El clamor para liberar a los secuestrados irrumpe en las negociaciones con el ELN

La última guerrilla en armas de Colombia debe dejar de secuestrar civiles –y liberar a los que mantiene en cautiverio– si quiere desatascar la mesa de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro y demostrar su voluntad de paz. Ese es el mensaje inequívoco que desde los más diversos sectores de la sociedad han enviado al ELN tan pronto se concretó, este jueves, la liberación del padre del futbolista Luis Díaz luego de 12 días que se antojaron interminables. El alivio de ver a Luis Manuel Díaz de regreso sano y salvo a su casa de Barrancas, en La Guajira, ha dado un nuevo impulso al clamor nacional para acabar de una vez por todas, sin dilaciones ni excusas, con uno de los crímenes más repudiados en el país.

Es un hecho que nunca debió ocurrir, como ha subrayado la propia delegación del Gobierno en la mesa de diálogos. El Ejército de Liberación Nacional se ha sentado con casi todos los gobiernos desde los años ochenta. Y si bien el actual proceso ha avanzado como ningún otro, con el inédito cese al fuego de seis meses como el mayor hito de la política de paz total del presidente Petro, los negociadores admiten que el secuestro de Mane Díaz, como todos lo conocen, ha provocado una crisis difícil de conjurar. “Ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos”, señalan en el comunicado en que saludan la postergada liberación. “Nuestra delegación exige desde ya, y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN, que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata”, subraya.

El secuestro ha sido un obstáculo recurrente en los acercamientos con el ELN, que no ha renunciado a esa práctica ni siquiera después de sentarse con el primer Gobierno de izquierdas de la Colombia contemporánea. Cuando las partes anunciaron el cese al fuego bilateral, el pasado 9 de junio, el jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, dijo que las extorsiones y los secuestros –a los que llaman “impuestos” y “retenciones”– son “operaciones de finanzas” que aún no estaban dentro de lo pactado. Más allá de los eufemismos a los que suele acudir la guerrilla, y a la espera de los pronunciamientos formales del mecanismo de verificación, los entendidos coinciden en que el secuestro de civiles es una violación flagrante del documento firmado, que prohíbe explícitamente la “toma de rehenes” en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

La Comisión de la Verdad documentó más de 50.000 secuestros en Colombia entre 1990 y 2018, de los cuales el ELN fue responsable en 9.538 casos, el 19% de los ocurridos en ese lapso. La inteligencia militar calcula que la última guerrilla en armas mantiene hoy a unas 30 personas en cautiverio.

Los negociadores del Gobierno han recordado, por si hiciera falta, que es un crimen que ultraja cruelmente la dignidad humana, provoca inmenso sufrimiento a las familias y vulnera la humanidad del secuestrado en su más profunda intimidad. “Este tipo de crimen ocasiona un grave daño a la confianza de la sociedad colombiana sobre la posibilidad de alcanzar la paz y se convierte en un gran obstáculo” para alcanzar acuerdos y detonar transformaciones, apunta el comunicado de la delegación. También reconoce que “la práctica sistemática del secuestro es enemiga de la paz, genera odios difícilmente superables contra sus perpetradores, es un delito continuo –ya que se prolonga más allá del acto mismo de la retención–, genera una angustia permanente para el secuestrado y sus seres queridos y un rechazo total por parte de la comunidad nacional e internacional”.

El asunto toca una fibra muy sensible de la sociedad colombiana, golpeada por todo tipo de violencias durante décadas en las que tuvo el récord en secuestros en el mundo. Y más aún al tratarse de la familia de una de las figuras públicas más queridas y admiradas del país. El atacante del Liverpool inglés es la estrella de una selección apodada “el equipo de todos”. Incluso otros futbolistas, que esquivan asumir en público posturas políticas, lo hicieron en esta ocasión. “Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz y de todos los secuestrados”, escribió en sus redes sociales hace apenas unos días Radamel Falcao García, delantero del Rayo Vallecano español y goleador histórico de Colombia. “Continuamos pidiendo la liberación inmediata para el resto de secuestrados en Colombia”, refrendó James Rodríguez, el diez del Sao Paulo brasileño, en el mensaje en que celebraba la liberación. Y todo en vísperas de una nueva jornada de eliminatorias en la que la selección se reactiva como la gran pasión nacional.

El ELN ha justificado su renuencia a dejar de secuestrar con el argumento de que hace parte de su financiación. “Es insostenible argumentar, desde un punto de vista ético, que comerciar con seres humanos es lícito, aún bajo las condiciones de un conflicto armado”, le ha contestado la delegación del Gobierno, su contraparte en la mesa, que desde que conoció que el ELN era el responsable había exigido la liberación de Mane Díaz. “Consideramos que cualquier discusión sobre mecanismos de financiación a esta organización armada solo podrá hacerse una vez que se aclaren los términos de su proceso de incorporación política en el escenario del fin del conflicto, tema que también debe ser abordado en la próxima reunión”.

Desde el propio Ejecutivo se han multiplicado las condenas contra ese crimen que tanto ha traumatizado a los colombianos. “Lo que sí queda claro es que en este proceso, donde se ha avanzado más que nunca con el ELN, hay que abordar inmediatamente el tema del secuestro”, ha apuntalado Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. Aunque la negociación es entre el Gobierno y la guerrilla, argumenta, la tiene que aprobar la sociedad: “El país no va a aceptar una negociación en donde se mantengan secuestrados”. El fin de esa práctica se ha vuelto un asunto ineludible.

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