Un día caótico en la principal terminal de transportes de Bogotá con los indígenas emberá

La principal terminal de transportes de Bogotá, Salitre, amaneció más caótica de lo normal este lunes. A las tres de la madrugada, cerca de 130 indígenas emberá del resguardo La Meseta, la gran mayoría menores de edad, llegaron a la estación en busca de refugio. Familias enteras dormían en el suelo, cubiertas de cobijas de todos los colores imaginables. Madres en vestimenta tradicional amamantaban a sus bebés. Señores con bastones colgados sobre sus hombros buscaban un lugar para aguantar el frío. Más de 12 horas antes, habían dejado sus hogares en el municipio de Tadó, en el sur de Chocó. La razón: la presencia de grupos armados ilegales, explica un líder de la comunidad, Nelson Sintuá.

“En agosto hubo un enfrentamiento entre el ELN [el Ejército de Liberación Nacional] y las Fuerzas Públicas que causó un gran susto”, sostiene Sintuá. Según él, tras esa confrontación, la comunidad tuvo una reunión con las autoridades nacionales en la que les dieron garantías de seguridad. “Pero no cumplieron”, lamenta. Los grupos armados siguen activos en la zona, dice, y no es seguro estar allí. Por eso, viajaron a Bogotá.

Sintuá no es el único que alerta del peligro en Tadó. El pasado 28 de noviembre, el ELN anunció un paro armado indefinido en cinco municipios chocoanos ubicados justo al sur: Sipí, Medio San Juan, Istmina, Litoral de San Juan y Nóvita. Este sábado, la Defensoría del Pueblo advirtió que el paro, que se levantó el domingo, ponía en peligro a más de 80 comunidades étnicas en el departamento. Los indígenas de La Meseta eran uno de los grupos mencionados.

“Vinimos porque estábamos asustados”, asegura Alfredo Zanapí, de 53 años, sentado en una silla de plástico negra suministrada por la administración de la terminal. El grupo llegó sin aviso previo y sorprendió al personal, cuya reacción inicial, según la comunidad indigena, fue negativa. Alegan que intentaron sacarlos de las instalaciones durante la fría madrugada, pero no lo lograron.

Para las diez de la mañana, las relaciones se han vuelto mucho más amigables. Ya llenos de energía, decenas de niños corren por todos lados del pasillo que la terminal ha habilitado para ellos. Rocío Gómez, del equipo de comunicaciones de la empresa pública que maneja la estación, explica que no falta con quien jugar. “De las 134 personas que están acá, 84 son menores de edad”, afirma. “Muchos de ellos ni siquiera tienen zapatos”, agrega.

Para la mayoría de ellos, esto no parece ser más que una aventura. Juegan a pelearse y saludan a los viajeros que pasan, confundidos, por la zona. Varios se tiran una y otra vez al piso: les divierte que sea tan resbaladizo. Uno, Juan Carlos, descansa en una de las numerosas sillas Rimax que pueblan el corredor.

― ¿Por qué vinieron anoche?

― No lo sé — contesta con una sonrisa tímida.

A la derecha de Juan Carlos, una mujer embarazada usa un vestido anaranjado y comparte comida de recipientes blancos con tres niños a la vez. Ocho personas gestantes llegaron a la terminal en la madrugada, de acuerdo con los datos de Gómez. Todas están ocupadas con temas del almuerzo y prefieren no hablar con la prensa.

Edelmira Delgado, sin embargo, sí quiere hablar. La señora de 60 años dice que dejó su casa acompañada de su nuera, Sandra y de la familia de ella, hace casi 24 horas. No sabe mucho español, pero está más informada sobre la situación en Tadó que Juan Carlos. Con palabras sueltas, explica que ha visto a “hombres armados” en su comunidad.

Mientras los pequeños crean caos jugando, Nelson Sintuá lleva varias horas en una reunión hablando de esos hombres armados. Poco a poco, personal de varias entidades ―la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo o Bienestar Familiar, encargada de la protección de los niños― se suman al encuentro a puerta cerrada. En el pasillo, la institución encargada del cuidado de los menores habilita una mesa y empieza a apuntar los datos personales de los miembros de la comunidad. Una policía de la Unidad de Infancia y Adolescencia se acerca y pregunta si lo que ocurre se podría calificar como “una toma” de la terminal; nadie le contesta.

De repente, un trabajador de una institución, que prefiere mantener el anonimato, sale de la reunión. Está en pausa. “Esto es un tema de tierras”, dice. Explica que están esperando a la Unidad de Restitución de Tierras, pero que no quieren venir. “Ni siquiera contestan el teléfono”, lamenta.

― ¿Cuál es la solución?

― No hay una visible.

Pocos momentos después, Sintuá entra al pasillo y un enjambre de gente lo rodea. Es un hombre bajo que camina con buena postura y tiene un bolso de tejido colgado a su lado. Las reuniones no han avanzado mucho, parece. “Lo que se requiere es el derecho del desplazamiento, pero eso no se ha cumplido”, declara. Por ahora, explica, la comunidad necesita un albergue “para aguantar el frío”. Y, “después”, agrega, “una mesa de diálogo para discutir el procedimiento del retorno”.

― ¿Cuánto tiempo se quedarán en Bogotá?

― Hasta que nos atiendan.

No es la primera vez que los emberás llegan a la capital huyendo de las condiciones hostiles en su territorio ancestral, las montañas de Chocó. En septiembre de 2021, un grupo grande de esta comunidad se asentó en el Parque Nacional, donde vivía en cambuches. Luego, Bienestar familiar los reubicó en una Unidad de Protección Integral del Distrito (UPI) en la Rioja, en el centro de la ciudad. Según la Secretaría de Salud, para mayo de este año, se encontraban 856 personas viviendo en esa UPI, que apenas tenía capacidad para 300.

Entre su llegada a la capital en 2021 y mayo de 2023, la entidad de salud reportó que 18 emberás fallecieron en Bogotá. Los líderes de la comunidad, sin embargo, elevan esa cifra a 39, incluidos 30 menores de edad. En octubre, más de cien emberás se tomaron el Parque Nacional de nuevo.

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