Cuando los magistrados se corrompen

La mala hora del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán, señalado de filtrar información al Clan Gnecco sobre las investigaciones que hace cuatro años se adelantaban en contra de sus integrantes, vuelve a abrir la caja de pandora en torno a unos funcionarios de muy alto nivel sobre quienes poco se sabe y poco se indaga a pesar de que sobre sus hombros reposa la máxima responsabilidad en la rama judicial de nuestro país: los magistrados de las altas cortes.

Aunque el caso Farfán aún no toma las dimensiones que alcanzó el denominado Cartel de La Toga hace algunos años, sí pareciera ser la punta del iceberg de algo que pasa de agache para la mayoría de los colombianos, pero que para cualquier conocedor de los intríngulis de la rama judicial es bien sabido: los magistrados, más allá de las decisiones que toman en temas jurídicos de alto nivel, se convirtieron en operadores políticos que enturbian la que debería ser una labor transparente y honorable como lo es impartir justicia.

Hace unas semanas en esta misma columna relaté como los interesados en que le devuelvan el cargo al excontralor Carlos Rodríguez discutieron y planearon en una cena la ofensiva política y los favores que se iban a garantizar a miembros de la Corte Constitucional para conseguir el regreso de Rodríguez a la Contraloría General de la República. Sin sonrojarse los políticos a manteles hablaban de influencias sobre algunos magistrados, sobre cargos a ofrecer, sobre las exigencias de los magistrados hacia Rodríguez, en fin... un listado de abominaciones que debería sonrojar a los supuestamente impolutos integrantes del alto tribunal constitucional. Pero a ellos no les importa. Ellos son magistrados y, por ende, se creen por encima de todos.

En el interior de las Cortes todo se sabe. Los magistrados de la Corte Suprema dicen en privado que ya no se manejan maletas de dinero como las que se exigían en tiempos del Cartel de la Toga, pero reconocen que hay largas cadenas de favores entre ciertos sectores y algunos magistrados para así conseguir que una decisión se incline a favor de determinadas personas. Si uno dice a los magistrados que reconocen esa situación que lo denuncien, la respuesta es: no me voy a meter en problemas.

¿Qué garantías ofrecen estos magistrados, poderosos e intocables, a la hora de elegir el nuevo fiscal general de la Nación? En ese caso la decisión recae sobre los hombros de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que ya anunció un cronograma para avanzar en el proceso de estudio de los perfiles de las candidatas nominadas por el presidente de la República. Si todo fuera transparente, antes de terminar 2023 ya sabríamos el nombre de la nueva fiscal. Sin embargo, los operadores políticos y lobbystas que almuerzan, cenan y hasta comparten copas con los magistrados están avanzando con firmeza en una gigantesca estrategia para llevar el proceso de elección de nuevo fiscal a una parálisis similar a la que enfrentó Álvaro Uribe durante su último año de gobierno.

Esto pasará: una vez se inicien las votaciones sobre la terna, estas se volverán una interminable sucesión de sesiones de elección que no lograrán la mayoría necesaria para elegir fiscal. Se desgastarán los nombres y se presionará para que haya nuevos postulados. ¿Por qué? Porque a los operadores políticos les interesa un fiscal de bolsillo y hasta ahora las candidatas no tienen ese perfil, cosa que los magistrados, en su sabiduría, interpretarán con el remedo de votación.

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