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El afán de Hacienda por llegar al millón diario de barriles de petróleo riñe con la política ecologista de Petro

En paralelo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, deja en suspenso el futuro de la exitosa operación en Permian (Texas)

Ecopetrol
Trabajadores de Ecopetrol caminan frente a depósitos de crudo, en 2022.Edu Leon
Camilo Sánchez

El lunes, durante una reunión con una delegación de grandes inversores, el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, soltó una pequeña frase que ni el más entusiasta habría esperado. Tras repasar el lánguido 0,7% de crecimiento registrado durante el primer trimestre del año, Bonilla aseguró que el Gobierno busca espolear la producción diaria de barriles de crudo de los 770.000 actuales hasta llegar al millón. Una paradoja sorpresiva para algunos de los asistentes, habituados al discurso de un Gobierno renuente desde el primer día a la firma de nuevos contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

No es de extrañar que el fervor en el anuncio del jefe de la cartera también haya sembrado desconcierto en varios observadores que durante casi dos años han tratado de desentrañar la hoja de navegación del Ejecutivo en materia petrolera. ¿Se trataba de un saludo a la bandera para tranquilizar al grupo de empresarios? El exministro de Minas y Energía Tomás González afirma que el anuncio supondría aumentar en casi un 50% la producción diaria de Ecopetrol, la petrolera de mayoría estatal: “La política de transición energética justa que publicó el ministerio el año pasado supone que vamos a ser importadores de petróleo a partir de 2030″.

Por eso se pregunta: ¿cómo empata el nuevo anuncio con la idea de Petro de sacar a Colombia del negocio de los hidrocarburos lo más rápido posible? Para el director del departamento de Economía de la Universidad Javeriana, Andrés Giraldo, la contradicción solo puede tener sustento en el parón económico: “El petróleo ha sido durante los últimos años la principal fuente fresca de ingresos fiscales y de recursos para financiar el gasto público. De esa declaración solo se puede deducir que el ministro está viendo el panorama oscuro”.

El profesor abunda en que la meta de 300.000 barriles extra solo se alcanzaría con mayor inversión y permisos de exploración, más allá de los pozos existentes, o a través de fracking, la técnica de fractura hidráulica que ha sido, básicamente, proscrita del debate por los funcionarios más ecologistas del Gobierno. El Ejecutivo, en opinión del académico javeriano, se sabe apremiado por una situación fiscal crítica y las declaraciones traslucen la urgencia de hallar fuentes para tapar los agujeros que se han abierto en el Presupuesto General de la Nación.

María José Pizarro, Carlos Andrés Santiago y Gustavo Petro en el Congreso, durante el debate de una ley anti-'fracking' en 2021.
María José Pizarro, Carlos Andrés Santiago y Gustavo Petro en el Congreso, durante el debate de una ley anti-'fracking' en 2021.Sebastian Barros (Getty Images)

Todos los anuncios relacionados con Ecopetrol y el negocio de hidrocarburos resultan especialmente sensibles en Colombia. Desde fines del siglo XX, el país apostó la mayoría de sus fichas a una estrategia de crecimiento bastante atada a los dólares producidos por la industria petrolera. Pero la bonanza minera energética, que tuvo sus mejores tiempos a principios del milenio, entró en declive a partir de 2016. Desde entonces, y a pesar de que el precio del barril de crudo se ha mantenido por encima de los 80 dólares este año, el consenso es claro: el futuro para los hidrocarburos a mediano y largo plazo no es promisorio y la diversificación de la base económica es urgente.

Hoy el sector pesa alrededor del 1,3% del PIB y en sus mejores días no llegó a representar más del 7%. Los giros abruptos, mientras el precio del barril se mantenga en escalada y el país no halle motores alternos, son sinónimo de vértigo y suelen llegar con efectos colaterales: “Las palabras del ministro Bonilla tienen todo el sentido para la estabilidad macroeconómica”, asegura Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP). Pearl recuerda que la inversión extranjera directa en petróleo y minería cayó un 51% en abril: “Por eso lo más importante en este momento es garantizar las condiciones de operación”.

Y es que mientras la estabilidad en la cotización del barril se mantiene, a pesar de los conflictos en Medio Oriente y Europa, y las restricciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a la oferta, en Colombia las condiciones de seguridad en las zonas petroleras se ha agudizado. El presidente de la ACP recuerda que el año pasado se promediaron tres bloqueos diarios por parte de comunidades inconformes con diversas situaciones en las zonas de producción petrolera. “Hace más o menos un mes y medio hubo un bloqueo de una semana en el Meta. El impacto anualizado para las finanzas, debido a los barriles que quedaron atrapados, ascendió a 10.000 millones de dólares”, explica Pearl.

Una maraña de factores que derivan en un nuevo interrogante para Tomás González: “En caso de que el anuncio de Bonilla sea realidad, ¿cómo se van a gestionar los permisos que se requieren para alcanzar esos niveles de actividad y entregar esa producción?”. La Agencia Internacional de Energía (IEA) calcula que la producción petrolera del país sostendrá este año el promedio diario de 770.000 barriles. El organismo, sin embargo, ha pronosticado que para finales de 2025 habría una desescalada de hasta 70.000 barriles.

Por eso, el también académico de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales se pregunta en su cuenta de X por los instrumentos que utilizará el Gobierno en un contexto sin incentivos para la inversión, sin perspectivas de nuevos contratos y con la posibilidad de explotar los no convencionales descartada. En paralelo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, ha dejado en suspenso el futuro de las operaciones en la cuenca de Permian, cuyo contrato de comercialización con la Occidental Petroleum (Oxy) termina en 2025. Se trata de un campo petrolero en la frontera entre Texas y Nuevo México, que con su pujante producción aportó 1,716 millones de dólares en utilidades netas y ha matizado los regulares resultados de la compañía de mayoría estatal en 2023.

Roa, que acumula varias investigaciones por cuenta de su rol como gerente de la campaña presidencial de Petro, reconoció en declaraciones a un medio especializado: “Seguimos en evaluación. Está reportando unos buenos indicadores en términos de la rentabilidad del activo y de lo que representa para el Ebitda del Grupo. Y, aunque suene raro pese a ser fracking, es uno de los activos menos contaminantes que tiene Ecopetrol en el momento en el portafolio”.

Se refería a un negocio que se ha puesto a la cabeza de la producción de Ecopetrol con 67.000 barriles diarios extra que se extrajeron de su subsuelo en 2023. No en vano las declaraciones han sembrado algunas dosis de confusión en medio de un Gobierno que, por un lado, promete dar la batalla contra los combustibles fósiles, y por el otro anuncia planes teóricos de explotación para enderezar las cuentas públicas.

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Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.
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