Andrés Julián Rendón: “Tengo claras las prioridades de Antioquia; si el presidente las tiene embolatadas, es problema de él”

Andrés Julián Rendón (Rionegro, Antioquia, 45 años) ocupará desde el 1 de enero uno de los cargos más visibles de la política colombiana: la Gobernación del poderoso departamento de Antioquia. Será el mandatario más relevante que tendrá el opositor Centro Democrático, el partido de derecha que lidera el expresidente antioqueño Álvaro Uribe Vélez.

Recibe a EL PAÍS en la plaza de San Antonio de Pereira, un corregimiento de Rionegro, el municipio en el que nació y del que fue alcalde entre 2016 y 2019. Antes de iniciar la entrevista, saluda de mano o de beso a las personas sentadas al aire libre, en la terraza de una cafetería. Les entrega un folleto de agradecimiento por haber votado por él ―todos, ellos y él, asumen que así lo hicieron―. A lo largo de la charla lo interrumpen cinco personas más, para saludarlo y felicitarlo. Una le pide ayuda para conseguir un trabajo. A todos les sonríe, con el orgullo, dice, de ser “el gobernador más montañero desde que hay elección popular [es decir, desde 1993]”.

Pregunta. ¿Cómo evalúa al departamento hoy?

Respuesta. Antioquia sufre de unos dolores muy grandes. Por cuenta de la paz total del Gobierno, enfrentamos una inseguridad como la de hace 20 años. Dos millones de antioqueños aguantan hambre. La violencia contra las mujeres está exacerbada: de 55 feminicidios en 2022, pasamos a más de 90 en lo corrido de 2023. Hay que enfrentar esos dolores sin dejar de hacer lo importante. Hay 26.000 kilómetros de vías destruidas; el 90% de las escuelas no tiene internet; las unidades hospitalarias no tienen capacidad de resolución; hay un déficit de 600.000 unidades de vivienda y grandes carencias de servicios públicos. Aunque Antioquia es el segundo departamento con mayor extensión costera sobre el Caribe después de La Guajira, en las playas bellísimas de Urabá no hay agua potable para construir hoteles.

P. ¿Cómo enfrentarlo desde una Gobernación? Todas tienen pocos recursos...

R. Sí, los departamentos solo tienen las rentas de la Colonia, como licores y juegos de azar, y ahora con los impuestos vehicular y a la gasolina. Son pequeños en recaudo y buscan desincentivar el consumo de bienes con efectos negativos. En la medida en que los ciudadanos tienen prácticas más saludables o más amigables con el ambiente, tienden a decrecer.

P. Pero Antioquia es socia de Hidroituango...

R. Ahí hay dos problemas. Uno es que la obra ha tenido unos sobrecostos de 2,5 veces lo presupuestado, que debe pagar; otro es que en el contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que la hiciera se acordó que solo pagará 100 pesos por kilovatio a los dueños (la misma EPM como minoritaria, y el departamento como mayoritario). Como hoy se paga a más de 1.000 pesos en la bolsa de energía y se pacta a unos 300 en los contratos de largo plazo, hay margen para negociar ese precio con Federico Gutiérrez, quien, como nuevo alcalde de Medellín, va a presidir la junta de EPM.

Con él tengo facilidad de diálogo y empatía. No solo porque fuimos fórmula electoral en octubre, sino por los antecedentes y por su mirada. En 2016, cuando llegué a la Alcaldía de Rionegro, no teníamos agua potable. Vendimos la empresa de acueducto a EPM. Federico, como alcalde de Medellín, lideró una inversión de medio billón de pesos. Ahora tenemos agua sin color, sin olor y sin sabor, y se está construyendo la planta de aguas residuales más moderna de América Latina. Cuando le pregunté por qué fue tan generoso con Rionegro, me respondió que si EPM podía invertir 1.500 millones de dólares en Chile y Centroamérica, con más razón acá. “Uno merca para la casa”, decía.

P. ¿Depende entonces de Hidroituango?

R. No. Mi propuesta para el mediano plazo es un referendo de autonomía fiscal para los departamentos. No se trata de federalizar a Colombia, sino de que la Constitución establezca que solo los departamentos puedan grabar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas. Es análogo a lo que dicen los gravámenes a la tierra para los municipios.

Con eso, 27 de los 32 departamentos casi duplicarían sus ingresos. En 2022, la Nación recogió 30 billones de pesos en tributos en Antioquia, y le giró apenas cinco billones; con el referendo, serían entre 13 y 15 billones. Eso sí, tendremos que pensar un esquema diferente para los departamentos de la Amazonía o para San Andrés, que no tendrían ese mismo impulso, pero tienen una riqueza natural que el país y el mundo entero necesitan. En todo caso, la financiación de mi programa de Gobierno es realista y no depende de esa meta.

P. Igual es una meta ambiciosa…

R. La más ambiciosa del país, al que le sirve mucho que los departamentos compitan por gente y por empresas. Es la forma en vigorizar definitivamente el nivel intermedio y darle un golpe al centralismo.

P. Lo dice en Antioquia, donde la gente votó contra Petro y lo eligió a usted, un opositor. ¿Los otros gobernadores electos están alineados con el referendo? El presidente dice que 15 son de su coalición…

R. Pienso que esa propuesta gusta mucho. Los electos son respetuosos y quieren tener una relación cordial con el Gobierno, pero necesitan vigorizar sus finanzas más que Antioquia. En nuestro caso, solo el 44% del presupuesto depende de transferencias de la Nación; en otros es del 90%.

P. ¿En qué va la propuesta?

R. Yo alcancé a recogerle firmas, pero por la campaña a la Gobernación no alcanzamos a llegar a la meta. Vamos a reiniciar el proceso con un comité promotor más amplio.

P. La derecha históricamente ha sido centralista. ¿Cómo se compagina su propuesta y su pertenencia al uribismo?

R. Yo creo que el fin de una Gobernación es hacer que las cosas pasen. Soy economista, tengo mis principios, mis creencias. Me gusta la economía de mercado, no el Estado empresario. Pero creo que el Estado sí debe atender las fallas del mercado, los bienes públicos, las externalidades negativas, los mercados incompletos, etc. Mejorar la vida a las personas, sacar a dos millones de personas del hambre o pavimentar 20 kilómetros de vía no es de izquierda o de derecha. La gente quiere más soluciones y menos discusiones entre los políticos.

P. ¿Eso qué tiene que ver con las finanzas de los departamentos?

R. Los departamentos necesitan vigorizar sus finanzas para atender las exigencias de los territorios, que conocen mejor que la Nación, pero el Gobierno va por la vía de centralizar. ¿Qué hace la Nación definiendo la formación y entrenamiento laboral para todo el país? Acaba de crear una entidad para que haga las vías terciarias. En las capacitaciones que tuvimos los gobernadores electos, la ministra de Vivienda presentó un programa nacional de mejoramiento de viviendas, para darles pisos, baños o techos mejores. Será un Ministerio gerenciando un problema que yo, como alcalde, encontraba difícil de aterrizar en el municipio. ¿Cómo se manejan desde Bogotá los mejoramientos en Tumaco o en Urabá? No sé a qué horas perdimos de perspectiva de las competencias y los roles de los distintos niveles.

P. A la espera de ese cambio, ¿qué piensa hacer en Antioquia?

R. El Estado tiene que sintonizarse con los propósitos de la gente y dar cuenta de tareas que empiecen a cambiar la vida de las personas. Haremos eso. Queremos convertir al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) en una turbina crediticia que dé un ejemplo de reactivación económica complementando el mercado del crédito, que es incompleto y no llega a todos los sectores. Como banca de segundo piso, prestará hasta siete billones de pesos ―hoy solo ha colocado 1,5 billones― para emprendimientos disruptivos, cierres financieros de concesiones y hacer viviendas. En eso último el Gobierno está dejando un vacío gigantesco, que se nota en la caída del 8% en la construcción en el último trimestre porque cambiaron una política que funcionaba bien. Vamos a reducir el déficit unidades en Antioquia dando pequeños subsidios a la tasa. A través de fondos de empleados, cooperativas financieras o la banca tradicional, permitiremos a la gente adquirir o mejorar su vivienda sin pagar mensualmente más de 8.000 pesos por cada millón. Así, pueden sustituir el gasto en arriendo por una propiedad mejorada o propia. Será una revolución del crédito.

P. ¿Cómo va a manejar la seguridad?

R. La paz total es un palo en la rueda. La gente se siente muy angustiada, comienza a vivir situaciones como las de hace 20 años. La paz se impone con seguridad, con el imperio de la ley y la justicia, no contemporizando con los criminales. Voy a asumir la función del gobernador como primer agente en materia de orden público. Voy a apelar al valor de los soldados y policías acantonados en Antioquia; la fuerza pública se maneja con convicción, con amor, con mucha determinación. Ellos saben combatir el crimen y proteger a los ciudadanos.

Ahora, no todo pasa por ellos. Cuando llegué a la Alcaldía, las bandas ponían hasta 50 asesinatos por año. Me di cuenta de que todo estaba articulado al microtráfico, y tumbamos todas las casas de vicio que nos reportaron. Al final de mandato no quedó ninguna de las estructuras criminales, y en 2019 hubo 11 homicidios. El general Martínez, el secretario de designado de Seguridad, ya está haciendo el listado de las primeras casas que vamos a derrumbar, en todos los rincones de Antioquia.

P. ¿No teme que eso dispare los delitos, por los reacomodamientos, y que las bandas se desplacen a otros lugares?

R. La seguridad es un tema de todos los días. Si uno se relaja, los bandidos cogen aire; si uno solo aprieta aquí, por el efecto globo, se van a otro lado. Vamos a hacer una cosa muy consistente, de ocupaciones de distintos territorios, para que sea muy sólida a nivel general y para atenuar los reacomodos, que puedan acontecer.

P. ¿Y las economías ilegales?

R. Es muy complejo. Cuando me posesioné como secretario de Gobierno de Antioquia, en enero de 2008, el tema crítico era la coca. El departamento le disputaba el tercer lugar en cultivos al Meta. Teníamos 9.000 hectáreas; terminamos en 2011 con 3.000. Lo logramos con aspersión, hoy prohibida, y con un programa de desarrollo alternativo y proyectos de cacao, café, arroz. Vinculamos a casi 10.000 familias. Eso se perdió, ¡hoy hay 18.000 hectáreas! Una barbaridad.

P. ¿Y la minería?

R. Es un tema nuevo para mí. Tenía la versión de las autoridades de que los que hacen minería son los ilegales. Pero a inicios de este año, en pleno paro minero, alguien del Bajo Cauca me dijo que fuera a conocer. Me senté con los mineros y comencé a comprender un problema que creo que el país no ha entendido: el 95% de los títulos mineros no se explotan. Los titulares dejan engordando esas hectáreas en un mal arreglo institucional que fomenta la ilegalidad porque en la zona hay mineros de toda la vida, desde sus abuelos, que saben que en esa zona hay oro y se meten a la brava. Y si pasa hoy el Clan del Golfo cobrando una extorsión, le pagan. Si mañana pasa el ELN, le pagan. Los bandidos no hacen minería, sino que cobran extorsiones. Los mineros no tienen la protección del Estado, porque trabajan por fuera de las leyes mineras.

P. ¿Cuál es su propuesta?

R. Aportar a la discusión de la reforma a la normatividad minera que ha anunciado el Gobierno. La idea es replicar lo que se hace con la tierra: que se pague 10 veces más de canon superficial por las hectáreas de un título minero que no explotan. Así creamos un incentivo para que los titulares las exploten, las arrienden a quien lo haga o las devuelvan, y el Estado se las pueda conceder a quien sí las trabaje. Todo, claro, con buenas prácticas legales y ambientales, sin usar mercurio.

Funcionaría. Un minero me decía que preferiría tener 10 millones de pesos en el banco y no los 2.000 millones que tenía debajo del colchón, con miedo, huyendo de todo el mundo, de los bandidos que extorsionan, del Estado.... en Colombia nos empecinamos en las normas para una situación ideal, no real, y dejamos a mucha gente trabajando en la oscuridad.

P. Eso implicaría ir al Congreso siendo oposición.

R. Sí, pero es una solución en la que todos ganan. Si le arriendas a un minero artesanal, ese señor, en lugar de pagar una extorsión a un criminal, paga impuestos y tiene trabajo legal; el titular no pagaría el impuesto alto y sí recibiría un arrendamiento.

P. Pero los proyectos están estancados en el Congreso...

R. Este Gobierno se mueve por temas ideológicos, como su negativa a financiar lo que falta en las Autopistas de la Montaña, en Antioquia. Aunque son la vía más corta entre el suroccidente del país y el Caribe, argumentan que no tienen los tres billones de pesos que se necesitan. Pero ningún Gobierno reciente ha tenido más plata que este.

En todo caso, vamos a pedir al Congreso que modifique la ley de concesiones para que los contratos se puedan adicionar hasta en un 50% del tiempo (hoy solo se puede el 20%). Alargar el tiempo permitiría su cierre financiero sin poner un solo peso del presupuesto de la Nación. Y tiene sentido: se hacen vías con una utilidad de más de medio siglo y la ley deja un máximo de 30 años de concesión, lo que arroja proyectos muy apretados en lo financiero.

P. De nuevo, ¿cómo es políticamente viable sacar una reforma legal desde la oposición?

R. Vamos a llevar la idea a la bancada antioqueña, que tiene una composición plural. Ellos la pueden presentar en sus colectividades, porque la idea no solo le sirve a Antioquia. Y el Gobierno no controla el Congreso, algo que me da mucha ilusión porque muestra un país con un fortaleza institucional probada.

P. El presidente ha insistido en que su coalición ganó las elecciones regionales de octubre, y los departamentos y muchos municipios dependen mucho del dinero de la Nación. ¿No teme que el Gobierno privilegie a sus aliados?

R. No. Los rubros más importantes de lo que gira la Nación, el sistema general de participaciones y las regalías están definidos por la Constitución y la ley. Así quisiera, ningún presidente puede quitar la plata para la educación o para la salud. En programas concursables, como el de mejoramientos de vivienda, sí podría intervenir, pero lo trascendental está cubierto.

Yo tengo con un rayón de crianza. Cuando me lamentaba, mis papás me respondían, “No se queje, trabaje con lo que da la madre tierra”. Por eso, estoy en la disposición de sacar adelante a Antioquia con lo que disponemos. Si el Gobierno Nacional se embarca en decisiones prácticas, tanto mejor. Por ahora, yo tengo muy claras las prioridades de Antioquia; si el presidente las tiene embolatadas, ese es un problema de él.

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