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Las alianzas público populares de Petro empiezan a caminar en 1.035 vías veredales

El Gobierno nacional impulsa la participación de organizaciones comunitarias en contrataciones y compras públicas

Habitantes de una comunidad empujan un camión en una carretera rural en Paraguachón (La Guajira), en noviembre.
Habitantes de una comunidad empujan un camión en una carretera rural en Paraguachón (La Guajira), en noviembre.Chelo Camacho

El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició el salto en el modelo de contratación pública para dar fuerza a las organizaciones populares. Convencido de que los dineros del Estado han profundizado la desigualdad en Colombia al concentrarse en empresas con músculo económico, el mandatario ha abierto el camino a la contratación directa con agrupaciones comunitarias para la ejecución de obras o compra de bienes hasta por 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, unos 7.800 millones de pesos (cerca de dos millones de dólares). Ya van 1.035 convenios firmados para adecuar vías veredales, en la cuota inicial de una puesta más grande.

Las intervenciones no se limitan a esas carreteras, las más pequeñas y locales. Van desde la construcción de vivienda rural o de proyectos de acceso a energía o internet, hasta el suministro de comida para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en escuelas o colegios públicos, entre otras inversiones que resuelvan algunas de las muchas necesidades existentes en los territorios.

“El mismo dinero público concentra la economía nacional beneficiando a muy pocos, cuando el Estado puede ser un democratizador si contrata con los pequeños”, sentenció el jefe de Estado en un encuentro con tenderos en Valledupar (Cesar), en abril. Ocho meses después, y tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en mayo, su apuesta ha cogido impulso. “Es uno de los corazones del cambio”, enfatiza David Racero, representante a la Cámara del gobiernista del Pacto Histórico.

El PND incluyó las asociaciones público populares como mecanismo para que las entidades públicas contraten a juntas de acción comunal, comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y víctimas, por medio de selección abreviada, una modalidad que contempla la ley para procesos de menor cuantía.

Esta figura ya se traduce en alianzas como las que ha pactado el Instituto Nacional de Vías (Invías) con organizaciones comunitarias para el mejoramiento de rutas terciarias o rurales en 700 de los más de 1.100 municipios del país, y en 30 de los 32 departamentos.

Luis Fernando Sepúlveda, gerente del programa Caminos Comunitarios de esa entidad, resalta los 1.035 convenios solidarios firmados este año. “Es la primera vez que se hacen convenios con organizaciones de acción comunal para infraestructura. Son comunidades que conocen la solución que necesitan para poder sacar sus cultivos y mejorar el transporte”, precisa el funcionario.

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En cada proyecto, las comunidades hacen un aporte de un millón de pesos (250 dólares) en herramientas como picas, palas o azadones y asumen como ejecutoras de las obras. Es una estrategia que le pega directamente al corazón de las comunidades en zonas apartadas, pues 7 de cada 10 kilómetros de vías en el país son terciarias y solo el 10% se encuentra en buen estado.

Aunque el mecanismo se está estrenando con una política fuerte a nivel nacional, es usual que sean las propias comunidades las que realicen trabajos de este tipo con recursos propios, muchas veces ante la ausencia del Estado, o con el apoyo de entidades territoriales. Por ejemplo, en la vereda La Escuela, del municipio de Tibacuy (Cundinamarca), ubicado a tres horas en carro al sur de Bogotá, la comunidad mejoró una vía de acceso por donde antes era imposible transitar. La Gobernación de Cundinamarca aportó recursos para el pago de obreros, alquiler de maquinaria y compra de materiales, mientras los pobladores hicieron rifas para obtener dinero adicional y aportaron mano de obra.

Ricardo Urrego, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, dice que ahora transitan más tranquilos. “Son obras que realmente necesitamos porque hay gente de la tercera edad que sufre mucho por el barro, o que se tropieza con las piedras. Además, facilita el acceso de los vehículos para sacar lo que sembramos”, dice el líder de la zona que produce café, frutas y aguacate.

El subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Juan Miguel Gallego, explica que este mecanismo permite ampliar las conocidas alianzas público privadas, donde una empresa con solidez pone el capital para construir vías más amplias como las departamentales y se recupera la inversión con el cobro concesionado de peajes. “Es como llevar un concepto de concesión, pero no por peaje sino para resolver una necesidad de inversión del Estado de manera conjunta con unas comunidades, reconociendo que hay un tejido social y económico en territorios que necesita confianza y que hay que fortalecer”, señala.

Para ampliar las asociaciones público populares a otros sectores del Estado, el DNP trabaja en la reglamentación que fijará condiciones más claras. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el aporte que realice la entidad pública en cada proyecto no podrá ser superior al 50% del valor de la inversión.

Sandra Martínez, directora de programas de Transparencia por Colombia, destaca los avances hacia una democratización de la contratación que ayude resolver necesidades, siempre y cuando se aseguren principios de idoneidad y transparencia.

“El principio de transparencia debe primar en toda la contratación que se haga en el país. Estamos hablando de organizaciones que requieren más herramientas y esto debe venir acompañado de fortalecimiento de capacidades organizativas a nivel local. Se deben tener claros los criterios para elegirlas, y evitar que haya terceros que las instrumentalicen o se hagan pasar por estas organizaciones”, apunta Martínez. Según datos de Transparencia por Colombia, la contratación pública, especialmente la contratación directa, concentró el 22% de los actos de corrupción entre los años 2016 y 2022.

Sepúlveda, el gerente de Caminos Comunitarios, reconoce que la formación de las comunidades es uno de los mayores desafíos. “Sin las capacitaciones sería imposible ejecutarlo porque las Juntas de Acción Comunal no conocen toda la normativa, ni todo lo que deben hacer para poder ejecutar un proyecto”, dice. La falta de acceso a internet o a computadores para realizar procesos engorrosos como subir documentos a plataformas del Gobierno supone otro reto mayúsculo.

El Invías está impartiendo inducciones en áreas administrativa, financiera y contable, técnica y social en las organizaciones. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también está capacitando a comunidades para que más agrupaciones populares puedan sumarse a la prestación de ese servicio, como ya ocurre en regiones como La Guajira. La experiencia más visible, hasta ahora, ha sido la de las ollas comunitarias que se activaron en la emergencia invernal de finales de 2022.

Otro riesgo son las presiones económicas por parte de grupos armados ilegales. En Cartagena del Chairá, un municipio de Caquetá donde hasta el alcalde saliente recibe amenazas, las disidencias de las FARC exigen la carnetización de los habitantes como integrantes de juntas de acción comunal para ejercer control sobre el pago de extorsiones.

El representante Racero opina que la economía popular puede hacerles frente a las economías ilícitas. “Justamente parte de esa presión en las comunidades es porque imperan las economías ilegales y tampoco hay presencia del Estado. La apuesta es llevar capital legal y abrir oportunidades diferentes”, afirma el congresista.

Gallego, el subdirector del DNP, coincide en que las asociaciones público populares aportan en la construcción de paz en las regiones. “Necesitamos avanzar en actividades productivas que transformen la economía ilícita por una lícita. Ahí necesitamos asociatividad y trabajo comunitario, eso es la economía popular hacia las actividades productivas”, subraya.

Las alianzas público populares que empiezan a coger vuelo pueden representar un nuevo aire para el presidente Gustavo Petro, quien registra las peores cifras de aprobación en el año y medio que lleva en el poder. Además de generar nuevas obras e ingresos, empoderan a las comunidades y, de paso, fortalecen su relación con las bases donde forjó el capital político que impulsó su elección como el primer mandatario de izquierda en la historia contemporánea de Colombia.

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