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La libre circulación de trabajadores es “es el elemento más relevante de la negociación”. “A España le interesa mantener las condiciones de libre circulación”, apunta el informe interno del Gobierno destinado a la comisión, pese a que Madrid admite que Theresa May pretende frenar la entrada de migrantes aun a costa de perder el acceso al mercado único. Por ahí vienen curvas. Y España ofrece medidas paliativas incluso antes de empezar: al Gobierno “le interesa mantener, en la medida de lo posible”, la oferta que hicieron a Londres los jefes de Estado y de Gobierno en febrero de 2016, que incluía un freno de emergencia para limitar los derechos de los trabajadores inmigrantes. Esa oferta caducó tras el referéndum, pero España es partidaria de volver a ponerla sobre la mesa.

Los efectos del Brexit para los trabajadores desplazados son notables. “La mejor opción es que continúe aplicándose el reglamento sobre coordinación de sistemas de Seguridad Social”. Si esto no fuera posible, “debería suscribirse un acuerdo bilateral”, según España. Madrid ofrece un ramillete de datos oficiales para sustentar esa tesis: hay 102.498 españoles en edad laboral en Reino Unido, con más de 72.000 dados de alta en la Seguridad Social y una edad media de 40 años. Hay 286.000 británicos en España: 172.000 en edad laboral y 44.000 cotizando, con una edad media de 52 años. A esas cifras se suman 105.000 pensionistas, con un gasto sanitario anual de unos 250 millones. Más de 10.000 británicos perciben prestaciones en España; 4.260 españoles reciben subsidios en Reino Unido. Todo eso hace que Londres necesite tanto o más que España un acuerdo que no levante ampollas.

Las normas europeas permiten que quien trabaja en otro país de la UE no pierda el tiempo cotizado. Si un español pasa cinco años cotizando en Londres y tiene 14 cotizados en España, los cinco que acredite en suelo británico son vitales para una pensión contributiva, que precisa de, al menos, 15 años de afiliación. La UE garantiza la atención sanitaria de turistas europeos o de residentes jubilados: la compensación económica se efectúa después, entre los Estados sin que el ciudadano tenga que adelantar el dinero. Si ese marco legal desaparece, la firma de un convenio bilateral, como el que existía hace ya más de 30 años, se antoja capital.