La ministra de Ciencia asigna 1,5 millones de dólares contra las advertencias de sus técnicos

Este lunes los funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se despertaron con un particular mensaje en el buzón de sus correos electrónicos. Se trataba de una carta de despedida de Yoseth Ariza, hasta entonces viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, en la que aseguraba que por motivos “personales y familiares impostergables” dimitía de su cargo. “Quiero señalar que hasta el último minuto que estuve vinculado y todo el tiempo que continúa después, la señora ministra [Yesenia Olaya] y la entidad cuentan con mi compromiso y lealtad”, escribió a sus subalternos. A las pocas horas, su colega viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad, Andrea Navas, pasó por los puestos de trabajo anunciando que se marchaba. La salida de Ariza y Navas —las personas con los cargos más importantes en la cartera después de la ministra Olaya— coincide con el aumento de quejas por el ambiente laboral y de críticas por el desconocimiento de criterios técnicos al momento de celebrar millonarios contratos.

EL PAÍS supo de cuatro procesos que han despertado reproches y descontento por la forma en que se han llevado a cabo. “Hay falta de planeación y malos procedimientos”, asevera un miembro de los equipos técnicos de la entidad, quien pide que no se revele su nombre por temor a represalias. La ministra Olaya, según dice, ignoró las advertencias que le fueron compartidas por sus subalternos en esos casos.

Uno de ellos es una convocatoria para proyectos de innovación “que contribuyan a solucionar los problemas de productividad que impiden asegurar la soberanía alimentaria” de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en siete departamentos del país. Los consejos comunitarios de estas comunidades fueron convocados para postular proyectos que deben desarrollar y gerenciar. El Ministerio, que recibió las propuestas hasta el 14 de septiembre, debe elegir ocho para financiar a cada uno con 200 millones de pesos, para un total de 1.600 millones (cerca de 400.000 dólares).

Pese al fin loable, los funcionarios afirman que los consejos comunitarios carecen de experiencia en investigación científica, como la que exigen los proyectos, y cuestionan que no se destinen los recursos a gente con trayectoria. “Los investigadores sí tienen capacidad para hacer esto, pero la plata no les está llegando. Si se busca beneficiar a las comunidades, con mayor razón se debería encargar a personas que saben del tema para que implementen los proyectos en esas zonas”, apunta el mismo funcionario. La propia convocatoria recuerda que los consejos comunitarios son “la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras”, lo que se traduce en poder político, pero no necesariamente en conocimiento en tecnología e innovación.

También despiertan reclamos el tiempo de ejecución —12 meses— y la cantidad de dinero asignada para cada proyecto, que los técnicos consideran insuficientes para crear “un producto, técnica o servicio útil”. Agregan que la convocatoria es “pobre”, dado que no se tiene certeza sobre cómo esos proyectos pueden avanzar en los indicadores que tiene el Ministerio para desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.

Otras dos convocatorias con reparos están dirigidas a financiar proyectos de investigación fundamental y formación en doctorados nacionales con enfoque territorial. La primera entregará incentivos económicos de hasta 880 millones de pesos (220.000 dólares) por proyecto; la segunda pagará la matrícula, el sostenimiento mensual y el desarrollo de la propuesta de investigación hasta por 196 millones de pesos (49.025 dólares) por cada estudiante doctoral. Las convocatorias se abrieron en los primeros meses de 2023, cuando Yesenia Olaya todavía no era ministra. Desde que ella llegó fueron objeto de cinco adendas, producto de errores en su etapa de planeación. Pero, para los técnicos, estas tuvieron la consecuencia negativa de que se presentaron muchos más interesados de los que esperaban. Eso porque abrieron el espectro tanto que tendrán que evaluar miles de propuestas y no tienen los recursos para hacerlo.

“La convocatoria para proyectos de investigación fundamental recibió más de 700 propuestas por su mal diseño. Aunque la ministra no era la responsable, sí era consciente de la cantidad de propuestas que llegaron y no tomó medidas, como contratar más personal para revisarlas y evitar traumatismos. La de doctorados, por su parte, fue mal parametrizada y eso permitió que aplicaran más de 2.700 personas, lo que desbordó la capacidad del Ministerio. Eso ha llevado a que el personal renuncie por la alta carga laboral que demandó este proceso”, cuenta una exfuncionaria.

Bajo la lupa de los equipos técnicos también se encuentra un convenio especial de cooperación celebrado en agosto con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI por 3.888 millones de pesos (algo así como 972.000 dólares) para “fortalecer la gobernanza local, la autonomía alimentaria y el desarrollo económico local de comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés”. El convenio enfrenta dos críticas: que el Ministerio eligiera al SINCHI a dedo, sin que mediara una convocatoria para que otros centros de investigación fueran tenidos en cuenta; y que Luz Mantilla, su directora, desconociera que los estatutos le fijan un límite de 1.000 millones de pesos (250.000 dólares) para suscribir contratos. Los técnicos del Ministerio recalcan, además, que no está completa la documentación bancaria y tributaria suministrada por el SINCHI.

EL PAÍS contactó al instituto, que aclaró que la limitación sí existe pero no le aplica a la directora Mantilla cuando se trata de “incorporar recursos”, es decir, cuando el dinero provenga de un externo, como es el Ministerio en este caso.

La emisora W Radio, en días recientes, descubrió que el Ministerio de Ciencia nombró como su nuevo director de Gestión de Recursos a Guillermo Muñoz, el propietario del apartamento en el que vive bajo arriendo la ministra Olaya. Este hecho se suma a la renuncia de los viceministros y los convenios con diferentes cámaras de comercio, en los que se identificaron irregularidades, que fueron reveladas por EL PAÍS. Hasta ahora, aunque se le solicitó un comentario, Olaya no se ha pronunciado.

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