La Corte Suprema deja en firme la condena a 17 años de prisión contra Andrés Felipe Arias

La Corte Suprema de Justicia confirmó este viernes la condena a 17 años de prisión contra el exministro de Agricultura de Colombia Andrés Felipe Arias por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. Es el fin de una larga batalla jurídica de quien fuera uno de los ministros más cercanos al expresidente Álvaro Uribe y su precandidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2010. La Corte Suprema encontró que Arias incurrió en los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación, al celebrar de manera directa tres convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre 2007 y 2009, favoreciendo intereses de terceros.

Ese mismo tribunal había condenado a Arias en julio de 2014. Encontró que el exministro desconoció los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad al contratar al IICA de manera directa, en lugar de haber hecho una licitación pública, para buscar réditos electorales. La Corte advirtió que “el verdadero propósito del ministro se probó en el juicio donde se estableció que los beneficiarios del programa fueron convocados para apoyar la campaña política del entonces precandidato a la Presidencia por el Partido Conservador Colombiano”.

“El irregular trámite, confección y ejecución de los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 fue el comienzo de la acción finalmente orientada a apropiar los recursos del Estado en favor de unas familias y empresas beneficiarias, concretamente José Francisco Vives Lacouture, CI Banapalma S.A., Alfredo Lacouture Dangond, Orlandesca S.A. Biofrutos S.A., Inverjota S.A., Daabon, Agroindustrias JMD, Inagros S.A., Almaja S.A. y Riveros Páez”, decía el fallo. Era una sentencia definitiva, de única instancia.

Sin embargo, en 2020 la Corte Constitucional ordenó a la Corte Suprema de Justicia permitir otra instancia. Lo hizo en respuesta a una acción de tutela de la defensa de Arias, que argumentaba que él tenía el derecho a la doble conformidad, es decir, a que se revisara la sentencia.

Ese fallo desató un choque entre ambas cortes. “Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva”, sostuvo entonces la Corte Suprema. El fallo de tutela “deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal”, advirtió.

El choque pasó, la Corte Suprema creó una sala para revisar sus sentencias de única instancia —la de Arias no fue la única tutela— y el caso avanzó.

Ahora, en esa nueva instancia, la Corte Suprema confirmó su decisión. Desvirtuó el principal argumento de Arias: que podía contratar de forma directa al IICA, pues el objeto de los convenios era el desarrollo de actividades científicas y de tecnología asociado a proyectos de riego y drenaje para el programa Agro Ingreso Seguro, y para ese tipo de convenios no había que hacer una licitación. “El recurrente no logra mostrar que la cooperación técnica y científica del IICA de la cual habla el convenio proporcionara transferencias de tecnología e innovación a los beneficiarios del programa”, estima el tribunal.

El magistrado Gerson Chaverra, de la Sala Penal, sentenció: “Los reparos probatorios formulados por la defensa tendientes a mostrar que Arias Leiva no es responsable de los hechos por los cuales fue procesado carecen de razón y no afectan la legalidad de la condena, como tampoco los de carácter jurídico conducen a modificar el monto de la sanción impuesta”.

El exministro Arias fue detenido de forma preventiva en 2011, estuvo recluido en una guarnición militar de Bogotá hasta 2013, y recobró su liberad. Salió de Colombia hacia la Florida antes de la condena de 2014. Pidió asilo, pero fue capturado en Miami en 2016 y finalmente fue extraditado a Colombia en 2019. Desde 2022 se encuentra en prisión domiciliaria y tiene permiso para trabajar.

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