Los contratos de comunicación públicos que han encendido la polémica en Colombia

La atención se posó sobre Lalis, una reconocida influenciadora afín al presidente Petro, por un hilo de Twitter publicado en la tarde del domingo. En él Daniel Briceño, un abogado y tuitero que trabaja en el concejo de Bogotá, denuncia la existencia de varios contratos de la entidad estatal Colombia Compra Eficiente que a su juicio son reprochables. En los dos que más han dado de qué hablar, Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida por su nombre de redes sociales, se vincula con el ente que desarrolla políticas públicas de contratación estatal para asesorar su estrategia de comunicación. En otros, dos empresas con vínculos a Hollman Morris, un periodista y político petrista, recibieron sumas multimillonarias por un análisis de datos y por la producción de unos comerciales, respectivamente. Estos, y varios otros contratos, han precipitado un fuerte debate ético en el país sobre la transparencia en la contratación pública.

Eso es precisamente lo que buscaba Briceño, que se ha dado a conocer con denuncias similares en el pasado y quien considera que es su deber vigilar los gastos públicos para evitar los derroches. “Me llama la atención en primer lugar el monto de los contratos y los términos; contratos de 16 días son muy extraños si no es en un contexto de emergencia”, cuenta por teléfono. Briceño se refiere, por un lado, a los $10.645.161 (2.345 dólares) y $51.596.774 (11.367 dólares) que recibiría Beltrán por dos meses de trabajo en 2022, y 11 meses en 2023, respectivamente. Pero también al contrato otorgado a la empresa We Love Data por $100.000.000 (22.000 dólares) por elaborar una propuesta de segmentación de público para la publicidad de la entidad en 14 días, o al que estipula que la productora Programar Televisión haría 5 videos en las últimas dos semanas de diciembre de 2022 a cambio de $130.000.000 (28.600 dólares). Según las pruebas aportadas por Briceño, ambas empresas tienen al Tercer Canal, dirigido por Hollman Morris, como establecimiento de comercio.

Una vez publicada, la denuncia de Briceño se esparció rápidamente por las redes. La principal crítica que suscitó fue la falta de transparencia en la contratación: algunos acusaban al gobierno de beneficiar arbitrariamente a quienes los apoyan; otros, como el representante petrista Agmeth Escaf, relacionaron los contratos de la influenciadora con su actividad en redes sociales, muy favorable con la gestión del presidente y varios de sus aliados. Además, en la marea de trinos resurgieron algunos en los que la propia Lalis había criticado a la abogada y tuitera Natalia Bedoya por contratos que ella tenía con dos ministerios del Gobierno del presidente Iván Duque para asesoría en comunicación.

En el fondo del debate está si es reprobable entregarle dinero público a figuras que generan contenido positivo para el gobierno o critican a los opositores, dice Camilo Granada, consultor de comunicaciones que ha trabajado en campañas políticas y fue alto consejero presidencial para las comunicaciones de Juan Manuel Santos. “Este tipo de asesorías no son extraordinarias, ni ilegítimas, ni ilegales en el sector público. La pregunta que cabe es: ¿qué es lo que se está comprando? ¿La experiencia de una persona que ha estado trabajando en medios y que tiene conocimiento en comunicaciones, o se están contratando opiniones en las redes, en este caso de influencers, para que hablen bien del Gobierno? Son dos cosas distintas”, explica.

Una mirada detallada al contrato de Beltrán deja ver que, en su caso, no hay irregularidades sobre el papel: se estipula que el trabajo es “asesorar”, se detallan ciertas tareas y no se habla de su actividad a nombre propio en las redes sociales. Asimismo, los montos de los contratos no son sobresalientes cuando se dividen por meses, pues salen a menos 5 millones de pesos al mes. Además, como no son contratos laborales sino de prestación de servicios, el contratista debe pagar la seguridad social, y finalmente el ingreso es menor. En esa línea, justamente, Lalis respondió al denunciante: “Soy profesional y hago asesorías de comunicaciones. ¿El único que puede hacer activismo y trabajar en entidades estatales es usted?”, replicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el segundo contrato es por 11 meses, casi todo 2023, cuando la misma entidad emitió una directiva para que todas las entidades del Estado redujeran este tipo de contrataciones y las hicieran máximo por cuatro meses este año. “Para la vigencia 2023, las Entidades Estatales destinatarias de la presente circular podrán suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se encuentren justificados en las razones antes señaladas, en principio, por plazos que no superen los cuatro meses”, dice la circular conjunta 01 de 2023.

Los contratos a empresas con vínculos a Hollman Morris son por montos mucho mayores, aunque es muy difícil saber -como dijo en su cuenta de Twitter el congresista Escaf- si se trata de derroche o si las cifras son infladas, por las múltiples variables que definen el precio final de ese tipo de servicios. La duración y las fechas de la firma de los contratos, a dos semanas del final del año, encienden las alarmas, pues es usual que las entidades gasten el presupuesto que tienen disponible en el remate de cada año: si no lo gastan, el Estado entiende que no lo necesitarán al año siguiente y les recortarán las partidas, y al hacerlo a las carreras de paso ayudan a empresas amigas. Finalmente, el hecho de que hasta el momento apenas se haya publicado uno de los cinco videos en YouTube, donde ha tenido unas 60 mil visualizaciones, pone en duda la eficacia de los contratos.

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