Luis Gilberto Murillo sobre los pasaportes: “No vamos a firmar un nuevo contrato”

Tras una semana de silencio, el Gobierno ha vuelto a pronunciarse este martes sobre la enredada licitación de los pasaportes. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró en entrevista con Avanza el Cambio, el medio del Ejecutivo, que la empresa Thomas Greg & Sons no se ha ganado el contrato y que la licitación de 2023 sigue suspendida. “Este es un proceso que hay que revisarlo. No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, dijo. Añadió que, con la idea de “salir con una posición de Gobierno”, ha elevado consultas y ha planteado una estrategia a la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República y a Colombia Compra Eficiente, la entidad encargada de mejorar las compras públicas. Murillo añadió que el Gobierno busca “una solución que sea aceptable y que sea la que más beneficia a la sociedad”. Dijo que las discusiones han “avanzado bastante en los últimos días”, pero que todavía es temprano para dar más detalles: “Próximamente haremos los anuncios a la opinión pública”.

También se refirió, sin mencionar su nombre, al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien protagonizó la semana pasada dos capítulos más del proceso de licitación cuando firmó, sin consultar al ministro, una resolución que entregaba el contrato, valorado en 599.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), a la empresa Thomas Greg & Sons. Esa actuación revocaba la decisión de declarar desierta la licitación de los pasaportes, decretada meses atrás por su jefe, el canciller Álvaro Leyva ―suspendido a finales de enero por la Procuraduría por esa decisión—. El presidente Gustavo Petro despidió a Salazar horas después y lo llamó traidor. Al día siguiente, Murillo argumentó que Salazar “no tenía competencia” para revivir la licitación y adjudicarla. Este martes, el canciller encargado criticó de nuevo a Salazar: afirmó que el Gobierno no quiere “entrar en esa discusión, que algunos tildan de tinterillo de pueblo, que han iniciado exfuncionarios de la Cancillería”.

Petro versus Thomas Greg & Sons

Thomas Greg & Sons fabrica los pasaportes colombianos desde hace 18 años. El presidente ha decidido que no quiere que siga así. En mayo pasado, a pocos meses de que terminara el contrato que tenía la empresa, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una licitación para elegir la próxima compañía que se encargaría de ello. Once empresas se presentaron, incluidas una alianza colombo-lusa entre Cadena y la Casa de la Moneda de Portugal, la alemana Veridos o la francesa IN Groupe.

En el proceso, el Ministerio recibió más de 400 quejas de los proponentes, que, entre otras cosas, argumentaban que el plazo de solicitudes era demasiado corto y favorecía al entonces contratista ―anteriormente habían pedido que el proceso se abriera con mayor antelación―. Tras la revisión de todos los documentos, los abogados de la entidad encontraron que solo Thomas Greg & Sons cumplía con los requisitos, por lo que quedó como único proponente habilitado.

Ante eso, el presidente argumentó que en su mandato no se entregarán licitaciones cuando hubiera un solo proponente habilitado, a pesar de que la ley lo permite. “Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, explicó en X. En junio, el canciller Leyva hizo caso a su jefe. Suspendió temporalmente el proceso licitatorio y prorrogó temporalmente el contrato vigente con Thomas Greg & Sons. Había empezado una larga historia de suspensiones de contratos, funcionarios, demandas y enredos jurídicos, que todavía no ha terminado.

El viernes pasado, Petro dio más detalles sobre por qué no quiere que la multinacional se quede con el contrato. “Hacen las cédulas, tienen toda la base de la nacionalidad colombiana, por una parte y, por otra parte, la Registraduría les entrega el software de escrutinio de las elecciones. Juntan ambas y tiene usted la posibilidad que una empresa privada realice el fraude en Colombia”, aseguró a medios desde la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en San Vicente y las Granadinas.

No fue la primera vez que acusó a la empresa de dañar el sistema electoral colombiano. El 27 de febrero, tuiteó que “lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia”. “En el último año han logrado que Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos Bautista [empresarios que a lo largo de los años han tenido vínculos con políticos derechistas como los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana] y con lobby de políticos muy pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo controlar el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas Gregg & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, declaró.

Este lunes el exregistrador delegado Jaime Hernando Suárez, que tiene más de dos décadas de experiencia en la Registraduría, desmintió a Petro en Caracol Radio. Dijo que la Registraduría no es la única entidad encargada de la realización del proceso electoral, y que “solo brinda apoyo logístico”. “Aquí intervienen todas las autoridades del Estado colombiano, este es un proceso de Estado que está inclusive coordinado por las Comisiones de seguimiento electoral nacionales, departamentales y municipales y la nacional está presidida por el presidente de la República y en representación de él, el ministro del Interior. Allá es que se toman todas las decisiones del Estado, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, explicó. Agregó que las declaraciones de Petro “son impactantes (...) porque el sistema electoral colombiano es muy fuerte”.

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