Un profesor universitario es destituido tras acosar por más de 20 años a decenas de estudiantes

Al profesor Carlos Julio Arrieta la comunidad estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas lo referenciaba fácilmente. No por su labor académica, sino porque era bien conocido por ser un acosador sexual. Vinculado a esa institución desde los años noventa, en 2001 fue decano de la facultad de Matemáticas. A lo largo de esos años, según los testimonios, el hombre usó su trayectoria y su cargo para intimidar a sus víctimas, en su mayoría alumnas jóvenes. En 2018, cansadas de la impunidad, varias mujeres se unieron y lo denunciaron en la Fiscalía y en la Procuraduría, ya que es empleado del Estado. Cinco años después, tras un proceso agotador, la Procuraduría les dio la razón hace pocos días y sancionó al docente con la inhabilidad de ocupar cargos públicos por los siguientes 17 años.

Los testimonios de las violencias machistas que ejercía reiteradamente Arrieta eran tantos que un grupo de estudiantes recogió las firmas de 131 personas que afirmaban haber sido acosadas por él o haber presenciado el acoso. Encontraron denuncias desde 1997, que iban desde comentarios inapropiados sobre el cuerpo de sus alumnas hasta invitaciones pagas a bailar y tomar alcohol.

Una de las denunciantes es Laura Daniela Bermúdez. Durante su paso por la carrera de Matemáticas no se libró de los piropos incómodos de su maestro, ni de las sugerencias de tener encuentros fuera del espacio académico. “Quiero que salgas conmigo, escríbeme, llámame. No te preocupes por plata, que yo tengo mucha”, le dijo Arrieta en una ocasión, según cuenta Bermúdez a EL PAÍS.

La denunciante explica que la chispa que encendió el escándalo se dio en 2018, cuando en una asamblea de estudiantes de la facultad se percataron de que muchos problemas de los que se quejaba la comunidad tenían un punto en común: Arrieta. Ese fue el germen de una oleada de denuncias que tendría un efecto dominó. Muchas afectadas perdieron el miedo y contaron sus historias; sus pares hombres rompieron su silencio. “Usted es muy bonita para estudiar Matemáticas”, “De dónde sacas esos dotes fotogénicos”, “Deja de trabajar que yo te ayudo económicamente”, “No te muevas que estoy calientito”, son algunas de las insinuaciones, que usualmente venían acompañadas de tocamientos.

Una victoria agridulce

“A ella no la acosó porque ella es lesbiana”, le dijo el abogado defensor de Arrieta a Laura en una audiencia del proceso ante la Procuraduría, la entidad encargada de evaluar disciplinariamente a los servidores públicos. Ese hecho no fue aislado, explica Bermúdez, quien señala que el grupo de denunciantes que ella lideró acudió a nueve entidades diferentes y en todas sufrieron algún tipo de revictimización.

Por ejemplo, según testigos de la audiencia, los funcionarios de la Procuraduría no reaccionaron ante el ataque a Bermúdez. Tampoco cuando, en otro momento del proceso, el docente argumentó que las acusaciones eran parte de una supuesta persecución de grupos feministas. Y en la Universidad, pese a que la queja pasó por seis instancias, la única respuesta fue remitir a una de las víctimas a asistencia psicológica. Nada cambió siquiera cuando el comportamiento irrespetuoso e invasivo del maestro ya había quedado consignado en evaluaciones docentes.

Pese a todo, las mujeres no desistieron. Optaron por acudir al escrache en la Universidad, además de mantener su estrategia legal. Apelaron las decisiones, recolectaron decenas de declaraciones y buscaron asesoría jurídica aquí y allá. En 2020 entutelaron a la Universidad, a la Fiscalía, la Personería de Bogotá y el Ministerio de Educación, precisamente por la falta de avances, y pidieron la destitución inmediata de Arrieta y que las autoridades sacaran adelante las investigaciones.

Finalmente, después de casi cinco años, en el pasado mes de junio lograron su primera victoria: la Corte Constitucional revisó la tutela, que inicialmente habían desechado dos jueces, y encontró que se habían violado “los derechos fundamentales a la educación libre de violencia y discriminación por razones de género, al debido proceso, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad”.

Su sentencia, la T-210-23, va más allá del caso concreto de Arrieta. “El deber de las universidades es garantizar que el derecho a la educación se ejerza en espacios libres de acoso, violencia y discriminación, y recomienda además el recaudo y la valoración probatoria diligente para las quejas y denuncias de las VbG (Violencias basadas en género)”, explica. Eso es significativo ante un problema que aqueja a muchas universidades. Los casos más recientes se han denunciado en las de Cartagena, del Cauca y Nacional en sus sedes de Medellín y Bogotá.

Cinco meses después de la sentencia, la Procuraduría llegó a su propia conclusión. El pasado 13 de diciembre, mediante el auto 673-23, negó en primera instancia el argumento de Arrieta de que había pasado tanto tiempo que la acción disciplinaria en su contra había prescrito. Por el contrario, lo sancionó por incurrir en una falta gravísima: “Valiéndose de su condición de docente, acosó, persiguió, hostigó o asedió física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a nueve estudiantes”, se lee en el documento.

Para Bermúdez, son logros con un sabor agridulce. Por un lado, sostiene que la destitución llegó muy tarde, pues Arrieta ya se jubiló. Además, la Procuraduría no ordenó acciones de reparación. “Ganamos en que nos dieran la razón después de tanto tiempo en el que nos llamaron locas. Al menos esto puede marcar un precedente”, asevera.

Otra lección, dice la denunciante, es que lograr justicia es una senda llena de trabas y más violencia, por lo que ahora el grupo tiene como meta que se implementen rutas con un enfoque de género y, a la par, que avance la denuncia penal. “Sentimos que ese señor es un delincuente y debe pagar por lo que hizo. Él dañó a muchas mujeres”, sostiene la ya egresada. Al final, para ellas Arrieta es un punto de partida para que no se repitan esas vivencias dolorosas y para que los espacios educativos sean seguros para las mujeres.

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