El futuro de las plataformas de transporte vuelve a quedar en duda

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, afirmó este jueves a medios de comunicación que el presidente, Gustavo Petro, reconoce que las plataformas de transporte como Uber, Indriver y Didi “son ilegales y que hay que desmontarlas”. El ministro, no obstante, explicó que el desmonte tomará tiempo y necesitará de voluntad de diálogo entre todos los actores, pues acabarlas de tajo tendría un impacto social enorme en las familias de los conductores de plataformas.

El anuncio encaja con una vieja petición del gremio de taxistas, con el que Petro se reunió este miércoles. Algunas cabezas gremiales, sin embargo, insisten en que esperan una resolución inmediata. Otros están más satisfechos con el Gobierno, como el líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina. El sindicalista comenta por teléfono a EL PAÍS que aunque sigue habiendo mucho trabajo por hacer, están contentos con la invitación de hacer mesas temáticas. El objetivo de estas mesas es “tomar una decisión frente al tema de las plataformas”.

Ospina remarca que los representantes de los taxistas le presentaron varias solicitudes al presidente. Algunas son de vieja data, como la falta de seguridad social de los conductores de taxis y el bloqueo de las plataformas digitales. Pero también hay un reclamo por el incremento en el precio de la gasolina que decidió el presidente como medida para combatir el déficit que ha creado el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este fondo ha subsidiando el valor al público del combustible y este año acumula una deuda de 24,7 billones de pesos que a final de año llegaría a 38 billones.

El Gobierno no cede en esa medida, impopular pero aplaudida por los economistas que ven en la gasolina un factor grande de desequilibrio fiscal y por los ambientalistas que critican las emisiones contaminantes. Sí lo hace, en paralelo, con el precio del ACPM, el combustible para motores diésel usados especialmente por el transporte de carga, y cuyo aumento incidiría de forma más directa sobre la inflación, que está disparada.

Por eso, el anuncio sobre las plataformas es una zanahoria para los taxistas. Pero no deja de tener críticos. El presidente del gremio de plataformas Alianza INN, el excongresista José Daniel López, niega que los servicios de las plataformas de transporte sean ilegales, como afirma Reyes. “El servicio puede estar no reglamentado, pero es un servicio legal que está amparado por principio internacional y legal de neutralidad de internet”, dice López, retomando argumentos de un debate legal que ya lleva casi una década en Colombia.

López reitera el argumento de que las plataformas “generan oportunidades para miles de colombianos” y tienen un valor social significativo. Cita el estudio Plataformas digitales y contribuciones a seguridad social que hizo el centro de pensamiento Fedesarrollo en 2021. Según el informe, las plataformas digitales han cobrado una importancia creciente en la economía colombiana y se estima que su actividad representa cerca del 0,2% del PIB.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.