El proyecto de ley sobre el impuesto predial atrae una nueva ola de críticas al Gobierno

Gustavo Petro debe, en buena medida, su triunfo presidencial a las promesas de cambio. Durante su campaña recorrió diferentes ciudades y pueblos comentando los planes que pondría a rodar en caso de ser elegido, ilusionando con un vuelco en la dirección de un país históricamente gobernado por mandatarios de derecha. Su discurso convenció a más de 11,2 millones de colombianos en segunda vuelta, pero, una vez posesionado, la materialización de sus propuestas está demostrando ser más difícil de lo que pronosticaba. Sus ambiciosas intenciones de reformar el trabajo, las pensiones y el sistema de salud no avanzan en el Congreso —únicamente logró que se aprobara la reforma tributaria en noviembre de 2022— y ahora sus otras iniciativas enfrentan obstáculos incluso antes de los debates legislativos. Así sucedió el pasado jueves, cuando los Ministerios de Hacienda y Agricultura presentaron conjuntamente un proyecto para modificar el cobro del impuesto predial, que recae sobre propiedades inmuebles como casas, apartamentos, fincas, terrenos, locales comerciales, entre otros.

El proyecto, que consta solo de cinco páginas y dos artículos, formula una enmienda a los topes empleados para incrementar el valor de este tributo. Si la propuesta del Gobierno se convierte en ley, el impuesto predial de un inmueble, dependiendo de su avalúo, podría aumentar entre 50% y 300%. El recaudo del dinero se mantendría como en la actualidad: les corresponde a municipios y distritos encargarse de su recolección para después determinar cómo y en qué lo invierten.

Para María Camila Sarmiento, experta en litigios tributarios y socia de la firma Posse Herrera Ruiz, esta modificación puede resultar problemática porque los límites fijados para el incremento del impuesto son muy amplios y, en consecuencia, el valor puede crecer hasta el triple. “Con este proyecto se elevarían todos los topes, y si a alguien el impuesto predial le costaba un millón de pesos (250 dólares), ahora pagará dos o tres veces más”. Aclara que la subida del valor no llevará a que la gente incurra en evasión fiscal porque “el impuesto predial es de factura y no de declaración”, es decir, que se genera cuando los Gobiernos locales expiden una cuenta de cobro al propietario de un inmueble y dicho documento es suficiente para iniciar un proceso judicial en su contra en caso de que no pague.

Advierte que la propuesta del Gobierno causaría efectos adversos, especialmente si se tienen en cuenta los cambios que trajo consigo la reforma tributaria del año pasado. “Esta reforma implementó el impuesto al timbre, que se cobra cuando se lleva a cabo la escrituración de algunos inmuebles al momento de su compra. Los arriendos subirían también porque el arrendador, así sea de vivienda o local comercial, tendría que pagar impuestos más altos. Se encarecería todo”.

La proposición no cayó bien entre constructores y comerciantes. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) emitió un comunicado en el que afirma que el proyecto de ley “puede generar incrementos en los costos asociados a los servicios de vivienda, en un escenario en el cual los hogares colombianos han visto deteriorada su capacidad de compra y el sector de la construcción presenta un deterioro severo en los principales indicadores”. La asociación gremial señaló que, en comparación con 2022, se dejaron de vender cerca de 73.000 viviendas de interés social, que son las de menor valor en el mercado y cuya adquisición suele ser subsidiada. “Es importante tener en cuenta que para 2023 los colombianos han dejado de invertir 17 billones de pesos en compra de vivienda nueva, y que los arrendamientos enfrentan importantes presiones que podrían ser mayores si se suman nuevos impuestos”, se lee al final del comunicado.

Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), también se pronunció al respecto. A través de un video que se publicó en la página de YouTube de la organización, Cabal rechazó la medida propuesta. “La desconexión de los gobernantes con la realidad de los colombianos no puede llegar al punto de promover aumento de impuestos, cuando en estos momentos millones de familias luchan por salir adelante, en medio del reciente impuesto a los tenderos que se aprobó en la reforma tributaria del Gobierno, y del aumento de la gasolina, el diésel y los peajes”. El proyecto de ley no se da en el mejor momento para los comerciantes: según sus propias cifras, el pasado mes de octubre fue el peor del año en ventas, siendo equiparable a la “época más crítica de la pandemia en 2020″.

Desde el Ministerio de Hacienda se defiende el camino tomado. Ricardo Bonilla, el jefe de la cartera, insiste en que la propuesta “es un alivio a los contribuyentes cuando los municipios les liquiden el impuesto predial”. En su criterio, dado que las normas vigentes no contemplan un límite para el cobro del impuesto a los inmuebles avaluados en más de 135 salarios mínimos (39.150 dólares), la iniciativa impone topes que le garantizan unos derechos a los propietarios. Su visión, no obstante, es refutada por la oposición. El senador David Luna, del centroderechista Cambio Radical, calificó el proyecto como “la tapa del descaro del presidente Petro”. “Mientras el Gobierno pretende financiar delincuentes, propone un proyecto de ley para exprimir a los colombianos con aumentos de hasta el 300% del impuesto predial”, acusó en su cuenta de X —antes Twitter—.

La discusión no se ha iniciado en el Congreso, pero desde ya se convirtió en munición fácil para los detractores del presidente. La última encuesta de Invamer, realizada en octubre, reveló que la desaprobación de Petro es de 60%, con solo 14 meses en la Casa de Nariño, y el panorama a futuro no pinta sencillo. A sus reformas empantanadas, la victoria de sus opositores en las recientes elecciones regionales y la sensación de inseguridad esparciéndose, especialmente a raíz del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, ahora se suma esta nueva polémica.

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