La Procuraduría extiende por otros tres meses la suspensión del canciller Álvaro Leyva

En vísperas de que se cumpliera la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, temporalmente inhabilitado a finales de enero por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes, la Procuraduría General de la Nación ha notificado este martes que eso no ocurrirá: la suspensión ha sido prorrogada por otros tres meses. A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público ha explicado que considera que dado que sigue en curso el proceso de licitación, Leyva no debería reintegrarse a la Cancillería, pues “podría darse la reiteración de la falta [que él cometió en el proceso original]”. La medida se extenderá ahora hasta el próximo 24 de julio.

Además de que la Procuraduría no quiere que Leyva participe en el actual proceso de licitación, el comunicado también afirma que la decisión se debe en parte a que está en curso una investigación sobre las actuaciones que llevaron a su suspensión. La entidad teme que el suspendido canciller intervenga en esas indagaciones e influencie a sus subordinados que participan en ella. “De reintegrarse Leyva Durán se activaría la posibilidad de que éste interfiera de manera nociva en el proceso que tiene lugar actualmente, dada la autoridad que éste tiene sobre los servidores públicos que fueron citados como testigos”, se lee en el documento.

Justamente, la decisión se conoció dos horas antes de que comenzara una audiencia de la investigación disciplinaria en contra de Leyva. W Radio reportó la mañana de este martes que la defensa del canciller, encabezada por el abogado Mauricio Dueñas, iba a pedir que no se prorrogara la suspensión. Estaba citada a declarar este martes la directora de asuntos migratorios consulares y servicio al ciudadano del Ministerio, Marta Patricia González. Este miércoles están citados tres funcionarios más.

El canciller encargado

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, seguirá entonces en el puesto hasta el 24 de julio. Desde que ha estado en el cargo, el también embajador en Estados Unidos ha navegado aguas turbulentas. Por ejemplo, luego de algunos roces por las críticas del presidente Gustavo Petro al proceso electoral venezolano, los Gobiernos de ambos países limaron asperezas. El canciller venezolano, Yvan Gil, incluso propuso en abril que Colombia sea observadora durante las presidenciales del 28 de julio. Murillo reveló la propuesta en una rueda de prensa conjunta, aunque Bogotá todavía no la ha aceptado. Enfatizó a medios que le gustaría que se contase también con veedurías de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, hace dos semanas, cuando Estados Unidos amenazó con reactivar las sanciones a Venezuela como medida de presión electoral, Murillo recordó que Colombia está en contra de esas medidas. “Nosotros no le hemos hecho ninguna recomendación al Gobierno de los Estados Unidos, más allá de que nosotros sostenemos que las sanciones unilaterales de un país no deberían existir. (...) No estamos de acuerdo con sanciones ni contra Venezuela, ni contra Cuba, ni contra nadie”, dijo. Una semana más tarde, el pasado miércoles, el Gobierno de EE UU anunció el regreso de las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, al considerar que el régimen chavista no había cumplido todos sus compromisos para poder celebrar elecciones libres en ese país.

Murillo también ha jugado un rol clave en las relaciones con Ecuador. El 2 de abril, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfield, para discutir un tema de mucha importancia: la repatriación, solicitada por Ecuador, de unos 1.500 colombianos que se encuentran presos en el país vecino, donde una crisis carcelaria y de seguridad se profundiza. Tras la reunión, la Cancillería explicó que estaba examinando qué acciones tomar. El canciller encargado también se reunió en Bogotá el viernes pasado con su homóloga argentina, Diana Mondino, para hacer las paces luego de que los presidentes de ambos países intercambiaran insultos y provocaran una crisis diplomática que duró varias semanas. En el punto más álgido, el ultraderechista argentino Javier Milei tildó de “asesino terrorista” al izquierdista colombiano.

Los pasaportes

Sobre el lío que lo empezó todo, la enredada licitación de los pasaportes, Murillo se pronunció el pasado 5 de marzo. Explicó que la empresa Thomas Greg & Sons, en el centro de la polémica, no se había ganado el contrato y que la licitación de 2023 seguía suspendida. “Este es un proceso que hay que revisarlo. No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, dijo.

Efectivamente, el canciller Leyva fue suspendido a finales de enero por declarar desierta la licitación de los pasaportes, cuando Thomas Greg & Sons cumplía las condiciones. La multinacional fabrica los pasaportes colombianos desde hace 18 años. En mayo pasado, a pocos meses de que terminara el contrato que tenía, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una licitación para elegir la próxima compañía que se encargaría de ello. Otras firmas se presentaron, pero solo Thomas Greg & Sons cumplía con los requisitos, por lo que quedó como único proponente habilitado en medio de quejas de los demás.

Ante eso, el presidente argumentó que en su mandato no se entregarán licitaciones cuando haya un solo proponente habilitado, a pesar de que la ley lo permite. “Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, explicó en X. En junio, el canciller Leyva hizo caso a su jefe. Suspendió temporalmente el proceso licitatorio y prorrogó temporalmente el contrato vigente con Thomas Greg & Sons. Había empezado una larga historia de suspensiones de contratos, demandas y enredos jurídicos, que todavía no ha terminado.

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