Una juez pide investigar al director de la cárcel de Murcia por el suicidio de un preso

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitencia de Murcia, María del Carmen Orenes, ha dictado un auto por el que deduce testimonio a los juzgados de Instrucción de la localidad de Mula para que investigue la actuación del director del Centro Penitenciario Campos del Río (Murcia II), Felipe José B. F., en los hechos que desembocaron en el suicidio, el pasado 7 de febrero, de un recluso. La decisión de la magistrada se produce después de que una veintena de internos denunciase ante ella que el máximo responsable de la cárcel no había puesto los “medios necesarios” para evitar el ahorcamiento de su compañero Miguel Cabrera Castilla. El sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP, también había presentado una denuncia en el mismo sentido ante la Fiscalía, que ha apoyado la decisión de la juez.

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El cadáver del preso fue descubierto aquel día por los funcionarios de la cárcel, poco después de las siete de la tarde, en su celda del módulo de aislamiento de la prisión murciana cuando acudieron a llevarle la cena. El recluso había sido trasladado a dicho departamento seis días antes a petición propia ya que temía por su integridad tras haber recibido amenazas de otro interno por “deudas de heroína”, según recogía el escrito que él mismo había remitido para ello. Un día después presentó un segundo, en este caso para ser reintegrado a un módulo ordinario, pero éste nunca fue respondido, por lo que permaneció recluido en una celda individual. El 7 de febrero se ahorcó.

Tras tomar declaración a seis internos y dos funcionarios de la cárcel, y recabar numerosa documentación de la dirección de centro penitenciario, la juez de Vigilancia Penitenciaria de Murcia considera ahora que se produjeron numerosas irregularidades tanto en el traslado de Miguel Cabrera al módulo de aislamiento como en la decisión de no atender su posterior petición de salir del mismo. En su auto, la magistrada recalca que el director de la cárcel, el único que tenía capacidad para autorizar el traslado, adoptó esta decisión “sin recabar previamente informe médico ni psicológico” sobre el recluso, que tampoco fue visitado por el doctor, ni el psicólogo ni el educador del centro durante los días que estuvo en el módulo de aislamiento como determina una instrucción de Instituciones Penitenciarias de 2014.

La juez destaca que el director del centro “omitió” este protocolo de actuación a pesar de que sabía que Miguel Cabrera había estado incluido el año anterior en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS) tras haber protagonizado un intento de suicidio por ahorcamiento el 19 de abril de 2016 que obligó a su ingreso en la UCI de un hospital local, y que el día antes de su traslado a aislamiento se había provocado cinco heridas con una cuchilla. En el auto, la magistrada se pregunta por qué, con estos antecedentes, el responsable de la cárcel no barajó “la posibilidad de otros medios más benignos” al ingreso en aislamiento, “como el cambio del módulo”. También le recrimina por no haber dado respuesta a la segunda petición del interno, aquella en la que pedía salir del aislamiento.

Por todo ello, la juez decide, en la misma línea de la Fiscalía, deducir testimonio de estos hechos al Juzgado de Instrucción Decano de Mula al considerar que estos hechos pudieran tener “responsabilidad penal”. También ordena remitir una copia del auto a la Secretaría General de Instituciones Penitencias que dirige Ángel Yuste “a fin de que se adopten, en su caso, las medidas que procedan”. El sindicato ACAIP ha solicitado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que cese de inmediato del director de la cárcel ante lo que considera “un hecho inédito en el medio penitenciario”. El presidente del sindicato, José Ramón López, considera que “no podemos permitir que se encuentre al frente de un centro un director que está siendo investigado por estos hechos y cuya supuesta negligencia ha podido costar la vida de una persona”. Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen "tener conocimiento" de la decisión de la juez y aseguran que se ha abierto una "actuación interna que está paralizada hasta que el caso se resuelva judicialmente".