Fernández Díaz se siente víctima de un delito de grabación ilegal
El Congreso confirma la imposibilidad de que el ministro comparezca ante la Diputación CDC se querellará en el Supremo contra el ministro en funciones
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, aseguró este martes en el Congreso que se siente víctima de “un delito continuado de grabación ilegal” por la difusión de su conversación, en su despacho, con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Convergencia anunció ayer que presentará una querella contra él ante el Tribunal Supremo. Y la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ratificó la imposibilidad legal de hacerle comparecer en el Parlamento para que dé explicaciones.
Las grabaciones de la reunión de Fernández Díaz con el director de Oficina Antifraude de Cataluña llegarán al Tribunal Supremo. Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) anunció su intención de presentar una querella contra él por varios delitos, entre ellos, “calumnias, injurias, revelación de secretos y atentado contra la autoridad de Cataluña”.
Este martes, el ministro del Interior en funciones aseguró que su departamento está analizando —en función de cómo avance la investigación— si cabe la posibilidad de emprender “acciones penales” por la difusión “delictiva” de las grabaciones. “Estamos estudiando la posibilidad de emprender acciones penales porque lo que se está produciendo es un delito, pero ya saben ustedes que cuando pueden estar en concurrencia dos derechos fundamentales como la libertad de información y de expresión con otros delitos como la difusión de grabaciones ilegales, esa concurrencia hay que estudiarla”.
Fernández Díaz intentó presentarse como víctima por haber sido sometido a espionaje y rechazó la posibilidad de dimitir, en declaraciones a su llegada al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. “¿Graban al ministro en una conversación privada, la difunden de forma delictiva y tiene que dimitir el que es víctima de la conspiración?”, preguntó retóricamente. Todos los partidos, salvo el PP, pidieron la pasada semana su dimisión.
La pasada semana, el diario digital Público difundió las grabaciones en las que el ministro se interesaba por casos que podrían afectar a partidos soberanistas catalanes. Fernández Díaz explicó que era una reunión de trabajo para “facilitar auxilio” a la Oficina Antifraude y para conocer el estado de sus investigaciones. “No se habla de fabricar pruebas”, ha añadido, sorprendido de que haya polémica “sobre las cloacas del Estado” y no sobre la grabación y difusión de la reunión.
En su opinión, hay “un delito continuado de difusión de grabaciones ilegales” del que se siente víctima y sin especificar quiénes serían los responsables. En teoría, hay una investigación policial abierta que no ha sido judicializada. Fernández aseguró ayer que se podrían pedir explicaciones a quienes están cometiendo “un delito continuado de difusión de una grabación ilegal”, no a él, que es la “víctima”.
El ministro del Interior considera que hablar de “conspiraciones” para perseguir a rivales políticos es “el mundo al revés”.
Sin comparecencia
La lista que encabezaba Fernández Díaz en el PP de Barcelona ganó un escaño respecto a diciembre. No ha tenido que comparecer en el Congreso para dar explicaciones porque al estar disueltas las Cámaras por las elecciones no es posible el control al Gobierno en funciones. Ayer mismo, la Mesa de la Diputación Permanente confirmó la imposibilidad de que el ministro en funciones comparezca en el Congreso, como pidieron Podemos, Democràcia i Llibertat y ERC.
La Mesa confirmó que es imposible legalmente que se produzca esa comparecencia mientras las Cámaras están disueltas. Hay precedentes lejanos de comparecencia, como en 1982, cuando acudió voluntariamente el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, para informar de un intento de golpe de Estado. Una sentencia del Tribunal Constitucional ratificó en su momento la imposibilidad de que la Diputación Permanente ejerza control al Gobierno en periodo electoral. Esa doctrina es asumida por los letrados del Congreso y así lo trasladan a la Mesa para que no tramiten la petición de comparecencia.
Ignacio Prendes, representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente, anunció su voluntad de pedir que Fernández Díaz comparezca cuando se constituya el nuevo Congreso. Eso ocurrirá el 19 de julio y, si hay Gobierno poco después, será imposible que comparezca si no repite como ministro.
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