La Fiscalía y dos jueces frenan la libertad a los voceros de paz

Gustavo Petro no ha podido cumplir con su promesa de liberar a cientos de jóvenes que fueron detenidos por participar en las protestas. El decreto presidencial con el que esperaba tramitar sin mayor problemas la salida de los manifestantes de las cárceles no le ha alcanzado para conseguirlo. Este jueves, un juez negó una petición con la que Petro buscaba liberar a tres jóvenes que habían participado en las manifestaciones de 2021.

Luidiar Camacho, Steven Vega y Daniel Ruiz esperaban su salida este mes, tras más de un año detenidos, pero la justicia ha chocado con los planes del presidente y ha decidido mantenerlos en prisión. “La única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el Juez de Control de Garantías”, insiste en señalar el juzgado.

Según la Fiscalía, los tres hacen parte de la ‘Primera Línea Engativá’, una organización juvenil que se ponía frente a las manifestaciones para enfrentar la represión policial. Las autoridades les capturó a finales de 2021 como presuntos responsables de destruir los locales de un centro comercial con bombas molotov, bloquear avenidas, retener buses del transporte público y agredir a agentes de la policía. Su eventual salida de la cárcel no implicaba el cese de los procesos penales, ha repetido el Gobierno, pero la sensación de impunidad, alentada por políticos de la derecha, también ha jugado en contra de la propuesta de Petro, que ha sido señalada de “débil” legalmente.

El Gobierno se ha aventurado a usar la figura de voceros de paz para lograr la libertad de los manifestantes, pero la ley dice que solo se aplica a quienes hacen parte de un grupo armado, que tienen justificado salir de la cárcel si es para participar en un proceso de diálogo. Los últimos jóvenes a los que se les ha negado la libertad son reconocidos en la localidad de Engativá llevan meses reclamando justicia. La opción que les daba Petro era la última en agotar, después de haber insistido ante la justicia que eran inocentes. Los tres ya eran reconocidos líderes en su barrio antes de que participaran en las protestas y la policía los persiguiera hasta capturarlos. Luidiar trabajaba como entrenador y árbitro en las competencias deportivas de aficionados, Stevan estudió gastronomía y planeaba montar su propio restaurante, y Daniel lideraba proyectos ambientales para mejorar la calidad de vida de su comunidad.

Desde que Petro anunció la liberación, la Fiscalía aseguró que el Gobierno se estaba extralimitando en sus funciones. “El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la rama Judicial frente a delitos comunes, como los que cometieron en el marco de las violentas protestas”, dijo el fiscal, Francisco Barbosa. La procuradora, Margarita Cabello, quien fue ministra de Justicia del Gobierno Duque, también había rechazado la medida. “Corresponde a los jueces decidir sobre la privación legal de la libertad de los detenidos y condenados en todos los casos. La reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias”, reclamaba la funcionaria en noviembre del año pasado.

La promesa de conseguir la libertad de los detenidos pasa por procesos y decisiones jurídicas que no están en manos del Gobierno, como sucede con los jóvenes de las protestas y varios de los grupos armados ilegales que ha incluido en su propuesta de paz total. Este viernes, la Fiscalía le rechazó una solicitud para suspender las órdenes de captura contra 16 miembros de los grupos autodenominados Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN) y Autodefensas Gaitanistas (AGC), que actuarían como representantes de esas organizaciones en los diálogos con el Gobierno. En este caso, la Fiscalía fundamentó esa negativa en que esos grupos solo pueden someterse a la justicia, y no negociar con el Estado. Con ese argumento puso en duda las decisiones del Gobierno que se concretaron en dos decretos del 31 de diciembre, uno para las AGC y otro para las ACSN.

“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”, señala la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, en una carta publicada en El Tiempo. La Fiscalía ha anunciado que, a pesar de los anuncios presidenciales, no existe un marco normativo que determine los términos del sometimiento de grupos armados organizados. “Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas”, advierte la Fiscalía.

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