La JEP anuncia el primer proyecto para que los culpables de crímenes graves paguen una sanción alternativa

En la mañana de este miércoles Roberto Carlos Vidal, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que el próximo dos de abril se inaugurará el primer proyecto del sistema restaurativo con el que esa justicia transicional, que nació tras el Acuerdo de paz con las extintas FARC en 2016 y procesa los casos más graves de los delitos más representativos en medio siglo del conflicto armado de Colombia, sancionará a los responsables que aporten a la verdad y acepten su responsabilidad. ‘Siembras de vida’ iniciará como un plan piloto en el que participarán 48 militares, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Con este proyecto, la JEP propone que los responsables puedan realizar acciones reparadoras en zonas diferentes a donde cometieron sus delitos. Los victimarios, considera el tribunal, no deben reparar únicamente a sus víctimas directas, ni a las del mismo fenómeno por el que han aceptado su responsabilidad, sino a toda la sociedad colombiana. Por esa visión global de la reparación, algunos militares que participaron en el criminal fenómeno de asesinar a de civiles para hacerlos pasar por muertos en combate conocido como falsos positivos, y lo hicieron en la región del Catatumbo, van a participar en un proyecto a centenares de kilómetros de allí. Siembras de Vida consiste en trabajos de restauración ecológica en las zonas montañosas de Usme, una localidad del sur de Bogotá. En concreto, sembrarán árboles, realizarán acciones de adecuación de suelos, apoyarán el control de espcies invasoras y realizarán mantenimiento ambiental en la zona.

Vidal explica que inicialmente el proyecto iba a arrancar en la zona rural de Sumapaz, más al sur, pero que, debido a que allí hacen presencia grupos armados de las disidencias de las FARC, replantearon la ubicación para asegurar la seguridad. Vidal argumenta que la localización actual es ideal. “Ese triángulo entre Usme, Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, en Soacha, es muy significativo [...] porque allí está la mayor concentración de víctimas de desplazamiento interno”, aseguró el presidente de la JEP en referencia a tres zonas empobrecidas de la capital del país y un municipio conurbado. Explicó que la JEP trabajó la idea con la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López y que el nuevo alcalde, Carlos Fernando Galán, se sumó al proyecto. El presidente del tribunal transicional aclara que también hay respaldo del Gobierno Nacional, en especial el de Otty Patiño, alto comisionado de Paz de la Presidencia.

Ana María Mondragón, magistrada auxiliar de la Sección de Reconocimiento de la JEP, explica que este está pensado como un “banco de proyectos” alrededor de siete líneas de trabajo, creadas a partir del acuerdo de paz de 2016 que creó esa justicia transicional, y de las peticiones de las víctimas. Las líneas son la educación en riesgos de minas antipersonales y desminado humanitario; mejorar la infraestructura rural y urbana; proteger la naturaleza, el medio ambiente y el territorio; contribuir a la memoria y a la reparación simbólica; la búsqueda de personas desaparecidas; la educación y la alfabetización; y las demandas de grupos diferenciales como niños, niñas y adolescentes, pueblos étnicos o personas con discapacidad. La idea que es los responsables participen en más de una línea, con el tiempo suficiente para que “reparen diferentes daños, territorios y poblaciones”.

Para Vidal, el presidente de la JEP, estas sanciones buscan “la mayor garantía posible para la no repetición”, y por eso cuidan la estabilidad económica de los exguerrilleros o antiguos militares. Para lograrlo, las actividades restaurativas se realizarán de lunes a sábado en un horario flexible, que les permita mantener sus trabajos u otras fuentes de ingresos y tener tiempo con su familia, para fortalecer su arraigo en la sociedad.

Además de ‘Siembras de Vida’, hay tres proyectos en fase de planeación. Uno está en Antioquia, y busca promover la educación en riesgo de minas; otro en Nariño, donde se iniciará un proceso de recuperación de la infraestructura rural junto a la comunidad indígena Awá. Mondragón aclara que los proyectos buscan evitar “un escenario de impunidad” y por eso, pese a que aún la JEP no ha emitido las sentencias definitivas, busca que los llamados comparecientes “trabajen desde ya” en la reparación a las víctimas.

Los proyectos son el primer paso para uno de los asuntos más candentes que tiene la JEP entre manos, las llamadas sanciones propias. Se trata de las penas especiales que deberán cumplir los comparecientes que sean hallados culpables por crímenes y acepten esa responsabilidad antes de iniciar un juicio. Según explica el tribunal, esas sanciones “traen como consecuencia la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) e implican un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”. Hasta el momento, el tribunal no ha determinado cuáles serán esas sanciones propias, que pueden dar pie a un debate intenso acerca de cuán duras o leves son esas penas.

De hecho, solo la cercanía de esa definición ha llevado a que siete antiguos miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC haya enviado una carta al presidente Gustavo Petro en la que señalan a la JEP de apartarse de la esencia del Acuerdo y advierten de la posibilidad de apartarse de las decisiones de esa justicia.

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