En medio de la incertidumbre jurídica se instala la mesa de diálogos con las estructuras criminales de Medellín

Con tres horas de retraso y tras dos aplazamientos, este viernes el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, instaló la llamada mesa de diálogo socio jurídico con las bandas ilegales del Medellín y el Valle de Aburrá. Al evento, que tuvo lugar en el Centro Penitenciario La Paz, asistieron el jefe de la Misión de verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, y Daniel Millares, representante de la MAPP-OEA, quien fue el encargado de leer la declaración conjunta. También estuvieron los facilitadores del Gobierno: la ex comisionada de la verdad, Lucía González; el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Martínez; la senadora por el Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta; y la lideresa de la Comuna 8 (Vista Hermosa), María Gisela Quintero.

El espacio inició con unas palabras del sacerdote Jaime Henao Franco. Luego se transmitió un mensaje en vídeo del ministro de Justicia, Néstor Osuna, seguido de pronunciamientos de Rueda y de algunos facilitadores. Posteriormente llegó el turno de la delegación de las estructuras armadas, unos 19 hombres de entre 30 y 50 años, uniformados con camisetas blancas. Uno de ellos anunció quiénes serán sus voceros principales: el conocido líder de “La Oficina”, Juan Carlos Mesa, alias Tom, y su colega de banda, Freyner Ramírez García, conocido como Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña y Jorge de Jesus Vallejo, integrantes de la estructura de ‘Los Mesa’; Albert Henao Acevedo, de ‘Los Pachelly’; y Juan Camilo Rendón, de ‘La Terraza’, entre otros.

Para cerrar el acto, tomó el micrófono Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo y líder la banda ‘Caicedo’, asociada a ‘La Oficina’. “Llegamos al espacio sin ninguna filiación política y con la esperanza de cambiar nuestras historias personales y la historia del país. Los que estamos aquí hemos visto la cara de la guerra y sabemos hasta dónde nos conduce este camino transitado con dolor. Por eso queremos intentar un sendero distinto, el de la paz, el perdón y la reconciliación”, expresó.

La instalación formal de esta mesa se había retrasado más de cuatro meses porque, según fuentes cercanas a los diálogos, la Oficina del alto comisionado quería tener listos los decretos del nombramiento de sus facilitadores, trasladar a diferentes líderes de las bandas a un mismo centro penitenciario y tener un borrador consensuado con ellos para el protocolo de verificación, que se dará a conocer en algunas semanas.

Esta apuesta de paz urbana, una de las más ambiciosas de la administración Petro y que busca desmovilizar a más de 12.000 hombres, inició hace nueve meses. Hasta ahora ha sufrido críticas por parte de diferentes organizaciones sociales y movimientos de víctimas de la región. Le reclamaron al Gobierno incluirlos desde el primer momento. A esto, en entrevista con El PAÍS, la senadora Zuleta contestó que se haría, pero solo cuando se les pudiese brindar garantías.

Para concluir el acto protocolario, en el municipio aledaño de Bello se convocó una movilización para respaldar la iniciativa por impulso de las comunidades de ese territorio. Para el periodista Juan Diego Restrepo, del portal Verdad Abierta, y quien lleva investigando años el conflicto en la región, la instalación no disipa todas las preguntas. “Todavía hay muchas opacidades en cuanto a metodologías de conversación, cómo se enfrentará la relación de estos hombres privados de la libertad con la gente en la calle, los medios de comunicación que va a emplear. Esto que se hizo, si bien es importante, fue un golpe de opinión en medio de un ambiente de crisis del Gobierno”, declaró a El PAÍS.

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