El entramado de corrupción que enreda al senador Mario Castaño

No todos los cabecillas de bandas criminales se ven igual. Algunos visten de traje y corbata y caminan rodeados de guardaespaldas. Según la Corte Suprema de Justicia, el senador del Partido Liberal Mario Castaño es uno de ellos. La tarde del martes fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a la salida del Congreso como presunto cabecilla de una organización criminal por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. El congresista, que fue reelegido para el periodo legislativo que se instalará el próximo 20 julio, permanece bajo vigilancia policial en el búnker de la Fiscalía a la espera de la primera audiencia, tras la legalización de su detención este miércoles.

Mario Castaño (50 años, Manizales) es contador de profesión, con posgrado en gerencia financiera y magíster en administración. Ha sido docente, ha trabajado en el sector privado y desde hace 23 años ha estado en el sector público, donde ha ocupado importantes cargos en la Gobernación de Caldas, y hoy está bajo la mira de las autoridades por presuntamente haber liderado un entramado de corrupción que involucra a más de 70 personas. La Fiscalía y la Corte Suprema lo señalan de haber actuado como lobista de particulares para facilitarles contratos en cuatro departamentos del país. Según las investigaciones, Castaño pedía un porcentaje por cada proyecto que ayudaba a asignar.

Sus actos delictivos quedaron registrados en las conversaciones en las que pedía una tajada por cada contrato que gestionaba. Las interceptaciones, que fueron recogidas legalmente ante las sospechas alrededor de su nombre, dan cuenta de un modus operandi que le permitió embolsillarse millonarias sumas de dinero. Castaño habría desfalcado al Estado desde 2018, cuando fue elegido Senador por primera vez después haber ocupado una curul en la Cámara de Representantes, donde estuvo en el periodo 2014-2018. Hasta ahora, han sido capturadas diez personas por participar en la misma red, pero será su testimonio la pieza definitiva para armar el rompecabezas que negoció con obras sociales en varias regiones de Colombia.

La Corte Suprema actuó en su contra a partir de las pruebas de la Fiscalía, que no tiene potestad para juzgarlo por ser un senador de la República. El proceso aterrizó en los despachos de la Sala de Instrucción del alto tribunal en pasado 4 de marzo, cuando varios medios locales ya empezaban a publicar el entramado de corrupción que lideraba. Castaño, que desde 2014, alzaba las banderas del Partido Liberal, se involucró de forma indebida, según la justicia, en al menos cuatro proyectos de interés social. Uno de estos es Sacúdete al Parque, un plan del Ministerio del Interior para la inclusión de niños y jóvenes de zonas marginadas a través de escenarios deportivos con infraestructuras modernas que buscan mejorar los entornos violentos y marginados. Para la construcción de estos espacios, de los que ya se han puesto en marcha en diferentes zonas del país, se han abierto licitaciones públicas con un solo oferente, en los que casi que a dedo se eligen a los contratistas y en los que, como lo demostraría el caso de Castaño, han intervenido personas cercanas a alcaldes o políticos para delegar su gestión a una persona o grupo en particular a cambio de coimas.

El nombre del senador también aparece en proyectos de construcción de canchas sintéticas y plazas deportivas liderados por ministerio del Deporte, proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la construcción de vías terciarias, con recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Todas son obras en las que los beneficiarios son poblaciones marginadas o alejadas a la capital del país, en las que terminaron beneficiándose figuras políticas con los dineros que exigían para direccionar los contratos.

Castaño ha guardado silencio ante los graves señalamientos en su contra, pero su abogado, Aristidez Betancurt, ha asegurado a Caracol Radio que tiene cómo demostrar la inocencia del Senador. “Dame las pruebas y os daré el derecho. Las pruebas que tiene la Fiscalía, las asimila como si fueran verdaderas y las que tiene la defensa son propiamente técnicas. Yo respeto lo que diga la Fiscalía y la Corte, pero debemos realizar el debate jurídico en el momento oportuno”, declaró el abogado este miércoles. Sin embargo, la Corte ha dicho que las pruebas que tiene en su poder, que son más que las grabaciones, son suficientes para haber prescindido de la fase preliminar (investigación previa) y haber decidido actuar directamente con una investigación formal para que rinda indagatoria.

Las interceptaciones, según han revelado medios nacionales como EL TIEMPO y la Revista Semana, darían cuenta de propia voz del senador Castaño de cómo interfería en la competencia de alcaldes locales para obtener dineros públicos, entre otras acciones ilegales. Castaño tenía un lugar de poder en el Congreso que habría aprovechado para comandar la red de la que se acusa ser el líder. Entre 2019 y 2020 hizo parte de la Comisión Cuarta del Senado, en la que se tramitan las leyes orgánicas del presupuesto. También, como lo recuerda Semana, fue coordinador ponente del presupuesto de la Nación para 2022. “El senador de las regiones”, como se hacía llamar, usó, según las autoridades, su cargo como congresista para llevar a cabo actos delictivos. Martínez, según el expediente al que tuvo acceso en exclusiva la misma publicación, “era el principal responsable de mantener comunicación con mandatarios, funcionarios públicos y contratistas para asegurar el éxito de la empresa criminal en el direccionamiento de contratos”.

La captura del senador en el corazón del poder en Colombia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y en plena época electoral, ha despertado el fantasma de la corrupción. Según la encuesta de 40dB para EL PAÍS América del pasado 8 de mayo, el 80% de los colombianos considera que es el mayor problema del país.

Castaño logró una de las votaciones más altas de su partido, que lo suspendió mientras avanza el proceso y evalúa su expulsión. Lo que pase con la curul que se aseguró en las elecciones de marzo sigue siendo una incógnita. Según la ley, no podrán tomar posesión de su cargo los congresistas que hayan sido condenados por sentencia judicial a penas privativas de la libertad. Dependerá entonces de la Corte Suprema que deberá notificar, si así lo encuentra, de la medida de aseguramiento en su contra para saber en qué termina la historia de un senador desconocido hasta ahora para la mayoría de colombianos, pero famoso, según la Fiscalía, como un lobista que direccionaba contratos para su beneficio.

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