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Cárcel La Modelo
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El asesinato del director de La Modelo: ¿a quién se protege con los dineros del Estado?

El dinero del Estado se debe invertir en quienes más lo necesitan. Proteger vidas es lo que cuenta y no creer que se sube de estrato por un esquema de seguridad

asesinato de Élmer Fernández
Agentes de la Fiscalía investigan la zona donde el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Elmer Fernández, fue asesinado por sicarios, el 16 de mayo.Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

En un mundo ideal no se necesitarían escoltas ni carros blindados. En un país real y violento como Colombia, son parte del paisaje y son también un símbolo de estatus. A mayor esquema de seguridad, pareciera ser más importante el personaje. Sin embargo, a veces los escoltas no están donde deberían estar. No estaban, por ejemplo, con el director de la cárcel La Modelo cuando lo mataron. Tal vez los que deberían estar ahí paseaban al perro de alguien, cargaban bolsas de mercado o tal vez hacían su trabajo como debe ser, protegiendo a una persona en riesgo. Pasa lo uno y lo otro. El asesinato del desprotegido director es motivo más que suficiente para preguntarnos quiénes tienen hoy un esquema de seguridad del Estado.

¿Cómo se asignan los esquemas de seguridad? Algunos vienen con el cargo, pero en la mayoría de casos se trata de atender solicitudes de quienes pueden tener algún nivel de riesgo. Los directores de las cárceles no tienen esquema asignado, lo cual sorprende porque se trata de personas que están lidiando con peligrosos criminales que buscan proteger sus privilegios y seguir delinquiendo mientras están en prisión. Si alguien, como el director de La Modelo, intenta poner orden y disciplina, es amenazado y asesinado. En el camino entre la amenaza y el crimen se debía seguir un trámite largo y engorroso para solicitar apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La solicitud estaba en proceso y no había llegado.

Es tal vez el momento de modificar procesos. Lo dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna: “Se había hecho el procedimiento usual, pero esto que ocurrió nos alerta. Hay que profundizar más en la seguridad para todo el personal del INPEC”. Son varios los funcionarios de la entidad que han sido víctimas de delincuentes en los últimos meses. No sobra atender de manera prioritaria también la seguridad del ministro, quien viene plantando cara a la siempre caótica y aplazada crisis carcelaria con lo cual está generando reacciones de mafias y delincuentes peligrosos.

Cuando se trata de recursos públicos, el debate nos compete a todos. Y no hablamos de poca inversión, aunque resulte escasa para proteger a tantos. Según reporte de la UNP, para este año 2024 la entidad tiene más de dos billones de pesos asignados. ($2.379.199.325.642 para ser precisos) y el director Augusto Rodríguez Ballesteros dijo, en entrevistas relacionadas con el asesinato del coronel (r) Elmer Fernández, que en este momento hay muchas personas que tienen esquemas que no necesitan. También hizo graves denuncias sobre las mafias que se tomaron la entidad y que, según él, han venido combatiendo sin poderlas liquidar del todo.

Lo que dijo es muy grave. Se refirió en particular al área de evaluación de riesgo de la UNP, en la cual se analiza cada caso para saber si la persona tiene riesgo y de qué nivel: ordinario, extraordinario o extremo. Según el director Rodríguez Ballesteros, “algunos funcionarios corruptos, que ya están denunciados en la Fiscalía, hacen que las matrices de riesgo de ciertas personas que pagan dinero se eleven para que se les entreguen esquemas robustos y hacen que las matrices de riesgo de otras personas que están amenazadas gravemente se bajen con el fin de que la entidad tenga que quitarle los esquemas y poderlas asesinar”. Las denuncias sobre estos hechos, según su versión, están desde hace año y medio en la Fiscalía. También se ha denunciado el uso de vehículos blindados de la entidad para cometer delitos.

Además de esos crímenes graves, hay otros obstáculos para que los recursos no se inviertan en su totalidad como debe ser: algunos de los funcionarios a quienes se les asignan esquemas ―porque la función que tienen en el Estado lo amerita― se niegan a entregarlos cuando dejan los cargos. Dice Rodríguez Ballesteros que acuden a tutelas y todo tipo de estrategias para mantener la protección, aunque no la necesiten. Lo mismo pasa con algunos periodistas.

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Y es que no siempre se trata tanto del nivel de riesgo, como del nivel a secas porque si se escala en cualquier pirámide de poder las personas quieren tener escoltas porque sí o porque no. El objetivo es hacerse notar, tener quién despeje el camino, quién abra la puerta, quite obstáculos y hasta quién ayude a cometer arbitrariedades con la excusa de la seguridad. Son muy frecuentes las quejas de los ciudadanos por la violación de todo tipo de normas por parte de los esquemas de seguridad. Es fácil entender que no todos los que tienen seguridad del Estado la necesitan, mientras otros se juegan la vida a diario. Basta ver las condiciones en que estaban muchas víctimas de atentados y asesinatos que estaban en evidente riesgo y no contaban con protección. El coronel Fernández es un ejemplo, no el único caso.

Ni qué decir de la situación de fiscales y jueces que investigan y toman decisiones sobre la suerte de criminales. El riesgo es evidente. Combatir las mafias en la Unidad de Protección, ajustar los procedimientos y los criterios para establecer quién tiene riesgo y quien no, quitar los esquemas a quienes no los necesitan, son decisiones urgentes aunque muy difíciles, porque ya sabemos que quien logra tener carro blindado y escoltas se siente con derecho a tenerlos para el resto de la vida. No es así. Los riesgos van y vienen y el dinero del Estado se debe invertir en quienes más lo necesitan en cada momento. Proteger vidas es lo que cuenta y no creer que se sube de estrato por un esquema de seguridad.

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