Ganó el Gobierno

Con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 ganó el Gobierno, que desde un principio se atravesó como una mula muerta a su realización. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, lo explicó de modo claro al señalar que la primera ministra del Deporte de la Administración Petro, María Isabel Urrutia, dijo que el Gobierno no quería los Juegos y se abstuvo de nombrar un comité ejecutivo, y luego comenzó a moverse para que las competencias fueran en siete ciudades, un mecanismo que hacía subir los costos y complicaba de manera grave el normal procedimiento de su realización. Una manera de mamarle gallo al compromiso y dejar que corriera el almanaque para incumplir los requisitos correspondientes al beneficiario de la sede. Ahí empezó la pantomima o, mejor, la farsa para distraer la atención de los interesados en que los juegos se convirtieran en las oportunidades doradas para la región.

La maniobra comenzó extendiendo la sede a la condición de múltiple, agregando las ciudades de Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería y San Andrés. Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana, envió en agosto de 2023 la primera advertencia, dando plazo de 60 días para cumplir con el contrato de los Juegos. En octubre, Colombia se comprometió a cancelar ocho millones de dólares en dos contados, uno antes del 30 de diciembre y otro antes del 31 de enero de 2024. En noviembre de 2023, el presidente se mamó de concurrir a la clausura de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile para recibir la bandera en un gesto claro de desprecio por el ritual deportivo, una forma grosera de señalar que a Colombia le importaba un carajo ser la sede de los próximos Juegos Panamericanos. En diciembre, el Ministerio del Deporte le propone a Panam Sports pagar los ocho millones de dólares en enero, al no poder cumplir con el pago de cuatro millones en diciembre.

El 3 de enero, Panam le quita la sede a Colombia y continúa el sainete. Cumbre en Palacio para recuperar lo que habíamos desechado y perdido. Dijo el presidente de Colombia que iría a Chile para hablar con Panam, viaje que obviamente no se cumplió, ya no había nada que hacer. Panam explicó en una carta del 21 de enero las razones por la que Colombia perdió la sede.

Ser enemigo de los Juegos es lícito. Lo que no está bien es ocultar la verdadera postura y dejar que se venzan los términos del compromiso con el nombre de Colombia. En Barranquilla no se comieron el cuento. El representante del Pacto Histórico, el petrista insigne Agmeth Escaf, disparó duro y se apartó de la explicación del presidente. Recordó que había un acuerdo de pagos para finales de 2023 y de enero de 2024 y el Gobierno de Petro no lo hizo. “Es decir, lo pactado a final de año en este Gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables”. Y criticó a la ministra: “Una incapaz en todo el sentido de la palabra. Y sigue ahí, en su cargo, como si nada”.

El costo de la pérdida es alto. Un total de 22.000 empleos y más de ochenta millones de dólares que estaban previstos y se fueron a la caneca. El que quedó agarrado de la brocha y sin escalera ―como dice Rafael Manzano en la W― fue el alcalde de Barranquilla, porque se le embolataron los 9.000 millones de pesos que Barranquilla le había girado a Panam para pisar la sede. “Panam Sports no puede quedarse con el dinero de los impuestos de los barranquilleros destinados a la promoción de nuestros deportistas”, dice la misiva de Alejandro Char. Además, reclama intereses.

Ganó el Gobierno, perdió Colombia.

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