El terror vuelve a Buenaventura de la mano de nuevas pandillas: “A sangre y fuego los vamos a defender”

La esperanza de hace unos meses hoy parece estar enterrada en Buenaventura, principal puerto marítimo de Colombia. El laboratorio de paz que anunció el Gobierno a finales de 2022, que pretendía entablar conversaciones con las pandillas que operan en la ciudad para lograr su desarticulación pacífica, sucumbe por el recrudecimiento de la violencia. Una tregua pactada con las principales bandas de la zona, Los Shottas y Los Espartanos, logró que no se presentaran muertes violentas a finales del año pasado, pero en los últimos meses se han registrado nuevamente homicidios, enfrentamientos y la aparición de nuevos actores armados. A unas pandillas las han sustituido otras, que mantienen a la población aterrorizada y encerrada mientras exige la presencia del Ejército. En un vídeo que circula por redes sociales, los criminales armados advierten: “Los vamos a defender con nuestras vidas. A sangre y fuego los vamos a defender”.

Desde antes de su posesión, Petro expresó su intención de priorizar el diálogo para buscar una salida concertada al conflicto. Bajo el nombre de paz total, que fue como bautizó a su iniciativa —pese a que recientemente dijo que fue la prensa la que se inventó ese término—, aseguró que su administración crearía las condiciones para que una amplia variedad de grupos ilegales se sometiera a la justicia y entregara las armas. Las dudas y cuestionamientos, especialmente en los criterios de selección de las estructuras que podrían acogerse a la propuesta, no fueron obstáculo para que el Congreso aprobara la Ley 2272, que estableció el marco jurídico para que estas negociaciones se lleven a cabo.

El pasado mes de octubre, con la intervención de la Diócesis de Buenaventura y la Junta de Acción Comunal local, Los Shottas y Los Espartanos acordaron la suspensión de sus actividades de guerra. Esta decisión se leyó como una demostración de buena fe por parte de ambos grupos respecto a su interés por colaborar con la búsqueda de paz. Y, al principio, todo pintaba bien. El propio Petro, en diciembre, celebró que la ciudad cumpliera más de 85 días sin homicidios y agregó que la situación de seguridad era positiva si se comparaba con “muchísimas ciudades de Estados Unidos”.

La aparente calma, sin embargo, se diluyó del todo en abril, cuando regresaron las balaceras entre pandilleros a diferentes comunas del puerto. Todo indica que la desaparición y posible muerte de alias Super, uno de los voceros de Los Shottas en las conversaciones con el Gobierno, fue el punto de quiebre para que se desatara la violencia. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz se refirió a estos hechos a través de un comunicado en el que manifestó su solidaridad con la familia del pandillero y realizó un llamado para “retornar al clima de tranquilidad y confianza que se logró en la ciudad” durante los meses previos. La situación, en todo caso, ya se había salido de control.

La gota que rebasó la copa fue un video que circula desde esta semana por redes sociales y en el que se ve a una decena de hombres armados y con capuchas. “Los vamos a defender con nuestras vidas. A sangre y fuego los vamos a defender. Aquí no existe Jalisco, Jalisco es en México. ¡Nosotros somos Buenaventura!”, se escucha decir al hombre que sostiene la cámara. Según información preliminar, se trata de integrantes de Los Roberts que amenazan a la banda Jalisco, organización que trabaja de la mano con el cártel méxicano Jalisco Nueva Generación. Se trata de dos nuevos grupos armados, diferentes a Los Shottas y Los Espartanos, que entran en la ya disputada lucha territorial que tiene lugar en la zona.

“En nombre del Valle del Cauca solicito por favor militarizar todo el distrito especial de Buenaventura de inmediato. Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales”, fue el mensaje que envió la gobernadora Clara Luz Roldán al presidente Petro y a Iván Velásquez, su ministro de Defensa. La situación de orden público, en criterio de Roldán, está tan desbordada que es necesario que “el Ejército llegue, ocupe todo el territorio, proteja a la comunidad y se quede”.

Su petición recibió una respuesta, a las pocas horas, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, comunicando que implementará espacios de conversación sociojurídica para llegar a “compromisos públicos” con los actores ilegales e invitando a “mantener viva la esperanza”. El ministro Velásquez, por su parte, anunció la activación de una “estrategia conjunta de la Fuerza Pública, Fiscalía y Gobernación del Valle para garantizar la protección de los bonaverenses”.

El panorama actual sobre la paz total implica un enorme reto para el Gobierno, que puede ser un triunfo o, por el contrario, una condena. Que el laboratorio que se intentó ejecutar en Buenaventura para exportar al resto del país termine fracasando sería una herida demasiado profunda a una de las prioridades del presidente desde que llegó al poder.

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