Petro muestra sus cartas

Una lectura de las acciones del Gobierno de Gustavo Petro en los dos primeros meses de este año nos habla de: la pretensión del presidente de hacerse a superpoderes en el manejo del presupuesto; de indolencia en lo que tiene que ver con la situación de las tarifas del servicio de energía; de arbitrariedad y dedazos -según el caso- en los procesos licitatorios; de corrupción en el proceso de adquisición y puesta en marcha de carrotanques para llevar agua a La Guajira; y de impunidad con la llegada del ex paramilitar Salvatore Mancuso, además de la pretensión de una ley de punto final. Explico por qué.

El Gobierno presentó un borrador decreto para observaciones que busca intervenir en las vigencias futuras de las que dependen las principales obras de inversión en el país, después de haber intentado eliminar las destinaciones específicas del presupuesto general de la nación. El objetivo, según el presidente, es castigar las obras atrasadas y destinar con mejor criterio los recursos. Claramente el presidente de la República no confía de su equipo de Gobierno o definitivamente desprecia los conceptos técnicos y privilegia los puramente políticos, pues existe una institucionalidad, en la que el presidente tiene asiento, como son el Confis y el Conpes, desde la cual, tiene garantizada su intervención.

Como si fuera poco, pretende reformar la ley de servicios públicos, básicamente para que la regulación del sector quede en su cabeza, interviniendo a su gusto en las comisiones reguladoras como la CREG, sin realmente tocar lo fundamental, que es la injusticia en las tarifas que se cobran al usuario, sin aclarar la ruta de la transición energética, en una clara búsqueda de acumulación de poder y sobre todo de indolencia frente a las verdaderas necesidades como las tiene el Caribe colombiano, donde ya se apaga poco a poco la luz de esperanza.

El comportamiento presidencial entonces parecería privilegiar las medidas que se pasan la ley por la faja. Si nos vamos al caso de la adjudicación de la licitación para producir los pasaportes, realizada por el secretario general de la Cancillería en plena facultades de sus funciones, y luego destituido por traición -según el presidente Petro-, y los posteriores intentos por impedir que el acto administrativo, que quedó en firme en favor de la empresa Thomas Greg, nos encontramos con una especie jugada interna que tendría como único favorecido al suspendido canciller Álvaro Leyva, que podría volver a su cargo al desaparecer las causales que ocasionaron su obligado retiro.

Ojalá no fuera así, y se tratara de un funcionario que al recobrar sus funciones resolvió en favor de que los colombianos, más o menos un millón, puedan tener garantizado el servicio de expedición del documento, pero las últimas salidas de los funcionarios a órdenes del presidente solo hablan de arbitrariedad, una especie de acuñar: “el Estado soy yo y me paso por la faja la ley”.

Por lo menos curioso que la ley de contratación le parezca injusta al presidente cuando privilegia a un solo proponente, pero le sirve cuando se trata de adjudicar a dedo, como ha ocurrido con casi el 80% de los 800 contratos firmados por el Departamento Administrativo de la Presidencia, vía contratación directa.

Y no solo estamos presenciando un intento por acumular poder, gestionar la política pública sin controles y usar la ley a su acomodo, estamos presenciando actos de corrupción: se destaparon las irregularidades contractuales en la compra de carrotanques para llevar el agua a la sedienta Guajira: carrotanques que no pueden operar en las trochas de ese departamento, por su peso y el peso adicional del agua que cargan, que no son técnicamente viables, pero que además, tuvieron sobrecostos, y se quedaron parqueados mes y medio, y fueron contratados con una empresa de papel, con el concurso de los políticos de la región liderado todo por el renunciado director de la Unidad de Gestion del Riesgo, Olmedo López.

Y para cerrar le vemos la cara de frente a la impunidad. Regresó Salvatore Mancuso como gestor de paz a Colombia, el paramilitar que tiene más de 42.000 hechos criminales por responder, quien debe ser sometido a prueba sobre la verdad, ojalá no acomodada, que debe entregar, y recibe ahora el título de pacificador, en momentos en que el suspendido canciller suspendido Álvaro Leyva pide ante el pleno de Naciones Unidas un tribunal de cierre para todos, ex guerrilleros y criminales que cualquier pelambre, porque la JEP, la Justicia Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional, ya no le sirve ni a él ni a los excombatientes de las FARC, preciso en momentos que se anuncian sus condenas o castigos.

Algunos de los ministros de este Gobierno, en su idoneidad y respeto por la ciudadanía están trabajando con la honestidad que requiere su cargo, pero mientras el presidente, su líder, actúe como un vengador de lo que llama el status quo de la corrupción del pasado, y se la pase auto garantizándose poderes cual autócrata sin freno, no será posible salir de este atolladero, del que solo nos salva por ahora, la disminución en las cifras de inflación y desempleo, que tan poco parecen muy sostenibles.

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