El gobernador de Caquetá denuncia que Iván Mordisco extorsiona a los candidatos de las elecciones regionales

El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, ha denunciado este lunes en Blu Radio que los candidatos para las elecciones regionales del próximo octubre han recibido extorsiones por parte de una de las disidencias de las extintas FARC. “A todos los han llamado a pedirles una cuota para dejarlos hacer campaña”, ha afirmado el mandatario regional, en referencia al llamado Estado Mayor Central que lidera Iván Mordisco. Según Gasca, los candidatos ya han limitado sus campañas a las zonas urbanas por miedo a ser asesinados o secuestrados. “Sentimos que hay un riesgo inminente, palpable”, ha comentado. “Es triste que el país haya vuelto atrás treinta años”.

Las declaraciones están relacionadas con un comunicado que el Estado Mayor Central emitió el pasado sábado. El grupo armado prohibió que los candidatos de “partidos tradicionales o guerreristas” hagan campaña en los territorios en los que el grupo tiene control militar, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. “Se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas. No son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”, señala el texto. Asimismo, asegura que se sancionarán actos de corrupción y demanda que los candidatos locales rechacen apoyos de estos partidos tradicionales, de los cuales no especificó los nombres.

Gasca, ganadero y político tradicional del Partido Conservador, ha remarcado que el miedo es generalizado en Caquetá, un departamento amazónico en el que las extintas FARC tuvieron una base importante. Alcaldes como el de Cartagena del Chairá ya no despachan desde sus municipios, sino que han tenido que trasladarse a Florencia, la capital departamental, un fenómeno que fue extendido en la Colombia de los años noventa y de inicios de este siglo. El propio gobernador, que sufrió un atentado en enero de 2022, ha contado que debe realizar amplios despliegues de seguridad para movilizarse y que no tiene posibilidad de viajar a todas las veredas, como recuerda que hacía durante los primeros meses de su administración. “Es triste no poder gobernar con libertad”, ha subrayado.

El gobernador del vecino departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha confirmado las extorsiones y la sensación de miedo en declaraciones a la misma emisora. Para él, es claro que Mordisco quiere incidir en las elecciones regionales de los cuatro departamentos, en casi 165 municipios, y que busca imponer candidatos manipulables. Además, ha asegurado que las disidencias han vuelto a comportarse como un Estado paralelo: los ciudadanos, por ejemplo, necesitan una tarjeta expedida por el grupo armado para transitar por algunas zonas y no pueden movilizarse en motos por las noches. El grupo ha logrado atemorizar a la población. “Nadie quiere denunciar”, ha señalado Zuluaga, quien administra una región que en su zona suroccidental, fronteriza con el Caquetá, también fue retaguardia de las FARC.

La masacre de cuatro adolescentes en el sur de Caquetá, el miércoles 17 de mayo, fue el detonante del final al cese al fuego bilateral que el Gobierno de Gustavo Petro había acordado con el Estado Mayor Central el pasado diciembre. “Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, dijo el presidente el lunes 22 de mayo. El grupo armado, por su parte, responsabilizó al Ejecutivo por las dificultades en los diálogos y amenazó con el recrudecimiento de la violencia: “El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros”.

Los mandatarios regionales hace tiempo que reclaman medidas firmes al Gobierno nacional. En marzo, exigieron el final del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo y difundieron el escudo nacional, con el lema “Libertad y orden”, para respaldar al presidente cuando este respondió positivamente al pedido. Días después, el gobernador de Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Ricardo Jaramillo, explicó a este periódico que los mandatarios estaban preocupados por un incremento pronunciado de los hechos delictivos de los grupos al margen de la ley. “Nosotros respaldamos la primera decisión del Gobierno de decretar un cese al fuego, pero esta generosidad no fue bien entendida por los grupos armados. Se han aprovechado de ella”, enfatizó.

Tanto Gasca como Zuluaga reiteraron este lunes el reclamo de acciones contundentes contra las disidencias de la antigua guerrilla. “Están sucediendo cosas terribles en Colombia y en Caquetá. El presidente tendrá que actuar con mano dura, con firmeza. Sentarse a dialogar con los grupos al margen de la ley, pero con una posición clara”, ha declarado Gasca. Mientras, Zuluaga ha señalado que resolver la crisis de seguridad depende “en gran medida” del Ejecutivo nacional, pero que las administraciones departamentales deben fortalecer las inversiones públicas: “No podemos quedarnos en denunciar. Hay que llegar con obras, con soluciones, y no caer en el juego de que el enemigo es el Gobierno porque nunca llega”.

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