Las 15 toneladas de papel que ocultan el botín de Granados

El pasado 16 de mayo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron a la nave del Polígono Industrial de Valgrande, en Alcobendas (Madrid) que sirve de sede a la empresa de almacenaje Iron Mountain España SA. Iban con un mandamiento de registro firmado por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, para requisar toda la documentación que custodiase dicha compañía sobre los 22 consorcios urbanísticos y las obras del Plan Prisma de la empresa pública Arpegio, de cuyos millonarios fondos se sospecha que el presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, obtuvo la mayor parte de su botín. Sin embargo, aquel día los agentes se volvieron con la manos vacías, pero no porque no encontraran lo que buscaban, sino porque el volumen en papel de aquella información era de tal magnitud que su traslado a dependencias policiales era, literalmente, imposible.

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Así lo recogen diversos documentos incorporados al sumario y a los que ha tenido acceso EL PAÍS, entre ellos dos cartas remitidas por los responsables de la empresa contratada por el Ejecutivo regional de guardar esta documentación. En la primera de estas misivas, remitida un día después del registro, se detallaba que toda ocupaba 1.164 cajas de tamaño A5 con un peso total de aproximaba a las 15 toneladas. Los responsables de la mercantil apuntaban que "para su mejor organización" y consulta, se necesitaría una superficie "de unos 200 metros cuadrados de fácil acceso y lo suficientemente diáfana para poder maniobrar con los palets por ella". Solo su traslado a otro lugar llevaría "lo menos" dos semanas y costaría 9.000 euros, más impuestos, añadía la carta.

Con estas cifras, la Guardia Civil dio instrucciones para que no se remitiera a sus instalaciones esa documentación. Además, la investigación de esta parte del sumario corre a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda). Desde el juzgado también comunicaron a Iron Mountain que tampoco se enviara a la Audiencia Nacional. La empresa propuso entonces "facilitar" a los responsables de las pesquisas "una sala" en el centro de custodia que Iron Mountain tiene en el Polígono La Olvera, de Ribatejada (Madrid), donde se encuentran físicamente las 1.164 cajas, y que la Audiencia Nacional enviara allí "su propia fotocopiadora" para poder hacer copia de la documentación que considerara relevante para la causa. Eso sí, siempre en presencia de una persona de la compañía para cumplir, recalcaban, con "las altas medidas de seguridad" que esta asegura aplicar para garantizar la confidencialidad de sus clientes.

La respuesta de la Audiencia Nacional no se hizo esperar. El mismo día que llegaba la misiva, desde el juzgado se daban órdenes por fax a Iron Mountain para que las 15 toneladas de información en papel permanecieran en sus almacenes a disposición de los investigadores y que a partir de ese momento no se permitiera "el acceso a dicha documentación a persona ajena a este juzgado". También solicitaba a la Fiscalía Anticorrupción que "a la mayor urgencia posible" indicase al juez instructor "cómo llevar a efecto el examen de la documentación". La empresa se daba poco después por enterada, aunque también comunicaba que cualquier "servicio en relación con dichas cajas", se lo facturaría "abiertamente al cliente", en referencia a la Comunidad de Madrid.

Entre esa documentación, los investigadores esperan encontrar, no solo pruebas sobre los supuestos amaños que permitieron presuntamente a Granados enriquecerse, sino también datos sobre la supuesta financiación de PP, PSOE e IU. En un escrito de Anticorrupción, desvelado el pasado 2 de junio por EL PAÍS, se destacaba que al saltar de la Consejería de Transporte a la de Presidencia en 2004, Granados estableció en su departamento una estructura "a la carta" para poder controlar, entre otros, los fondos del plan de inversiones públicas Prisma que gestionaba la empresa pública del suelo, Arpegio, y la venta de suelo que se realizaba a través de los consorcios urbanísticos.

En total, 3.000 millones de euros bajo su control. "Esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiarios de las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público", destacaba aquel escrito de la fiscalía. Un "botín", como lo calificaba Anticorrupción, del que supuestamente se beneficiaron "todos los participantes en los hechos", incluidos ediles de los tres principales partidos de la región -PP, PSOE e IU- de los ayuntamientos donde estaban los consorcios urbanísticos.