El Gobierno de Duque pide anular el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24

El Ministerio de Justicia le ha pedido a la Corte Constitucional que atienda las solicitudes de ciudadanos que buscan tumbar la sentencia C-055, el histórico fallo que despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 24. El documento del despacho de Gobierno fue enviado al tribunal a inicios de la semana, pero se ha dado a conocer este viernes, cuando el aborto es noticia, tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogó este derecho.

En febrero pasado, Colombia dio un paso que parecía imposible de no haber sido por el trabajo de Causa Justa, el movimiento que logró reunir a mujeres y organizaciones de diferentes partes del país. Los magistrados de la Corte Constitucional resolvieron una demanda interpuesta por esta organización y legalizaron la práctica, que estaba penada con cárcel. Unas 400 mujeres eran procesadas judicialmente cada año por decidir sobre sus cuerpos y miles se veían obligadas a acudir a clínicas ilegales y arriesgar la vida.

La sentencia de la Corte fue celebrada por mujeres de aquí y de afuera. El país se sumó a una ola a favor de los derechos reproductivos que ha tocado a varios países de Latinoamérica. Colombia fue reconocido como un ejemplo por conseguir ese fallo con argumentos médicos y con una extraordinaria solidez. Pero el Gobierno de Iván Duque ha rechazado la decisión desde que se conoció. “La Corte nos requirió para un concepto que procedimos a entregar, el cual se emitió en el mismo sentido que el escrito que se envió cuando fue presentada la demandada inicial de despenalización del aborto”, trataron de aclarar desde el Ministerio de Justicia. Lo que quieren decir es que, aunque no fue el Gobierno el que pidió anular el fallo, sí apoya las peticiones de nulidad presentadas por otros.

La interrupción voluntaria del embarazo estaba permitida en Colombia solo bajo tres causales (riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, o malformación que hace inviable la vida fuera del útero). Pero era muy difícil su acceso. Sobre todo para las mujeres más empobrecidas, algunas sin la posibilidad de ir a un hospital. Aunque la Corte, en su decisión, argumentó extensamente sus razones, el tribunal ha recibido una veintena de peticiones para que se revise y se anule. Pero no es tan fácil que esto ocurra. Las sentencias de este tribunal no tienen apelación y solo si existiera una grave irregularidad podría tumbarse. Las expertas opinan que este no es el caso. Mariana Ardila, abogada de Womenslink, dice que en 30 años de la Corte Constitucional se pueden contar con los dedos de las manos los fallos que han sido anulados. “Estos son definitivos y no se puede usar la nulidad como si fuera una segunda instancia. Cuando se sabe que no existen grandes errores de procedimiento, las posibilidades de que prospere son casi nulas”, explica Ardila por teléfono.

El Ministerio de Justicia argumenta que la Corte ya se había pronunciado sobre “cosa juzgada constitucionalmente”; es decir, que el mismo tribunal ya había tomado, en 2006, una decisión frente a este tema cuando aprobó las tres causales. “Es lamentable que el Gobierno nacional decida utilizar su tiempo y sus esfuerzos para apoyar una solicitud que es completamente improcedente”, reclama Ardila.

El Gobierno respalda, entre otras, la solicitud de la Universidad de la Sabana que cuestiona si era necesario volverse a referir a este tema, cuando lo había hecho en 2006, y señala que la aclaración de voto del conjuez Julio Ossa evidencia que no estuvo de acuerdo con la decisión que dio lugar a la sentencia. Pone en duda la votación. Pero Ardila y otras abogadas ya han explicado que, independientemente de las posturas que haya sostenido ese conjuez durante el debate en Sala Plena, se decantó por votar a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24, conservando también las causales de la C-355 [la sentencia anterior].

“En su aclaración de voto, Ossa explica expresamente su ‘decisión de apoyar la decisión mayoritaria’ por ‘la imposibilidad de acompañar a quienes pretendían mantener la norma en su redacción actual”, escribía Ardila en un texto titulado Sin asomo de nulidad. “De haberse malinterpretado su voto en el comunicado, a pesar de la vasta experiencia de la Secretaria General de la Corte y del mismo conjuez Ossa en estos asuntos, ya lo sabríamos”, apunta la abogada. Desde que se despenalizó el aborto, las activistas y abogadas han tenido que explicar una y otra vez que no hay motivos para tumbar la sentencia de la Corte.

Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, insiste en que nulidades a decisiones de la Corte proceden solo en casos de graves violaciones al debido proceso. “En este caso no existe ninguna, fueron escuchadas todas las partes, recusaciones de grupos opositores fueron resueltas, tanto así, que hasta se recusó a uno de los magistrados”. En Twitter, mientras trataba de explicar los alcances de la anulación de Roe v Wade, Martínez también se refería a la situación en Colombia. “Lo que pasa en EE UU está siendo instrumentalizado por el Gobierno [colombiano] para desconocer una decisión de la Corte, vulnerar la división de poderes y debilitar la democracia”.

Ardila acompaña esta idea: “No me sorprende la actuación de este Gobierno, que durante todo el proceso en la Corte emitió conceptos con la intención de que no se avanzara. Esto es parecido, pero más radicalizado, porque una cosa es querer que no se avance, pero otra, más extrema, es pedir una nulidad sin fundamento jurídico”.

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