Cecilia López denuncia que el Gobierno le quitó su esquema de seguridad

La exministra de Agricultura Cecilia López regresó a Colombia el pasado sábado, tras un viaje a Estados Unidos. Se enteró entonces de que, poco más de dos semanas después de que el presidente Gustavo Petro la sacara del Gobierno, ya no tenía acceso a su esquema de seguridad. Denunció en una carta, difundida este martes, que el Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional de Protección (UNP) se lo habían quitado y enfatizó en que ella aún tiene un riesgo extraordinario. “Los hago a ustedes, Ministerio de Agricultura y UNP, responsables de cualquier hecho que atente contra mi persona”, se lee en el texto. Sin embargo, las dos entidades tienen conceptos diferentes sobre cuál es la responsable actualmente de garantizar la seguridad de la exfuncionaria.

La denuncia de López se detalla en un derecho de petición de seis páginas, firmado el lunes 15 de mayo y dirigido a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y al director de la UNP, Augusto Rodríguez. Resalta que debe hacer diligencias “sin la protección requerida” y recuerda que la UNP le notificó que el desmonte del esquema se haría “de manera gradual”. El Ministerio, relata, no le avisó que ya no tendría acceso a los carros blindados cuando regresara al país: “Me negó el derecho a tomar las medidas correspondientes, de manera oportuna”. Por su parte, un portavoz de López señala por teléfono que la responsabilidad es de Mojica: “Fue una decisión arbitraria del Ministerio, específicamente de la ministra”.

La UNP, por su parte, responsabiliza al Ministerio a través de un mensaje en Twitter: “La exministra salió del país y al regresar el Ministerio de Agricultura no le entregó los vehículos del esquema. La UNP no supo de esa contingencia. Hoy, conversando con el Ministerio y la exfuncionaria, se resolverá el impasse”. Según complementa la unidad por WhatsApp, los exfuncionarios tienen garantizada la protección en los tres meses siguientes a dejar el cargo, mientras se realizan estudios sobre los nuevos niveles de riesgo. El problema, señala la UNP, fue que el esquema de López estaba a cargo de la entidad que conduce Mojica: “Todo se generó por la negativa del Ministerio de entregarle [a López] los vehículos cuando regresó del exterior. Era un tema entre el Ministerio y ella, no entre ella y la UNP”.

Mojica ha respondido que el Ministerio “no es la entidad competente en temas de seguridad a ciudadanos”. “Hago un llamado a la UNP y la Policía Nacional para que le realicen a la Dra. López el estudio de seguridad y así se determinen las medidas que se requieran para garantizar su seguridad”, ha declarado. Asimismo, la ministra ha expresado su solidaridad con la situación de su antecesora: “Merece toda la atención para garantizar su vida, seguridad e integridad física”. Su oficina de prensa, además, agrega por teléfono que Mojica tampoco tiene carros blindados a su disposición y cita un decreto presidencial de 2011 sobre las funciones de la UNP. La normativa establece que la entidad es la que debe “implementar los programas de protección que determine el Gobierno Nacional”.

La transición entre López y Mojica ha sido tensa. La antigua ministra se fue de viaje sin hacer el empalme con su sucesora, que criticó la gestión que hasta entonces se había llevado a cabo. “No se estaba cumpliendo a cabalidad con la reforma agraria, y esa fue la razón de la salida de la ministra López y la razón de mi entrada”, le dijo a EL PAÍS en una entrevista. Para Mojica, la exministra y su equipo difundieron rumores “de manera malintencionada” sobre un artículo de expropiación de tierras en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). “No tenemos ningún interés en las compras forzadas de tierra”, resaltó para desmentir a su antecesora.

El artículo que generó tensión entre López y el presidente establecía que la Agencia Nacional de Tierras podía declarar “la utilidad pública o interés social” de predios que quisiera comprar para la reforma agraria. Si no había acuerdo con los dueños en un plazo de 21 días, la Agencia tenía las atribuciones para adquirirlos a cambio de una “indemnización” por el valor catastral previamente fijado por el Estado.

La Silla Vacía reveló hace unas semanas que López inicialmente presentó su renuncia en marzo, un mes antes de que Petro la echara y como forma de protestar ante el artículo en el PND. El presidente desmintió la información en Twitter: “Esto es una inmensa mentira. Si quisiéramos expropiar no necesitamos cambiar la ley vigente que es la ley 160 de 1994 en su artículo 33″. Sin embargo, López reiteró el sábado que ella había presentado su renuncia por sus desacuerdos con este artículo, que finalmente se matizó. “Me he preguntado por qué el presidente no aceptó mi renuncia del 22 de marzo cuando me negué a contemplar la expropiación exprés para pedirme que me retirara un mes más tarde”, remarcó en una entrevista con El Espectador.

El derecho de petición de López alega, además, que el nivel de riesgo puede haberse elevado ante “las manifestaciones negativas” sobre su gestión por parte de algunos funcionarios del Gobierno. Enfatiza en que los cambios en su esquema de protección no han tenido en cuenta su seguridad y que ella contaba con que se cumpliera con un derecho que tiene como exministra. “No he tenido la posibilidad de adecuar mi cotidianidad de manera inmediata”, comenta en referencia a la forma en la que se produjo su retiro.

Nota del editor: el titular de este artículo ha sido modificado para reflejar que hay un debate entre dos instituciones del Gobierno sobre cuál es la responsable de garantizar el esquema de seguridad a Cecilia López.

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