El Gobierno colombiano se abre a la negociación en un nuevo pulso con Uber

La agitada noche de protestas del martes en Bogotá, organizadas por conductores de diversas plataformas como Uber, ha surtido efecto. El Ministerio de Transporte ha informado hoy que se reunirá mañana en la tarde con representantes del gremio de conductores de taxis y de las compañías tecnológicas para negociar los términos del hasta ahora drástico plan gubernamental que busca regular a estas aplicaciones. Se trata de un nuevo intento de concertación, en aras de actualizar la normativa y darle claridad a la operación de negocios digitales que llevan años trabajando en una zona gris.

El borrador del proyecto, que plantea multas de hasta 10.000.000 de pesos (unos 2.000 euros) para los usuarios de plataformas, así como el bloqueo de las apps, se filtró ayer a través de redes sociales. El documento justifica las medidas por considerar que los negocios digitales en su funcionamiento actual suponen una amenaza para “la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio básico”.

La irrupción de Uber en Colombia (2013) significó para muchos usuarios un alivio a la hora de sortear las múltiples falencias del sistema de transporte público local. Luego se sumaron otras empresas, como Didi, Cabify o InDriver. El problema radica en que su operación se ha desarrollado por fuera de la legislación vigente que, como explica el experto Darío Hidalgo, data de los años 80: “Ese estatuto dice, básicamente, que el servicio de transporte debe ser prestado por empresas, no por individuos”.

De esta forma, los taxistas de las grandes ciudades colombianas, asediados por la posibilidad latente de perder una cuota de pasajeros importante, han impuesto una implacable mano de hierro para frenar cualquier asomo de modificación. Una madeja que en otros lugares del mundo se ha tratado de desenredar desde hace diez años con más o menos suerte.

En Colombia, las propuestas de regulación en el legislativo han naufragado, una tras otras, y con el tiempo se ha establecido una suerte de inmovilismo donde el viejo orden observa de reojo la operación ilegal o informal de los nuevos modos de transporte.

El experto en urbanismo Carlos Felipe Pardo asegura que la propuesta del Gobierno del progresista Pacto Histórico de bloquear las aplicaciones es mala idea: “prohibir estos negocios no los va a anular. Es como querer echar el mugre bajo la alfombra. Ahora bien, sí se debe regular en un sentido amplio: que el usuario pueda tener formas de moverse accesibles, seguras y con mejores condiciones”.

El gremio de taxistas, cuyo núcleo fuerte se encuentra en Bogotá con unos 54.000 vehículos registrados, ha exigido la imposición de los mismos permisos y requisitos para las aplicaciones. Un reclamo que la mayoría de los expertos desechan por tratarse de negocios emergentes que funcionan bajo otras lógicas: “El Gobierno tiene que dejar claro qué quieren hacer y cuál es su política completa. Surgen anuncios de regular las motos y SOAT, por un lado. Transporte público por otro, y ahora a las plataformas”, señala Pardo, “pero no parece responder a problemas con principios claros sino como reacción individual de qué ‘tan popular suena esto’”.

A pesar de los problemas de Uber, que nació en California y tiene unos 600.000 conductores conectados a su plataforma en Colombia, Hidalgo recuerda que cuando el excongresista del Partido Verde Mauricio Toro presentó en 2021 una reglamentación para legalizar y “darle garantías a los usuarios de estos nuevos servicios” estalló una huelga de taxistas. Entonces el Congreso frenó el trámite: “El Ministerio de Trabajo se equivoca de nuevo. No se puede quedar bien con todo el mundo, que es lo que está tratando. El actual borrador lo trabajó el Gobierno con la Superintendencia de Transporte y con los taxistas para acabar con las plataformas y castigar a los usuarios y a los informales”.

Ahora el Gobierno levanta, de nuevo, una bandera blanca y exhibe una disposición negociadora. Pero Hidalgo no es optimista y trae a colación una paradoja: “El gremio de taxistas exige y presiona para que se cumpla con un marco legal, de licencias o cupos, que los ha beneficiado durante años. Pero, al mismo tiempo, una buena parte de ellos no la cumple: es un servicio precario, inseguro, donde los conductores no son contratados de acuerdo con la legislación laboral, no tienen protección social, de salud o de pensiones”.

De la misma forma, Pardo recuerda que si bien los “efectos negativos de las aplicaciones, como los fallos en seguridad, están bien documentados”, se trata un campo en constadesarrollo con múltiples ventajas potenciales en temas de seguridad vial, por ejemplo. A falta de soluciones mágicas, precisa que la crisis está destinada a prolongarse en un debate que, a menudo, parece un diálogo de sordos. Por lo pronto, opina, no hay un actor dentro en el oficialismo que sugiera una ruta hacia delante: “El Gobierno está buscando proteger a un gremio sobre protegido”. Y concluye así mismo: “es un sector (Transporte) cobarde, que solo sabe regular hacia atrás”.

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