los tiene en una alerta tremenda”, dice el ministro. Asegura que por ello decretaron la emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero, con la idea de que la policía proteja también el entorno de las cárceles, donde están más desprotegidos los guardianes. El asesinato de Elmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá, solo subraya más estas preocupaciones y la excepcionalidad de la colonia de Acacías.

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