Una mayoría de gobernadores critica la “indiferencia” del Gobierno ante el aumento de la violencia

Las imágenes de un sonriente presidente Gustavo Petro al firmar el cese al fuego con la guerrilla del ELN el viernes pasado en La Habana contrastan con la impotencia que dice sentir la mayoría de los 32 gobernadores de Colombia por la grave situación de orden público que se vive en muchos territorios. Varios de los mandatarios manifiestan estar preocupados porque ven que las cifras de violencia en sus departamentos empiezan a parecerse a las de los períodos más oscuros de la historia de Colombia.

Las cifras que traen a colación muestran un deterioro claro: en los primeros cuatro meses del año, los secuestros se triplicaron frente al mismo cuatrimestre de 2022, alcanzando la cifra más alta desde 2008. Las extorsiones aumentaron un 43% y las masacres también subieron un 16%, según datos del Ministerio de Defensa.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dice a EL PAÍS: “El incremento de las acciones delictivas y de la intención de control territorial de todos los grupos al margen de la ley en nuestro territorio es evidente”. “Están traficando más, están haciendo más minería ilegal con destrucción enorme del territorio, están secuestrando más, están extorsionando más y reclutando más. Puedo decirlo con contundencia: desde el 1 de enero ha habido un incremento de las actividades ilegales de todos los grupos al margen de la ley”.

Gaviria culpa al cese el fuego bilateral pactado a principios de año entre el Gobierno y varias organizaciones armadas de la intensificación del conflicto. Precisamente, las acciones delictivas de las disidencias de las extintas FARC que encabeza Iván Mordisco, conocidas como Estado Mayor Central, y el Clan del Golfo, incluyendo ataques a la fuerza pública y masacres de civiles, llevaron al rompimiento del cese negociado en el marco del proyecto de paz total del Gobierno de Petro.

“El cese el fuego se convirtió en una especie de patente de corso para el aumento de las actividades de esos grupos, porque lo que se pactó es que el Ejército no les iba a disparar a estos grupos y ellos no le disparaban al Ejército”, dijo Gaviria. “Pero siguen traficando, siguen sembrando y procesando coca, siguen haciendo actividades de minería ilegal, siguen secuestrando y siguen asesinando. Tienen un blindaje para aumentar sus actividades ilegales y eso es lo que están haciendo”, remató.

Luego de que se dieran a conocer los términos del cese el fuego entre el Gobierno y el ELN el pasado viernes, varios gobernadores se quejaron vehementemente. Más cuando la propia guerrilla, a través de Pablo Beltrán, confirmó en tono sarcástico que el acuerdo no contemplaba la prohibición de seguir extorsionando y secuestrando y que, “por ahora”, lo seguirán haciendo “de ser necesario”.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dice por su parte: “Estos acuerdos de cese el fuego bilateral son una burla y no será fácil que los aceptemos los colombianos”. También asegura: “Lo que se está firmando es que el Ejército no va a poder hacer ninguna acción militar en contra del ELN, pero el ELN sí va a poder hacer acciones terroristas contra los ciudadanos: sí los va a poder secuestrar y extorsionar. Eso no es fácil de entender.”

Zuluaga, que gobierna uno de los departamentos más golpeados por la violencia, ha criticado también la decisión del Gobierno de Petro de sacar de la cárcel a seis integrantes de las disidencias de Mordisco con prontuarios criminales, en el que se cuentan asesinatos y masacres, para designarlos como gestores de paz y lograr avanzar en las mesas de negociación con ese grupo guerrillero.

Uno de los que saldría es alias Álvaro Boyaco, conocido también como El monstruo del Tinigua, un hombre que tiene una trayectoria delictiva de más de 15 años. Fue capturado en noviembre de 2020 en el municipio de La Macarena, Meta, donde el 16 de junio de 2020 ordenó el atentado a la base militar de Puerto Lozada, en el mismo departamento, en la que fueron asesinados seis soldados y ocho más resultaron heridos.

“El nombre y la foto de Álvaro Boyaco son de terror en esta región y la gente estaba tranquila porque por lo menos estaba en la cárcel”, dice Zuluaga. “Ahora que está en la calle, ¿quién nos garantiza que no va a volver a delinquir?”

Según el gobernador del Meta, designar a los miembros de las disidencias como gestores de paz es, además, un golpe bajo para la fuerza pública. “¿Qué sentirá la tropa si cada vez que hay operaciones militares exponemos a nuestros hombres a que los acribillen estos criminales, quienes luego son nombrados por el Gobierno como gestores de paz?”

Tanto Gaviria como Zuluaga llevan meses alzando la voz, pidiendo ayuda al Gobierno para recuperar los territorios que se han vuelto a perder a manos de las bandas criminales. Pero el clamor parece haber llegado a oídos sordos.

El martes pasado un grupo de 25 gobernadores convocó una reunión urgente en Bogotá para hablar del deterioro del orden público. Asistieron la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría, representantes de la Policía y del Ejército. El Gobierno no.

“Nos hemos sentido solos en el territorio”, dijo Zuluaga. ”No nos han dicho nada, cuál es el propósito de estas negociaciones, cuál es el camino, cuáles son los protocolos. No conocemos lo que está haciendo el Gobierno”, admitió. Manifiesta no conocer los términos de los ceses que se están negociando y que se implementarán en los territorios que administran. “Debo denunciar la apatía total, la sordera total del comisionado de Paz. Ese señor pareciera que está muy listo a hablar con todas las bandas, con todos los grupos y representantes de la ilegalidad, pero yo no he podido hablar con él un solo minuto por teléfono ni personalmente, y la información que tengo de los demás gobernadores es la misma. La paz se debe hacer escuchando a los bandidos, a los delincuentes, a los que están por fuera de la ley, pero también escuchando a los gobernadores, a los alcaldes y a los ciudadanos”.

Además, alerta sobre la posibilidad de que puedan presentarse asesinatos a líderes sociales, desplazamiento, intimidación, constreñimientos y amenazas a los ciudadanos y candidatos en las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre. “El mismo Iván Mordisco ha dicho que va a incidir en las elecciones en el Meta y va a controlar el territorio en el proceso electoral; eso tiene que ser una enorme preocupación. Queremos contribuir a sacar este país adelante entre todos, a rodear la paz total, pero rodearla con seguridad total”, dijo Zuluaga.

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