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Andrés Calle, de liberal progresista a aliado incómodo del Gobierno

El joven presidente de la Cámara de Representantes, miembro de una familia de la política tradicional de Córdoba y defensor acérrimo del paquete de reformas de Petro, ha sido acusado de lucrarse con los sobrecostos de la contratación de la UNGRD

Andrés Calle presidente de la Cámara de representantes de Colombia
Andrés Calle, presidente de la Cámara de representantes de Colombia, en noviembre de 2023.Santiago Mesa
Juan Pablo Vásquez

El poder y el protagonismo le llegaron muy joven a Andrés Calle Aguas. Con solo 26 años, en julio de 2018, tomó posesión como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, de donde es oriundo, y logró la reelección para el cuatrienio posterior. Ambos triunfos los obtuvo con el aval del liberalismo, siguiendo la tradición política de su familia, y la antesala de los últimos comicios presidenciales mostraron su inclinación por la izquierda en contraposición a las posturas directivas de un partido variopinto. Hoy, en su condición de presidente de la Cámara de Representantes, es el congresista liberal más cercano al Gobierno de Gustavo Petro y su agenda de cambio. Pero esa afinidad, que lo impulsó mediáticamente entre sectores progresistas, ahora es un lastre que crece con el paso de los días, especialmente después de que fuera acusado de recibir un soborno de 1.000 millones de pesos (250.000 dólares) que provenían de la contratación irregular en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El testigo estrella del esquema de corrupción que se tejió en la institución es su antiguo subdirector, el ingeniero Sneyder Pinilla, exalcalde del municipio santandereano de Sabana de Torres. Luego de crecer en política con el apoyo electoral del coronel y exgobernador derechista Hugo Aguilar, condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia tras comprobar su colaboración con grupos paramilitares a principios del siglo, Pinilla aterrizó en la Subdirección de Manejo de Desastres de la UNGRD de la mano de Olmedo López, un dirigente de la izquierda de Antioquia a quien Petro encargó la dirección de una institución poco visible, pero central en sus designios. Todavía no está claro por qué López, el tercer director de la UNGRD desde la llegada de Petro a la Casa de Nariño, dio su voto de confianza a Pinilla. Aquel nombramiento es el punto de partida de la polémica que empaña al Gobierno Nacional y a sus aliados, entre los que sobresale Calle.

Pinilla, el pasado 3 de mayo y ante los micrófonos de W Radio, admitió su participación en la desviación de recursos en un contrato para adquirir 40 carrotanques que llevarían agua potable al departamento de La Guajira, el más pobre del país. Los precios de la compra, como el propio Gobierno ha reconocido, estuvieron inflados: se desembolsaron 46.800 millones de pesos (cerca de 12 millones de dólares) por los vehículos, con sobrecostos injustificados que rondaban el 50% del valor. Un día después, en entrevista con la revista Semana, Pinilla reveló que en octubre entregó 1.000 millones provenientes de estos dineros a Andrés Calle. El objetivo, según dijo, era impulsar el trámite de las reformas del Gobierno en el Congreso. También señaló a Iván Name, presidente del Senado, de recibir otra porción del dinero, 3.000 millones (750.000 dólares), que fueron pagados a través de Sandra Ortiz, cesada consejera para las Regiones de la Presidencia.

Calle replicó con un comunicado. “Inicialmente, quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar. Es por esto que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, se lee en el documento difundido en su cuenta de X. No dijo más, cerró su agenda a solicitudes de entrevista y redujo sus interacciones en redes sociales. El presidente de la Cámara apostó por la discreción.

Este martes, distintos medios de comunicación dieron a conocer capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp sostenida entre Pinilla y Calle. El contenido, si bien no menciona dinero, muestra que Pinilla contactó a Calle por orden de Olmedo López para que se reunieran durante un viaje que realizó a Montería, la capital de Córdoba. El encuentro se llevó a cabo el 14 de octubre del año pasado, apenas días antes de las elecciones regionales. “Un sitio. Algo reservado, por favor”, pidió el entonces funcionario respecto de la ubicación. Calle, en respuesta, ofreció su apartamento.

Este intercambio de mensajes es una de las pruebas que Pinilla ha entregado a la Fiscalía a cambio de que se le reconozcan beneficios judiciales en su juicio. De ser necesario, ha dicho, señalará a todos los involucrados. “No es justo que quieran enterrar a uno vivo y que todos los demás estén campantes por ahí como si no hubiera pasado nada”, afirmó a W Radio. Esa determinación de quien fue denunciado penalmente por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, representa la mayor amenaza para la aún precoz carrera de Calle, que a sus 32 años atraviesa el episodio más crítico de su vida. Su decisión de rebelarse contra su partido para apoyar a Petro, en su momento aplaudida por muchos, puede terminar siendo contraproducente para él, para el Gobierno y para su familia, llena de políticos activos.

La ruptura

La familia Calle es de Montelíbano, un municipio del sur de Córdoba conocido porque allí se encuentra Cerro Matoso, una enorme mina de ferroníquel. Investigaciones periodísticas han vinculado a los Calle con la extracción ilegal de arenas de un río de la zona. Por esta y otras pesquisas había sido amenazado el periodista Rafael Moreno, quien murió baleado por un sicario en octubre de 2022.

La cabeza del hogar es Gabriel Calle Demoya, padre de Andrés y liberal de toda la vida. Es el alcalde de Montelíbano desde enero, tras triunfar en los comicios de octubre con 19.210 votos, el 46,49% del total. Repite en un cargo que ya había ocupado entre 2012 y 2015. Anteriormente, había sido diputado y dos veces concejal. Las victorias del padre allanaron el camino para que Andrés recibiera el aval del liberalismo en 2018. Solo unos meses después de ganar su curul en el Congreso, Andrés Calle se declaraba admirador de Cesar Gaviria, jefe máximo de la colectividad. Publicaba fotos juntos en sus redes sociales y le llamaba “un guerrero de la democracia”. El paso del tiempo y el creciente apoyo popular por la izquierda distanciaron al joven congresista del expresidente.

En febrero de 2022, en medio de la campaña presidencial, Gustavo Petro visitó Montelíbano. Ese día, en una tarima instalada sobre una cancha de fútbol repleta de sus seguidores, recibió el apoyo de la directiva liberal del municipio. El hermano mayor de Andrés, Gabriel Calle Aguas, fue el encargado de esa declaratoria pública de respaldo. “El pueblo liberal nos hace entrega de sus banderas”, publicó Petro en su cuenta de X. A su lado se ve a Gabriel, quien luce una camiseta alusiva a la campaña de reelección de Andrés al Congreso. Era un aviso: la familia Calle, de a poco, comenzaba a acomodarse en el sector petrista del liberalismo.

El Congreso se posesionó el 20 de julio de aquel año. El presidente de la Cámara para esa legislatura fue David Racero, del Pacto Histórico, quien un cuatrienio antes había cuestionado públicamente la candidatura de Andrés Calle por los vínculos de sus familiares con políticos tradicionales de la costa Caribe. Un año más tarde, paradójicamente, Calle reemplazó a Racero en la presidencia gracias al apoyo de los legisladores de izquierda. Desde entonces, ha demostrado ser leal al Gobierno, defendiendo abiertamente las reformas a pesar de las críticas de algunos de sus copartidarios, incluyendo al expresidente Gaviria. “Lo respeto [a Gaviria] como el hombre de la Constitución de 1991. No obstante, creo que el partido, y él lo sabe, debe hacer una reflexión sobre cómo vamos a enfrentar el futuro”, señaló Calle en una entrevista con EL PAÍS en noviembre. No eran palabras vacías. El desencuentro se había consumado meses atrás.

De cara a las elecciones regionales, celebradas en octubre, los liberales se decantaron por Erasmo Zuleta a la Gobernación de Córdoba, dándole así la espalda a Gabriel Calle Aguas, el hermano mayor de Andrés. A pesar de que el padre de ambos, Gabriel Calle Demoya, fue el candidato liberal a la Alcaldía de Montelíbano, el primogénito tuvo que ver cómo el partido de su familia le hacía competencia. Gracias a los acercamientos de Andrés con el petrismo, el Pacto Histórico le dio el espaldarazo a Gabriel hijo, sumándose así a una postulación que previamente había recibido de los familiares de José Ñoño Elías y Musa Besaile, exsenadores condenados por corrupción en el escándalo de Odebrecht. No fue suficiente para ganar. Zuleta barrió con 532.009 votos, muy lejos de los 271.891 del mayor de los hermanos Calle, quien tuvo que conformarse con una silla en la Asamblea de Córdoba.

No se sabe con certeza si por gratitud, táctica o afinidad, Andrés Calle ha mantenido su compromiso con el Gobierno a lo largo de los últimos meses. Después de la denuncia hecha por Pinilla, surge una nueva posibilidad: que su respaldo irrestricto se deba a un posible soborno. Las autoridades investigan.

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Sobre la firma

Juan Pablo Vásquez
Es periodista de la edición colombiana de EL PAÍS. Nació en Bucaramanga, Santander. Anteriormente se desempeñó como periodista judicial en 'Revista Semana' y de investigación en Caracol Radio y 'Cambio'.
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