Buenaventura arranca con tropezones su postergada mesa de paz

“A sangre y fuego los vamos a defender”, arengaba un grupo de aproximadamente 20 jóvenes encapuchados, armados con metralletas. De fondo, se identificaba la comuna 12 de Buenaventura, Valle del Cauca, en un vídeo que se hizo viral en redes sociales a principios del mes de julio. Esa escena y varios atentados previos contra integrantes de grupos criminales de la ciudad, prendió las alarmas y sembró dudas sobre la viabilidad de la tan anhelada mesa de paz en el puerto más grande del país. El presidente Gustavo Petro reaccionó y un par de días después viajó a la ciudad, junto al ministro de Defensa Iván Velasquez. Y una semana más tarde, y luego de nueve meses tras el anuncio inicial de tregua, finalmente el pasado 18 de julio se logró la formalización de lo que se denominó ‘Espacio de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana’ con las estructuras armadas ilegales ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’ que, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), sumarían alrededor de 1.700 miembros.

En el evento de instalación hicieron presencia la ONU y la MAPP/OEA por parte de la comunidad internacional; Danilo Rueda, el alto comisionado para la Paz; y monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura. Como voceros de ‘Los Espartanos’ y ‘Los Shottas’, respectivamente, estuvieron Félix Orlando Luna conocido como ‘Gordo Lindo’ —quien sufrió un atentado hace un mes—y José Jimmy García, que reemplazó a alias ‘Súper’, anterior vocero desaparecido en extrañas circunstancias. De forma virtual desde la cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad de Palmira se conectaron William Carvajal, de los Shottas, y Einar Leonidas Gonzales, de los Espartanos. Al respecto, la OACP clarificó que aun cuando fungieron como voceros y en algún momento estuvieron en la ilegalidad, actualmente están a paz y salvo con la justicia.

También participó en el encuentro el presidente saliente del Senado, Alexander Lopez, quien será uno de los nueve delegados por el Gobierno en esa mesa. Con él estarán Alejandro Ocampo Giraldo, representante a la Cámara; Víctor Julio González Riascos, director ejecutivo del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura; y Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar, por el sector privado.

La academia también tendrá dos representantes en los diálogos: Joaquín Garzón, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y Jesús Flórez López, decano de la facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente. Por los sectores sociales estará William Mina, quien fue uno de los gestores del Espacio Humanitario Puente Nayeros, y las únicas dos mujeres serán Lucila Martínez, concejal de Buenaventura por el Partido Liberal, y Miladys Garcés, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Aunque se esperaba que el religioso Rubén Darío Jaramillo fuese parte de los delegados del Gobierno por su papel clave en los primeros acercamientos con las bandas, el obispo en diálogo con este periódico expresó que la iglesia sigue involucrada de cerca en las conversaciones: “Nuestro trabajo es acompañar y generar confianza en las partes para que se puedan sentar a dialogar, facilitar algunos diálogos”.

Las cifras recogidas por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) respaldan los numerosos intentos para pacificar el puerto que por años han exigido los bonaverenses y que, con el avance de esta mesa, abre una nueva puerta de ilusión. De acuerdo con los datos de la oenegé, en el 2022 se registraron 110 homicidios en la ciudad y en junio del año en curso la cifra llegó a 60. De hecho, en 2021 Buenaventura fue incluida en las ciudades más violentas del mundo según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.

Diálogos en medio de la incertidumbre

Si bien la formalización de esta apuesta por la pacificación del puerto despierta esperanza en muchos, es un sentimiento acompañado de numerosas inquietudes. La mayoría de ellas tiene que ver con que es un ejercicio que se adelanta sin un marco jurídico de sometimiento claro, la misma situación que se criticó en los diálogos del Valle de Aburrá. En un comunicado público la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró que “los términos del proceso de sujeción a la justicia y de la incorporación de los integrantes de las estructuras armadas a la sociedad civil serán objeto de discusión en el Congreso de la República”. Pero por ahora es incierto cuándo se volvería a presentar este proyecto de ley, luego de que en su primer intento se hundió en el Legislativo.

A esas dudas se han sumado otras por cuenta de declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien comentó que se ha contemplado posiblemente prorrogar la Ley de Justicia y Paz, del 2005, con la que antiguos grupos paramilitares se acogieron a la justicia. La declaración de la OACP igualmente alude a que la ‘construcción de paz urbana en la ciudad puerto’ está habilitada por la ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total. Para Dennis Huffington, de PARES, la dilación entre los trámites ante el Congreso afectó la estabilidad de las treguas que inicialmente pactaron las bandas ilegales en Buenaventura y que, en su momento, lograron una disminución notable en términos de homicidios desde septiembre del año pasado a abril de este año.

Aún así, el investigador también señala que pese a la formalización de los diálogos y la expresa voluntad de paz de los grupos, estos continúan en actividades ilegales, como la extorsión a grandes y pequeños negocios. “Hubo mucha incertidumbre. Hay que recordar que en la fase uno, hubo una muestra de interés en la paz y por eso hicieron un cese entre ellos. Pero iba pasando el tiempo y la Ley de Paz Total se demoró, se cayó la Ley de Sometimiento (...) Entonces todo estaba un poco a la deriva y pues ellos siguen en dinámicas delictivas vinculadas con las economías ilícitas que están en disputa, y esa pugna ha ido creciendo”, sostiene Huffington.

Una paz integral

Otro punto neurálgico en el que coinciden el monseñor Jaramillo y el investigador es en exigir un cumplimiento estricto de lo que se vaya pactando. “En cuanto a acuerdos, a lo que se llegue, que sea algo serio. Simplemente les estamos pidiendo cumplan lo que se acuerde, bien sea por el Estado colombiano o las bandas. Que demuestren que sí tienen voluntad de paz”, insistió el religioso. En sintonía, Huffington subraya que se hace necesario dejar a la sociedad civil fuera del conflicto, en particular en términos de enfrentamientos, fronteras invisibles y extorsiones. Este último ha sido un problema al alza pues hasta las mujeres que venden comida de mar en los pequeños puestos en las plazas de mercado y que viven del día a día se ven obligadas a pagar ‘vacuna’ a los grupos delincuenciales, “un gesto que demostraría la voluntad de paz sería parar la extorsiones, inicialmente a los pequeños comerciantes, a los peatones, a las personas, a los pescadores”.

Lamentablemente, durante la instalación de la mesa, la violencia de la que se pretende huir no estuvo ausente, pues mientras los delegados se reunían en la Casa de Encuentros Heriberto Correa Yepes, hubo tres homicidios en la ciudad. Sin embargo y conforme una comunicación publicada el mismo día desde la oficina de Rueda, se señaló que estas muertes no tenían relación alguna con la pugna entre las estructuras armadas sino que habían sido producto de riñas. Se espera que en otros casos violentos se actúe con la misma inmediatez, despejando con celeridad las desconfianzas que aún persisten en un nuevo intento de llevar tranquilidad a esta empobrecida zona del pacífico colombiano.

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