La JEP ordena arrestar al alcalde de Aguachica en una audiencia por no proteger los restos de posibles desaparecidos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado este jueves el arresto por cinco días del alcalde del municipio de Aguachica (Cesar), Robinson Manosalva, por haber incumplido una instrucción suya: trasladar y proteger unos cuerpos recuperados en el cementerio San Martín (conocido también como De los Pobres), en esa población. Se cree que son los restos de víctimas de desaparición forzada. El mandatario deberá internarse en las instalaciones de la Policía Nacional, bien sea en ese municipio o en cualquier otro en el departamento. Agentes de la institución hicieron efectiva la orden en la misma audiencia.

El alcalde Manosalva había presentado un escrito de reconsideración con el exponía argumentos en su defensa para evitar el arresto. Sin embargo, la exposición fue insuficiente para los magistrados: “A pesar de la documentación, se observa un incumplimiento sostenido de lo ordenado por esta sección”. La justicia argumentó que no se ha hecho el traslado de los “cuerpos esqueletizados” al Cementerio Católico en las fechas pactadas ni se estableció quiénes iban a integrar el equipo forense que se iba a encargar del traslado de los restos. “La reconsideración presentada por el alcalde municipal de Aguachica no logra desvirtuar el incumplimiento […] y por lo tanto se confirma la sanción de arresto inconmutable de cinco días en una estación de Policía”. Entonces el magistrado Raúl Sánchez pidió a la Policía llevarse al alcalde de forma inmediata.

El tribunal decretó en abril de 2020 las medidas cautelares para el cementerio tras haber hallado irregularidades en la exhumación de los cuerpos, que se llevó a cabo para cumplir con una tutela que buscaba proteger los derechos de la propiedad de la finca Los Mangos, donde fue ubicado de manera irregular el Cementerio de los Pobres. Los cadáveres encontrados en el lugar eran cerca de 200. De ellos, 28 estaban sin identificar, y se cree que pueden ser de víctimas de desaparición forzada.

Las medidas también fueron tomadas tras una solicitud que presentó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), cuyo objetivo es proteger los lugares del país donde puede haber restos de víctimas de desaparición durante el conflicto armado en Colombia. Para el caso de Aguachica, la JEP determinó la “potencial existencia” de cuerpos sin identificar enterrados en ese sitio, aparte de una “intervención antitécnica” de los 28 restos sin identificar.

Tras conocerse la orden de la JEP, el MOVICE celebró la decisión y llamó a las autoridades locales a acatar las órdenes judiciales que contribuyan a la búsqueda de desaparecidos: “Convocamos al conjunto de las instituciones estatales, particularmente a las autoridades del orden local, a asumir una actitud de respeto por los jueces y acatamiento de las órdenes judiciales en las que se les requiera, así como a obrar con celeridad y debida diligencia cuando se trata de cumplir con sus obligaciones en materia de búsqueda de nuestros desaparecidos. El ejercicio de la función pública requiere de seriedad y rigor. Nadie por encima de la justicia”.

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