El Gobierno pisa el acelerador con el nuevo Código Electoral

El Gobierno ha pisado el acelerador para sacar adelante otra reforma legislativa antes de terminar el año. El Ministerio del Interior mandó el miércoles un mensaje de urgencia al Congreso para que agilice el tratamiento del nuevo Código Electoral, que regula la organización de los comicios. El Ejecutivo quiere aprobar los cambios para poder llevarlos a la práctica en las elecciones regionales de octubre de 2023, incluyendo el voto electrónico y la ampliación de la cuota de género al 50% de cada lista. No obstante, la rapidez ha sentado mal. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha sacado un comunicado en el que denuncia que es “innecesario e inconveniente” acortar los tiempos legislativos.

El presidente, Gustavo Petro, viene de anotarse triunfos importantes en sus primeros 100 días de gobierno. El Legislativo aprobó la semana pasada la ley de la paz total, que habilita las negociaciones con las guerrillas y el crimen organizado, y está por concluir la conciliación de una reforma tributaria ambiciosa en recaudo, indispensable para financiar todos los demás proyectos. Pero no es suficiente. El presidente del Senado y aliado de Petro, Roy Barreras, publicó un mensaje en Twitter durante el fin de semana para demandar mayor rapidez. Según el senador, el Gobierno del cambio requiere “trabajar más, recortando los recesos y usando los mensajes de urgencia”. En concreto, quiere consensuar en los próximos meses reformas clave como las de salud, trabajo y pensiones.

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Ha elegido impulsar la reforma del Código Electoral, aunque no es una de sus banderas ni es de su autoría. El proyecto, radicado en agosto y que ya tuvo tres audiencias públicas, busca corregir un error del pasado. Como senador, el actual presidente fue parte de los debates en 2020, cuando el Congreso aprobó un nuevo código que después la Corte Constitucional tumbó por errores de procedimiento. Ahora el Ejecutivo quiere recuperar el proyecto, aprobarlo antes de fin de año e implementarlo en las próximas elecciones.

Sin embargo, la hiperactividad no ha caído bien fuera del Gobierno. La maniobra tomó por sorpresa a la MOE, una plataforma que promueve los derechos políticos de la ciudadanía y que ha mandado cartas con cuestionamientos al presidente y al ministro del Interior.

Las críticas son varias. La principal es que la implementación en las próximas elecciones afecta “el principio de reglas claras, ciertas y previamente establecidas”. La directora de la organización, Alejandra Barrios, profundiza por teléfono que el calendario electoral ya comenzó en octubre con los registros de cédulas y cambios de domicilio. Considera también que “no es serio” decir que las medidas ya se discutieron en 2020 y que por ello pueden realizarse sesiones conjuntas, con menos análisis y debates reducidos. “No es el mismo Congreso que en 2020″, señala.

Barrios remarca que aún existen ambigüedades en varios puntos. Deben discutirse detalles importantes sobre el voto electrónico: cómo se conectarán las máquinas a los servidores en la nube, cuáles serán los lineamientos de contratación y cómo se complementará la tecnología con una copia física del voto que se depositará en una urna. Para la directora de la MOE es necesario también debatir a fondo temas que a simple vista parecen menores, como la extensión de la jornada electoral hasta las 5.00 de la tarde. Explica que esto puede ser complicado en lugares en los que falte electricidad y transporte: “¿Cuál es el impacto de extender una hora en las zonas rurales y por qué vale la pena?”.

Lo que más preocupa a la MOE, sin embargo, no tiene que ver con reformas electorales: son los 112 artículos nuevos que refieren a facultades no electorales de la Registraduría. La entidad pidió incluir varias reformas que necesitaba, aunque no tuvieran que ver con los comicios, sobre los procesos de identificación de personas y el reconocimiento de categorías étnicas y de género. El exregistrador Juan Carlos Galindo, que trabajó en los borradores iniciales entre 2016 y 2019, apunta por teléfono que estos cambios deben ir en una ley separada. Considera que el proyecto actual no tiene “unidad temática”, algo que exige la Constitución.

Las críticas al Gobierno no son unánimes. Carlos Andrés Arias, profesor de comunicación política y gerente de la consultora Estrategia y Poder, opina por teléfono que es correcto agilizar los trámites. Señala que el registro de cédulas desde octubre no implica que la contienda electoral haya comenzado y que lo importante son las inscripciones de los candidatos, que serán a mediados de 2023. “Es necesario dar el paso, postergarlo nos llevaría a 2026. En términos legales, no se están cambiando las reglas de juego porque el proceso no ha comenzado”, señala. Para él, es esencial que algunos temas avancen lo más rápido posible y “no está bien” retrasarlos. Menciona como prioridades la regularización de la propaganda política en redes sociales, la actualización del censo electoral y la ampliación de la participación de las mujeres en cargos del Estado.

Algo similar opina el representante gobiernista Eduard Sarmiento Hidalgo (Polo Democrático), uno de los congresistas que ha seguido la iniciativa. Comenta por teléfono que en la bancada del Gobierno respetan la opinión de la MOE, pero que el proceso electoral recién inicia el próximo abril. “Colombia vive en elecciones, cada cuatro años hay dos grandes eventos. Cuando quiera que propongamos la reforma, nos van a decir que estamos cambiando reglas de juego”, justifica.

Sarmiento explica también que es un texto afín al consenso ya alcanzado hace dos años. “Lo novedoso es que no es novedoso. Gustavo Petro ha decidido respetar ese proceso de consenso, pese a que ahora somos mayoría”, comenta. Reconoce que es cierto que hay 112 artículos nuevos, pero explica que la Registraduría pidió incorporarlos. Según el representante, el Pacto Histórico está dispuesto a dialogar y retirarlos en caso de que sea necesario. “No estoy casado con la idea de que se apruebe esa parte”, señala. El congresista reconoce que el Estado debe analizar con detenimiento si tiene las herramientas necesarias para garantizar la implementación de nuevos procesos de identificación biométricos.

La Corte Constitucional consideró a principios de este año que la ley aprobada en 2020 no debía tratarse en sesiones extraordinarias, como hizo el Congreso en ese entonces para agilizar los trámites, pues eso está prohibido en iniciativas que alteran la regulación de derechos. La incertidumbre sobre qué código aplicar afectó parte del calendario electoral de los últimos comicios. Ahora, el Legislativo acelera en un nuevo intento de aprobar antes de que terminen las sesiones ordinarias, el 16 de diciembre, una reforma que tenga el impulso de Petro, como si el capital político del presidente pudiera evaporarse. La incógnita que surge es si el acelerador volverá a ralentizar el Código Electoral y llevará las dudas hasta el año próximo.

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