El Gobierno de Petro enfrenta una semana de vértigo en el Congreso

El tiempo se agota para las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro. Cada vez quedan menos días para que el Congreso de la República discuta y apruebe los proyectos de ley que buscan transformar de raíz el sistema de salud y el régimen pensional de millones de colombianos. Se trata de dos cambios estructurales que ahondarían en la idea de transformar al país con la que llegó Petro a la Presidencia, pero que por ahora no ha logrado concretar. Para no hundirse, estas dos reformas deben terminar con éxito su trámite antes del 20 de junio, en menos de tres meses. Esta semana será definitiva y marcará la relación del Gobierno con el Congreso en lo que queda del periodo legislativo. La reforma a la salud se debatirá en la mañana de este martes por primera vez en el año en la Comisión Séptima del Senado. La pensional enfrentará por fin el debate de fondo sobre el contenido del proyecto el martes en la tarde durante la plenaria del Senado. ¿Se pueden salvar dos de las promesas de campaña más importantes del presidente?, ¿cómo están las fuerzas del Gobierno en el Senado?, ¿la propuesta de Petro de asamblea constituyente enturbió aún más el difícil panorama de las reformas?

Una persona que trabaja como enlace del Gobierno en el Congreso, y que prefirió no dar su nombre, le explicó a EL PAÍS que es muy difícil revivir la reforma a la salud. “Si la citan, la hunden”, dice por teléfono. El proyecto bandera del presidente Petro, que le generó la primera gran crisis de gabinete, y que le ha consumido buena parte de su capital político, está al borde del abismo después de que 8 de los 14 senadores de la Comisión Séptima firmaran hace unas semanas una ponencia para archivarlo. Los senadores firmantes hacen parte de los partidos del centro y de la derecha Centro Democrático, Conservador, Liberal, ASI y Colombia Justa y Libres. Todos reconfirmaron por medio de un comunicado de prensa que por ningún motivo cambiarán el sentido de su voto. “No retiraremos las firmas de la ponencia negativa, no cambiaremos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos, es insostenible”.

En ese escenario, el Gobierno tiene dos alternativas para tratar de salvar la reforma. De acuerdo con un informe reciente sobre el trámite de las reformas hecho por la empresa asesora Vali Consultores, la primera opción es modificar el cuórum, es decir, el número de senadores necesarios para tomar una decisión: “El cuórum de la Comisión son ocho senadores. Este podría ser modificado si se genera la aprobación de impedimentos o recusaciones”. Al disminuirse la cantidad de senadores que pueden participar en la discusión, el Gobierno podría recuperar las mayorías.

El principal motivo de las recusaciones que están en trámite es el posible conflicto de interés porque los partidos de los parlamentarios recibieron dinero de dueños de dos EPS durante la campaña al Congreso en 2022. Cómo mostró EL PAÍS en un artículo reciente, el grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS, financiaron las campañas al Congreso de estos senadores. Por ahora, la decisión de aceptar o no las recusaciones está en manos de la comisión de ética del Senado, compuesta por 10 senadores: Martha Peralta, Isabel Cristina Zuleta e Imelda Daza, del Pacto Histórico; los conservadores Miguel Ángel Barreto y Carlos Andrés Trujillo; los liberales John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría; Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical; Julio Elías Chagüi, de La U; Jonathan Ferney Pulido, de la Alianza Verde; y Andrés Guerra Hoyos, del Centro Democrático. Allí, el Gobierno no tiene mayorías claras, pero tampoco está derrotado.

La segunda posibilidad de revivir la reforma es a través de una ponencia alternativa, radicada la semana pasada por el senador Fabián Díaz, del Partido Verde y afín al Gobierno. Díaz era el único senador de la comisión que no había firmado la ponencia que apoyaba la reforma ni la que la hundía. El texto del proyecto fue criticado por algunos sectores que defienden el sistema actual porque, según ellos, mantiene el espíritu de la reforma del Gobierno. Sin embargo, puede servir como puente entre senadores que tienen la intención de realizar cambios sobre el sistema de salud en Colombia, pero no encuentran en la propuesta del Gobierno Nacional la respuesta a las necesidades. En este caso, dice el informe de Vali, los senadores de la bancada de Gobierno y los de oposición deben ceder ante los planteamientos de la nueva propuesta legislativa y puedan llegar a un acuerdo.

La sesión de este martes será clave para saber si los impedimentos y las recusaciones prosperan o si el Gobierno, a través de su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, logra recuperar algunos votos de los opositores. Sin embargo, lo más probable es que la reforma se hunda. En ese caso, la ponencia debe ser sometida a votación y obtener 8 votos o más para que se proceda a archivar. El Gobierno Nacional no puede retirar por cuenta propia el proyecto de ley. Sería una de las peores derrotas políticas del presidente Petro. Su compromiso con la reforma a la salud, para unos, y su obsesión, para otros, lo llevó a proponer una Asamblea Nacional Constituyente. Su idea, que después matizó, generó el rechazo unánime del Senado. Congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, de las bancadas independientes de los partidos Liberal, Conservador y La U, e incluso algunos de la Alianza Verde y del Pacto Histórico han expresado la inconveniencia, el riesgo y la poca necesidad de una Constituyente.

El panorama de la reforma pensional es un poco más alentador que el de la salud, pero tampoco parece fácil. Los senadores del Gobierno mantienen la esperanza de llegar a un gran acuerdo en la plenaria del Senado, que permita que el proyecto siga su curso en la Cámara de Representantes, donde le esperarían dos debates adicionales. El primero en la Comisión Séptima, donde el petrismo puede alcanzar las mayorías, y el último en la plenaria, que el semestre pasado aprobó la reforma a la salud. Por eso, el principal problema con este proyecto de ley es pasar el gran obstáculo de la plenaria Senado.

Además de conseguir las mayorías, tendrán que correr contra el tiempo. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lo reconoció la semana pasada en diálogo con medios de comunicación: “Tenemos un problema grande que hay que solucionar y es la estrechez de los tiempos. La reforma estuvo cinco meses sin debatir. Estamos esperando que en la semana de Pascua (esta) podamos discutir el articulado que haga posible que Colombia tenga una reforma que dignifique la vejez de los colombianos”.

Ramírez no lo dice, pero se refiere a las estrategias que durante semanas ha usado la oposición para impedir el debate: salirse del recinto a la hora de votar para descompletar el cuórum y obligar a aplazar la discusión. Hace unos días, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, resumió la estrategia de su partido para impedir el avance del proyecto: “Nuevamente logramos hundir el cuórum para detener la discusión sobre la pensional. Estén atentos a cuáles senadores están haciendo cuórum al Gobierno para que pase esa reforma que vuelve al país absolutamente inviable. Firmes en la lucha contra esta reforma”. Valencia argumenta que salirse de la plenaria es un mecanismo legal y legítimo para evitar el debate de las reformas con las que no están de acuerdo. Si el Gobierno tuviera más apoyos, la cifra no dependería de la presencia de congresistas opositores. El informe de Vali Consultores lo confirma. “Desde el inicio del periodo legislativo, el proyecto de ley solo ha avanzado en la votación de impedimentos presentados por los senadores para participar en la discusión, dado que el Gobierno Nacional no ha logrado consolidar la mayoría simple requerida para avanzar en las votaciones”.

En el orden del día de la plenaria de este martes está una proposición del senador liberal Alejandro Chacón que busca crear “la Comisión Accidental de la Reforma Pensional entre senadores de todos los partidos políticos para buscar consensos sobre la viabilidad técnica y financiera del sistema pensional”. La idea de Chacón, que no ha disgustado al Gobierno, sería discutir las dos ponencias de reforma, una positiva, presentada por el Pacto Histórico y otra alternativa, presentada por la senadora Norma Hurtado del Partido de la U. Esa comisión podría resolver la principal diferencia que separa ambos proyectos: el nivel del umbral a partir del cual se debe cotizar. La reforma de Petro propone que todas las personas que ganen hasta tres salarios mínimos coticen en Colpensiones, mientras que la reforma alternativa dice que solo coticen en el sistema público quienes ganen entre 1 y 1,5 salarios mínimos.

Independiente de si la comisión accidental prospera, el principal escollo para Petro está en conseguir algunos votos de los partidos que antes hacían parte de la coalición de Gobierno. Si pueden convencer a senadores del partido Liberal y de la U, la balanza se inclinaría en favor de la reforma que busca darle un ingreso digno a más de dos millones de adultos mayores que hoy en día no reciben pensión.

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