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La propuesta del uribismo en Antioquia: financiar carreteras con donaciones ciudadanas

La iniciativa llega en medio de una disputa entre la Gobernación, encabezada por el derechista Andrés Julián Rendón, y el Gobierno Nacional por la falta de priorización de las vías del departamento en el presupuesto nacional

Trabajadores en la construcción del túnel del Toyo, en Canasgordas (Departamento de Antioquia), en marzo de 2023.
Trabajadores en la construcción del túnel del Toyo, en Canasgordas (Departamento de Antioquia), en marzo de 2023.Edinson Ivan Arroyo Mora (Bloomberg)
Juan Pablo Vásquez

Que los ciudadanos presten o donen dinero para construir vías. Esa es la más reciente propuesta del uribismo en el departamento de Antioquia, su principal fortín. La idea, de entrada, parece una obviedad porque una porción de los impuestos suele destinarse para la construcción de obras públicas, como autopistas y carreteras. No obstante, esta iniciativa tiene una particularidad: los recursos no pasarían por el Estado. El expresidente Álvaro Uribe, antioqueño y el mayor fenómeno político de la derecha en Colombia durante las últimas cinco décadas, fue quien ventiló la proposición en redes sociales.

“Sin el Gobierno Nacional, incluso, deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia de interés para todo el país. Enfrentemos este desafío cívico. Que un millón de antioqueños aporten, aportemos, de a un millón de pesos [250 dólares], unos más, otros menos. Unos a título de donación y otros a título de préstamo”, asegura en un video que publicó en su cuenta de X, y en el que sugiere que el gobernador, alcaldes, empresarios y trabajadores se encarguen de dirigir el proceso de recaudación. “Salgamos adelante, enfrentemos este desafío cívico. Hemos podido con cargas mayores”, concluye el exmandatario.

Álvaro Uribe en una conferencia de prensa en noviembre, en 2023.
Álvaro Uribe en una conferencia de prensa en noviembre, en 2023.Carlos Ortega (EFE)

Su mensaje apela al orgullo de los habitantes de la segunda región más poderosa del país —representó el 15,1% del PIB en 2022, superada sólo por Bogotá— y propende por la unificación de esfuerzos entre el sector público y privado, una alianza que se convirtió en un modelo de gobernanza en Antioquia y Medellín durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Las posibilidades de que la proposición tenga acogida no son bajas. Uribe es el líder más popular entre los paisas. Fue concejal y alcalde de Medellín en los ochentas y gobernador de Antioquia en los noventa, además de contar con altísimos índices de popularidad. Prueba de ello es que nunca perdió una sola elección presidencial en el departamento. Ganó de forma apabullante cuando él era candidato, en 2002 y 2006, y después triunfaron siempre los aspirantes a los que dio su apoyo: Juan Manuel Santos, en 2010; Óscar Iván Zuluaga, en 2014; Iván Duque, en 2019; y Federico Gutiérrez, en 2022.

El expresidente es lo suficientemente respetado y querido para abrirle espacio a su propuesta, pero obtuvo el apoyo del actual gobernador Andrés Rendón, quien pertenece a su partido, el Centro Democrático, y ganó los comicios regionales del año pasado con 953.448 votos, casi 350.000 más que el segundo. Citando la publicación de Uribe, Rendón le expresó su respaldo. “Excelente iniciativa, presidente, vamos a sacarla adelante. Los antioqueños superamos los obstáculos y nos hacemos más fuertes con ellos. Seguro la empresa privada y otros se sumarán”.

Andrés Rendón en San Antonio de Pereira, en noviembre de 2023.
Andrés Rendón en San Antonio de Pereira, en noviembre de 2023.Luis Bernardo Cano

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La propuesta de Uribe refleja una situación concreta de la construcción de carreteras en Antioquia. Al final de su segundo mandato como presidente encargó la preparación de un sistema de vías de doble calzada para su departamento, que llamó Autopistas de la Montaña, a la empresa de mayoría estatal ISA. Su sucesor, Juan Manuel Santos, rebajó la relevancia de esas vías: movió el proyecto de la compañía con sede en Medellín a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de su creación, y sumó nuevas vías para lanzar, en 2012, su programa de concesiones viales de cuarta generación (4G). Más de una década después, algunos tramos no han sido incluidos, incluyendo tres en Antioquia, tasados en 3,5 billones de pesos (1.150 millones de dólares).

El gobernador Rendón ha manifestado su inconformidad con el Gobierno Nacional por su decisión de no priorizar estas vías en el presupuesto nacional de 2024, que ve como una retaliación política. Lo ha hecho desde finales de octubre de 2023, en fechas electorales, y ha insistido de forma recurrente sobre el tema. El pasado 9 de marzo, mientras daba un discurso en Donmatías, un municipio al norte de Medellín, hizo sentir nuevamente su malestar. “Le pido al Gobierno Nacional que, así como nosotros en la noche del 29 de octubre [día de las elecciones regionales] dejamos atrás las campañas, que él, así sea dos años después, deje atrás la campaña. Los colombianos y los antioqueños necesitamos al Gobierno Nacional y lo necesitamos haciendo o dejando hacer”, afirmó sobre un atril.

Esas palabras tienen un contexto particular en Rendón. El gobernador se ha pronunciado abiertamente en favor de la implementación del federalismo en Colombia, lo que incrementaría las potestades suyas y de los demás gobernadores, y ha sugerido varias veces que el presidente Gustavo Petro no tiene interés de invertir en Antioquia porque este departamento votó en su contra en las elecciones presidenciales. El primer mandatario no pasó del 35% y fue derrotado en primera y segunda vuelta por Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, respectivamente. Que ahora Rendón apoye la iniciativa del expresidente Uribe es coherente con ese discurso de oposición y le permite mostrarse como una alternativa ante la falta de ejecución del poder central.

La versión del Gobierno, sin embargo, difiere de esa percepción. William Camargo, ministro de Transporte, señaló a EL PAÍS que el motivo es otro, la falta de recursos y la necesidad de distribuirlos por todo el territorio nacional. “Lo que se planteó fue no hacer obras adicionales a las ya contratadas en las concesiones. Por una situación habitual, que en las concesiones hemos desaconsejado, cuando arrancan los proyectos aparecen obras adicionales, que suben el valor que debe pagar el Estado”, advirtió en octubre.

Rendón comunicó que ya está estudiando cómo materializar la eventual donación y préstamos de ciudadanos. El camino es largo para que se convierta en realidad la propuesta. Lo que sí es seguro es que ya tuvo un impacto mediático.

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Juan Pablo Vásquez
Es periodista de la edición colombiana de EL PAÍS. Nació en Bucaramanga, Santander. Anteriormente se desempeñó como periodista judicial en 'Revista Semana' y de investigación en Caracol Radio y 'Cambio'.
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