Atacar a las personas LGBTIQ+ hace parte de la estrategia autoritaria

En las tres últimas décadas, las protecciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ han tenido rápidos avances en muchos países y regiones. Sin embargo, el ascenso del autoritarismo populista plantea una amenaza a estos avances, puesto que la abolición de la libertad sexual suele ser un elemento clave de los proyectos políticos represivos. Los avances y retrocesos en mi país de origen, Colombia, son representativos del proceso por el cual se usa a la democracia para erosionar los derechos.

En 2016, Colombia se perfilaba como un paraíso legal para las personas LGBTIQ+. Ese año tuvo como punto más alto las victorias legales que representaron los pronunciamientos de la Corte Constitucional que aseguraron una variedad de derechos de familia para las parejas del mismo sexo, incluidos el matrimonio y la adopción, así como la protección de estudiantes LGBTIQ+ en las escuelas. Sin embargo, hacia el final del año, hubo otro evento excepcional. En un esfuerzo por terminar con décadas de un conflicto armado brutal, el país andino sometió a plebiscito un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En una situación inesperada, una mayoría estrecha del 50,2 % rechazó el acuerdo tras una campaña tensa y polarizada.

Un tema clave que movilizó al electorado que votó por el “no” fue el pánico moral generado por la incorporación de disposiciones relacionadas con género, derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en el acuerdo de paz, incluida una definición de género y el reconocimiento expreso de estas poblaciones como víctimas del conflicto armado. Diversos grupos extremistas repudiaron estas disposiciones y alegaron que imponían una “ideología de género”, sacando partido de la controversia que poco antes había causado la educación sobre género y sexualidad en las escuelas.

Tras el suicidio de un estudiante queer que había sufrido graves actos de acoso y discriminación en la escuela, la Corte Constitucional ordenó al gobierno implementar una ley vigente en la cual se precisan las medidas para proteger a estudiantes LGBTIQ+ frente a discriminación y reconocer la diversidad en la orientación sexual e identidad de género como un principio de la educación sexual integral. Organizaciones conservadoras atacaron la decisión y sostuvieron que imponía una “ideología de género” a la niñez, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde el destino de la paz de Colombia se confundió con el de las personas LGBTIQ+.

Muchos colombianos se plegaron al razonamiento de las organizaciones conservadoras y equipararon el acuerdo de paz con la decisión de la Corte sobre la política educativa, al creer que el acuerdo de paz por sí mismo promovía la “ideología de género” a través de disposiciones inclusivas sobre género y personas LGBTIQ+. Una vez más, las redes sociales —esta vez, en combinación con las urnas— fueron el ámbito para esta movilización. Hubo actores políticos que difundieron falsedades aberrantes sobre el acuerdo de paz en las redes sociales, como en WhatsApp, Facebook y Twitter, lo cual tuvo fuerte impacto en la percepción pública del plebiscito. Varios actores políticos promovieron la idea de que si se aprobaba el acuerdo de paz, la “ideología de género” se incluiría en la Constitución y la sociedad sería “homosexualizada”.

Esta yuxtaposición entre triunfo en los tribunales y movilización de la animosidad hacia las personas LGBTIQ+ en las calles me ha llevado a preguntarme sobre la eficacia de emplear la reforma legal como estrategia principal para promover los derechos de las personas LGBTIQ+. A seis años de que se rechazara el acuerdo de paz a través del plebiscito, puedo apreciar que lo que ocurrió en Colombia no fue un incidente aislado, sino que ahora forma parte integral de una nueva estrategia autoritaria que manipula las instituciones democráticas con el propósito de socavar los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.

Los movimientos contra los derechos de personas LGBTIQ+ formulan estrategias nacionales, regionales y globales que se apoyan en el autoritarismo político, la propagación de desinformación y la movilización comunitaria. Un aspecto retórico importante de los movimientos antigénero es el uso del lenguaje de derechos humanos para menoscabar los derechos de las personas LGBTIQ+, por ejemplo, apelando a la libertad religiosa o los derechos parentales como fundamento para atacar los derechos de minorías. Esta estrategia de homofobia política representa la mayor amenaza a los derechos de las personas LGBTIQ+ a nivel global.

En muchas partes del mundo, y como nunca antes, el reconocimiento legal de los derechos de las personas LGBTIQ+ está ganando terreno de forma muy acelerado, en general propiciados por instituciones democráticas como funcionarios electos o jueces independientes. Un hito es la progresiva despenalización de conductas entre personas del mismo sexo y otro es la ampliación del matrimonio igualitario. Sin embargo, esta evolución jurídica convive con amenazas como las que se vieron en Colombia. Hay grupos altamente organizados que se movilizan en función de temores abstractos e infundados, articulan programas conservadores enmarcados en la “ideología de género”, que supuestamente atenta contra la familia y corrompe a la niñez, y de este modo capitalizan elecciones polarizadas, reformas constitucionales o crisis institucionales.

A su vez, estos actores suelen estar alineados con proyectos políticos autoritarios que emplean las redes sociales para propagar desinformación y campañas de desprestigio. Instrumentalizan los temores relacionados con la niñez y su bienestar para cosechar apoyo popular, apelando a estereotipos enquistados y peligrosos sobre las personas LGBTIQ+ como carentes de moral y corruptores de la niñez. En algunos contextos, estas acciones contribuyen a dar paso a leyes contra las personas LGBTIQ+ y, al mismo tiempo, generan beneficios políticos para líderes autoritarios.

Esta nueva forma de desprecio hacia las personas LGBTIQ+ se plasma en leyes que censuran las expresiones públicas de identidad, como las expresiones sobre orientación sexual e identidad de género, bajo el pretexto de “proteger a los niños”. La “ley sobre propaganda gay” que existe en Rusia es un ejemplo típico de homofobia política que avasalla los derechos de las personas jóvenes LGBTIQ+ y tiene un efecto más general y amedrentador en la expresión pública de la identidad de género.

En los últimos años, Hungría promulgó leyes que prohíben los debates sobre cuestiones LGBTIQ+, puso fin al reconocimiento legal del género de las personas transgénero e intersexuales y reformó la constitución para definir al matrimonio como la unión heterosexual y, en la práctica, prohibir la adopción por parejas del mismo sexo. Para justificar su retórica homofóbica, el gobierno organizó un referéndum homofóbico simultáneamente con la celebración de elecciones nacionales en abril. El referéndum fue declarado inválido debido a que la sociedad civil alentó a la ciudadanía a emitir votos nulos ante esta acción de las organizaciones que se oponían; el Comité Nacional Electoral multó a algunas organizaciones por oponerse al referéndum.

Polonia, y más recientemente Rumania, han dado pasos para adoptar leyes similares. Un proyecto legislativo en el parlamento de Ghana, que prohíbe cualquier forma de apoyo o expresiones en relación con derechos de las personas LGBTIQ+, también discrimina a estas personas.

En las Américas, cada vez hay más proyectos legislativos contra las personas LGBTIQ+. Por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos cinco años hubo una avalancha de leyes dirigidas principalmente contra la juventud trans y no binaria en estados como Texas, Oklahoma y Dakota del Sur. En Brasil, Human Rights Watch analizó 217 proyectos y leyes que limitan la educación integral en sexualidad, incluida la información sobre orientación sexual e identidad de género, o prohíben el supuesto “adoctrinamiento”. Legisladores de Guatemala y Perú han presentado proyectos con disposiciones similares, si bien en Guatemala el proyecto se retiró.

La lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ debería entenderse como parte de un esfuerzo mayor contra el autoritarismo: un régimen político fundado en la erosión de los derechos humanos y las libertades, particularmente de los grupos más vulnerables. Deberíamos poner mayor empeño en entender las tácticas que emplean los grupos que promueven el autoritarismo, sobre todo en las redes sociales. A su vez, deberíamos formular recomendaciones y estrategias para terminar con el uso indebido de las redes sociales y exigir que las empresas de tecnología respondan por permitir la propagación y amplificación de mensajes intolerantes y dañinos.

Por último, las acciones legales que se impulsen y los avances que se consigan deberían seguir fortaleciendo la movilización comunitaria de las personas LGBTIQ+ y nuestros aliados. En la situación actual, el derecho sin movilización social que lo respalde es vulnerable al retroceso autoritario.

*Mauricio Albarracín-Caballero es subdirector de derechos de las personas LGBT de Human Rights Watch @malbarracin

Este artículo fue publicado previamente en inglés en The Advocate, How Targeting LGBTQ+ Rights Is Part of the Authoritarian Playbook.

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