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Deforestación en el Amazonas
Tribuna
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La Amazonia busca su voz en el Plan Nacional de Desarrollo

En la región se registra el 70% de la deforestación de Colombia

Un área deforestada cerca de El Capricho, en el departamento de Guaviare (Colombia).
Un área deforestada cerca de El Capricho, en el departamento de Guaviare (Colombia).Ivan Valencia (Bloomberg)

La deforestación, quizás el principal problema ambiental del país, ha arrasado en los últimos seis años con más de un millón de hectáreas de bosque. El problema se agrava porque cerca del 70% de la pérdida de cobertura forestal ha tenido lugar en la Amazonia, un ecosistema de vital importancia para detener el cambio climático. No obstante, el proyecto de plan de desarrollo que presentó el Gobierno deja varias dudas sobre el compromiso de hacer frente a esta crisis ambiental mediante un PND sintonizado con las necesidades ambientales y sociales de la Amazonia.

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales IRI Colombia comparte con muchas organizaciones ambientales e indígenas la convicción de que un proceso de desarrollo sostenible amazónico solamente se puede lograr y consolidar con el cumplimiento de un requisito indispensable: que la Amazonia se incorpore en la hoja de ruta del PND de forma integrada e integral y no como un simple agregado de departamentos aislados.

IRI Colombia y Alianzas para la Sostenibilidad Alisos han querido contribuir al logro de ese propósito. Por tal razón, en asociación con varios actores que tienen fuerte incidencia en el desarrollo de la Amazonia colombiana, realizamos un ejercicio de participación ciudadana que convocó a líderes representativos de los distintos grupos de interés que habitan la región. Con ellos se generaron escenarios multisectoriales de diálogo que facilitaron la recolección de insumos diagnósticos y la concertación y priorización de recomendaciones para la formulación del PND.

Algunas de esas recomendaciones tienen que ver con el ordenamiento territorial, la conectividad, la gestión de aguas y la integridad territorial. En cuanto al ordenamiento territorial, por ejemplo, se recomienda implementar el catastro multipropósito en la región amazónica; en conectividad se reclama dotar a los departamentos amazónicos de la infraestructura y tecnología que prevé el Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible; en materia de gestión de aguas se recomienda que se destinen los recursos necesarios para garantizar el acceso a agua potable en los 40 municipios de la Amazonia; y en relación con la integridad territorial se insta a garantizar la reglamentación y puesta en marcha de las entidades territoriales indígenas.

El análisis del proyecto del plan de desarrollo hace prender varias alertas. El proyecto contiene varias menciones a la urgencia de conectar los municipios con carreteras terciarias, pero soslaya indicar que la construcción de estos proyectos en los territorios amazónicos se debe hacer de manera responsable. En efecto, las particularidades ambientales de estos territorios exigen que en la construcción de vías se garantice la protección de la biodiversidad de las áreas que atravesarán. Se ha demostrado que las carreteras generan una deforestación en efecto de “espina de pescado” a lado y lado de la vía hasta por 5 kilómetros. Por ello resulta urgente que se adopten medidas para disponer de estándares obligatorios de infraestructura verde vial y para potenciar la conectividad fluvial y aérea de la región.

Otro de los aspectos que preocupa es la falta de respuestas a problemáticas que obstaculizan el acceso de las comunidades amazónicas al agua potable y que impiden a los municipios de la región, casi todos ellos alejados de las grandes capitales, tener plantas de manejo de aguas residuales.

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El proyecto de PND tampoco desarrolla explícitamente el asunto de las entidades territoriales indígenas ETI. Entre las funciones que estas entidades tienen por mandato de la Constitución se encuentra la de diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio. Otra de esas funciones es representar a los territorios indígenas ante el Gobierno nacional. La creación de las ETI abriría el camino para el pleno reconocimiento y cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales que el Estado colombiano tiene con los pueblos indígenas.

El Gobierno y el Congreso aún están a tiempo de dar a la Amazonia la oportunidad de recuperarse adoptando un plan de desarrollo que le ofrezca los medios indispensables para lograrlo.

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