La pequeña Elizabeth murió de un tiro en la cabeza; su supuesto asesino recibió otro días después

El feminicidio de una niña de 13 años en Gómez Plata, un pueblo del norte de Antioquia, ha desvelado la desprotección de las mujeres en una región amenazada por la violencia de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El cuerpo sin vida de Elizabeth Macías, una estudiante de séptimo grado, fue encontrado el sábado en una quebrada a la entrada del municipio. Un día después, las autoridades anunciaban el hallazgo de otra persona muerta: un hombre de 35 años fue dejado envuelto en bolsas de plástico en la carretera que comunica a Gómez Plata con Medellín. Sobre su cadáver había un papel con un mensaje escrito a mano: “Las mujeres se respetan y más a las niñas”.

Las autoridades investigan las dos muertes, mientras la única organización de mujeres del pueblo, la Asociación Martha Lina Gómez, hace un llamado de auxilio. “No nos dejen solas”, dice una de las voceras a este diario. “En este lugar la guerra ha sido muy dura. El feminicidio de Elizabeth es la punta del iceberg de una violencia contra las mujeres que ha sido silenciada”. El asesinato de la menor ha despertado la reacción de feministas y de estudiantes del único colegio del municipio que salieron a las calles el fin de semana a manifestarse contra la violencia y este martes se encontraron en el entierro de su compañera.

A Elizabeth la encontraron muerta de un disparo en la cabeza dos días después de su desaparición, la noche del miércoles de Semana Santa. Según reportó el diario local El Colombiano, su madre contó que desde que le perdieron el rastro supusieron que había sido retenida por Róbinson Estrada, conocido como La Rosa, un hombre que, de acuerdo con la publicación, había intimidado a la familia para que no denunciara la cercanía que mantenía con la menor. La Rosa fue el hombre que las autoridades encontraron muerto, con signos de tortura y atado de pies y manos, tras el asesinato de Elizabeth.

Nelson Zapata, personero de Gómez Plata, dice por teléfono que la comunidad está “conmocionada”, pero prefiere no ahondar sobre los hechos que tienen paralizado al pueblo. “Las autoridades están investigando y serán ellos quienes digan cómo ocurrió este crimen, que repudiamos y que no debió suceder nunca”, dice Zapata, que habla del pueblo de apenas un poco más de 10.000 habitantes como un lugar tranquilo, que es llamado popularmente “la tierra de la cordialidad”, pero que vive bajo la amenaza de grupos armados como las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo.

“Este es un territorio de paz. Los dos asesinatos que las autoridades investigan son los primeros que se registran en todo el año”, asegura. La vulnerabilidad de los menores en esa zona de Antioquia, sin embargo, quedó en evidencia el pasado febrero, cuando el gobernador Aníbal Gaviria denunció que grupos armados hacían presencia en al menos diez escuelas del norte y nordeste del departamento. Gaviria hizo público lo que sucedía en la región luego de conocerse unos videos en los que se veía a disidencias de las FARC pasearse armados entre los estudiantes dentro de un colegio de Yarumal. Según el gobernador, hombres del Clan del Golfo hacían lo mismo en una institución de El Bagre.

La exposición de los estudiantes fue alertada entonces por organizaciones de derechos humanos e instancias como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que investiga el conflicto en Colombia. La incursión de grupos armados en los colegios de esa zona de Antioquia fue señalada como un escenario de riesgo para los menores de edad y el Gobierno, con la presencia del mismo presidente Gustavo Petro, citó en su momento a una reunión con autoridades del departamento y varios de sus ministros.

El caso de Elizabeth Macías desvela que ninguna medida que se haya tomado para proteger a la población de la violencia ha sido suficiente. Maritza Ayala, madre de la menor, le dijo a El Colombiano que temía represalias si denunciaba el acecho de La Rosa a su hija. “Nos daba miedo actuar porque sabíamos quién era esta persona”, dijo la mujer al periódico local, al que confirmó que su familia fue alertada por él mismo, del lugar donde había sido tirado el cuerpo de la niña.

De Róbinson Estrada ha trascendido lo que las autoridades han contado: que era un hombre de 35 años conocido bajo un alias. Sin embargo, la forma en que fue encontrado, “embolsado”, apunta a que podría haber pertenecido a una estructura armada. El periodista Santiago Olivares- Tobón, que ha seguido el caso, dice que el crimen de Elizabeth ha puesto al descubierto las “complejidades” que se viven en una zona donde operan grupos armados que imponen su ley a la fuerza. La imagen del cadáver de La Rosa, que ha circulado como una cadena de WhatsApp, refleja la crudeza de una violencia que todavía no es atendida. “Los embolsados suelen ser una noticia usual”, dice el periodista, en referencia a una práctica común entre las bandas armadas de Antioquia.

La Asociación Martha Lina Gómez, un nombre en memoria de una mujer que fue asesinada hace más de 20 años en el mismo pueblo en el que hoy lloran a Elizabeth, pide celeridad en la investigación sobre el último feminicidio, al que las autoridades todavía señalan de “presunto”. “Claramente es un feminicidio. Era una niña de apenas 13 años. Cualquier decisión que haya tomado fue influenciada por un adulto en una relación de poder. No vale ser tímidos en el momento de llamar las cosas por su nombre, menos cuando se trata de un crimen así”, señala una vocera de la organización, que pide no se le mencione con nombre propio porque funcionan como un colectivo. Este año en Antioquia han sido asesinadas al menos 22 mujeres, pero solo en tres casos la justicia les ha catalogado oficialmente como feminicidios.

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